El Presupuesto 2027 propone eliminar el nomenclador de discapacidad y mantiene beneficios fiscales, con el superávit fiscal como prioridad central del Gobierno.
El Presupuesto 2027 reaviva la polemica por el desfinaciamiento del sistema de cobertura a las personas con discapacidad
La presentación del Presupuesto 2027, que llegó ayer al Congreso por la mesa de entradas de Diputados, vuelve a exhibir la columna vertebral del programa económico que ejecutan Javier Milei y Luis Caputo: la intangibilidad del superávit financiero como corazón de la gestión. Sin embargo, más allá de las metas macroeconómicas y los anuncios oficiales, la trampa del proyecto se esconde en su letra chica, donde queda reflejado el ajuste como única política de Estado.
Los prestadores del sector de discapacidad amanecieron encendiendo las alarmas al detectar que la propuesta presupuestaria contempla la eliminación del nomenclador único, el régimen oficial que establece los aranceles de las prestaciones y garantiza la cobertura en todo el sistema de salud, un sueño del Gobierno desde su primer día y que hasta ahora había encontrado un obstáculo en la calle y el propio Congreso con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La medida vuelve a colocar al universo de la discapacidad en el centro del recorte estatal, dentro de un diseño fiscal que prioriza el equilibrio financiero mientras posterga las garantías sociales.
El régimen de nomenclador arancelario ha funcionado históricamente como la garantía mínima para que las personas con discapacidad accedan a prestaciones esenciales, independientemente de si cuentan con cobertura pública o pertenecen a una medicina prepaga. Su eliminación borra la pauta unificada de cobro para profesionales y centros de atención, abriendo paso a una desregulación que amenaza la continuidad de los servicios en todo el país. Desde el ámbito de los prestadores advierten que esta modificación constituye un nuevo embate contra un sector golpeado.
Mientras el proyecto oficial reitera la dureza del ajuste sobre las prestaciones asistenciales y la educación universitaria, el proyecto (en una primera lectura) mantiene intacto el llamado gasto tributario, preservando los beneficios fiscales para sectores concentrados como el régimen de Tierra del Fuego o la promoción a la economía del conocimiento. Ese contraste expone las prioridades de la gestión: la austeridad no opera de manera homogénea, sino que descarga su peso sobre las partidas sociales mientras resguarda las exenciones corporativas.
La filosofía que sostiene el presupuesto fue sintetizada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante un encuentro ante la Cámara de Exportadores de la Argentina. Allí, el funcionario celebró la presentación del cuarto año consecutivo de superávit fiscal en la línea financiera, destacando que se trataría del primer antecedente en la historia nacional sin que el país se encuentre en default.
Sin embargo, el clima en el auditorio reflejó una distancia insoslayable. Ante la frialdad inicial y el silencio de los asistentes, el ministro debió reclamar abiertamente la reacción del público. "Esperaba que aplaudieran", deslizó Caputo ante los ejecutivos, en un gesto que dejó al descubierto la incomodidad frente a un esquema económico que defiende el superávit financiero a como dé lugar a pesar de los permanentes cuestionamientos que el mismo está lograda a base de contabilidad creativa escondiendo los intereses y el crecimiento de la deuda que toma semana tras semana el Ministerio de Economía.
En el plano macroeconómico, las proyecciones estipuladas para el próximo ejercicio también plantean severas dudas de consistencia. El texto prevé una inflación anual del 21%, en tanto fija un tipo de cambio oficial mayorista de $1.847 hacia fin de año, partiendo de los $1.600 estimados para el cierre del período actual.
Las cifras implican una pauta de devaluación del 15%, es decir, un ritmo cambiario que se ubicaría por debajo del índice de precios que propone el mismo instrumento enviado a los legisladores.
Este atraso deliberado confirma la intención del Ejecutivo de seguir utilizando al dólar como ancla nominal contra la inflación, apelando a la contención de divisas provenientes de Vaca Muerta, endeudamiento o el salvavidas de los Estados Unidos. La contrapartida de esa estrategia es un deterioro progresivo en la competitividad de las empresas argentinas para operar en el mercado.
El Presupuesto 2027 llega al Congreso de la Nación como un documento que transparenta el modelo político y social de la gestión. En su afán por sostener el equilibrio financiero como única meta de gobierno, el proyecto vuelve a señalar a la discapacidad como una variable de ajuste prescindible. El debate legislativo que se avecina determinará si la letra chica del ajuste logra transformarse en ley o si la resistencia del sector afectado consigue frenar nuevamente el recorte sobre sus derechos.
