Con la promesa de terminar con casi un siglo de financiamiento del déficit vía emisión, el presidente Javier Milei presentó un paquete de reformas estructurales que combina una modificación de fondo a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con la creación de un mecanismo que calificó de inédito, bautizado “grillete fiscal”, destinado a impedir que el Estado vuelva a sostenerse con presupuestos deficitarios.
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Qué significa la reforma del BCRA que anunció Javier Milei
Javier Milei propone reformar el Banco Central y crear un “grillete fiscal” para impedir la emisión, el déficit y sancionar a funcionarios y legisladores.
El proyecto, elaborado en conjunto por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y el directorio de la entidad monetaria, será presentado por cadena nacional antes de su envío al Congreso, previsto para los próximos días. El objetivo del nuevo esquema propuesto por el presidente parece ser consolidar en el tiempo el modelo económico que viene llevando adelante el gobierno libertario, intentando crear un Banco Central al modelo peruano.
El diagnóstico oficial no admite matices. Según los cálculos propios que Milei expuso en su discurso, desde la creación del Banco Central en 1935, la inflación acumulada trepó a 12.819.532.788.614.400.000 por ciento, un número de veinte dígitos que el mandatario utilizó para graficar “lo que ha robado la alta política a los argentinos de bien”. Solo en lo que va del siglo XXI, agregó, el índice de precios subió 168.580 por ciento.
Una única misión para el Central
El eje de la reforma prevé que el Banco Central tendrá un objetivo único e innegociable, preservar el valor de la moneda, bajo la premisa de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Para eso, la norma prohibirá de manera taxativa cualquier forma de asistencia al Tesoro nacional, a las provincias y a los municipios, incluida la compra de títulos públicos en el mercado primario y el uso de letras intransferibles, que quedarán eliminadas definitivamente.
El lenguaje elegido por el Presidente para describir esa prohibición no dejó lugar a dudas. Captar señoreaje (ganancia o beneficio económico que obtiene el Estado o el banco central al emitir y poner en circulación dinero, calculada como la diferencia entre el valor nominal de la moneda y su costo de fabricación), dijo, no es otra cosa que “una falsificación de dinero”, y quienes lo hagan pasarán a integrar, según su descripción, “una asociación ilícita conformada por el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación y la cúpula del Banco Central”. Las sanciones penales proyectadas alcanzarían al presidente y al directorio de la entidad, a los funcionarios del Ejecutivo y también a los legisladores que aprueben presupuestos con déficit financiado por emisión.
A primera vista, esta idea presidencial es, por lo menos, inconstitucional, ya que viola claramente la independencia de poderes y, sobre todo, la del Congreso de la Nación y sus integrantes.
El antecedente de la reforma de 2012
El antecedente que el Gobierno tiene en la mira es la reforma de 2012, sancionada durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con Mercedes Marcó del Pont al frente del Central (a quienes el presidente atacó con nombre y apellido durante la cadena nacional), que había ampliado el mandato de la entidad hacia objetivos de desarrollo económico y equidad social y flexibilizado los adelantos transitorios al Tesoro. Milei fue más lejos: acusó a la expresidenta y a Marcó del Pont de haber sustraído 10.000 millones de dólares de las reservas en 2010, a través del Fondo del Bicentenario, una cifra que hoy equivaldría a 15.000 millones. “A partir de dicha estafa y para esquivar las consecuencias legales de la misma, en 2012 se creó una nueva Carta Orgánica del Banco Central que permitía emitir bajo cualquier pretexto”, sostuvo.
Para blindar el esquema frente a futuras administraciones, el presidente adelantó que la iniciativa exigirá una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para remover a las autoridades del BCRA y reforzará la manda constitucional, hoy sistemáticamente ignorada, de que el titular del organismo sea designado con acuerdo del Senado. Se sumarán, además, límites contables al giro de utilidades mediante una reserva técnica no distribuible.
El costo político del ajuste
El segundo pilar de la reforma es el “grillete fiscal”, una regla permanente que busca evitar el regreso a presupuestos desequilibrados. Si las cuentas públicas acumulan rojo durante meses consecutivos y el Congreso no actúa en un plazo determinado para restablecer el equilibrio, se activará un “shutdown”: se congelarán las contrataciones, no se adjudicarán obras nuevas y se cortarán las transferencias discrecionales a las provincias.
El dato de mayor impacto político recae sobre la dirigencia: mientras el mecanismo esté activo, se suspenderá el pago de sueldos al presidente, al vicepresidente, a legisladores, ministros, secretarios y subsecretarios. “Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente”, remarcó Milei, reavivando el viejo mito de que los sueldos de funcionarios y legisladores se llevan una parte importante del PBI o el presupuesto anual. Jubilaciones, pensiones, asignaciones universales, seguro de desempleo, salud, seguridad y defensa nacional quedarán exceptuados.
La pérdida de instrumentos ante emergencias
La contracara de este esquema es la pérdida de instrumentos que el Central utilizó históricamente frente a emergencias, como ocurrió durante la pandemia, cuando el país recurrió a la emisión ante la falta de acceso al crédito. Sin esa válvula, el Gobierno quedaría sin prestamista de última instancia, en un esquema que se aparta del mandato dual de bancos centrales como la Reserva Federal estadounidense, que además de contener la inflación atiende el nivel de empleo.
Mercado de capitales y sector asegurador
El paquete se completa con medidas que, prometió, lograrán reactivar el mercado de capitales y el sector asegurador, con la autorización para emitir bonos corporativos en distintas monedas y una desregulación amplia del diseño de pólizas que, según expresó, podrían cubrir también obligaciones del Estado. Además, adelantó que, de aprobarse su proyecto, las aseguradoras podrán ofrecer productos sin tener autorización del ente regulador y sin control. Un ítem que seguramente traerá una fuerte polémica legislativa y social.
La discusión, de todos modos, recién empieza: el oficialismo deberá convencer a un Congreso con historial de expandir el gasto de que se coloque, por ley, las mismas ataduras que hoy le exige desde la Casa Rosada.