Viña Maipú se presentó en convocatoria de acreedores. La bodega continua operativa mientras la crisis del vino golpea las ventas locales y exportaciones.
La bodega Viña Maipú de Casir dos Santos se presentó en convocatoria de acreedores
La crisis vitivinícola sumó un nuevo capítulo. Viña Maipú, una de las bodegas más antiguas de la provincia, con actividad ininterrumpida desde 1862, se presentó en concurso preventivo de acreedores. La firma que hoy la explota, Casir Dos Santos S.R.L., pidió a la Justicia que le permitiera reorganizar una deuda de $384,2 millones y, en el mismo escrito, solicitó que no se le interrumpiera el suministro de energía eléctrica.
El pedido se formalizó el 29 de mayo pasado. Atrás quedó una historia que, hasta hace poco, parecía de manual. En 2014, los empresarios Gustavo Casir y Alan Dos Santos adquirieron la vieja Viña Maipú, en el departamento homónimo, y encararon una ambiciosa modernización. Dos años después incorporaron un socio mayoritario y aceleraron las inversiones en tecnología, capacidad productiva y personal. La bodega llegó a vender en 20 países y desarrolló líneas de fraccionamiento propias y para terceros. Entre sus productos figura “Elijo Creer”, el vino que acompañó la última campaña mundialista. Cuenta con 15 hectáreas de Malbec en Lunlunta, viñedos de Cabernet Sauvignon en Gualtallary y una finca en Agrelo, a 950 metros sobre el nivel del mar. El crecimiento se sostuvo hasta 2023.
La ruptura de la cadena de pagos de sus clientes, la suba de los costos internos y el cierre casi total del acceso al crédito terminaron por asfixiar la liquidez de la empresa y revertir la ecuación. Al momento de presentarse ante la Justicia, Casir Dos Santos arrastraba compromisos con cinco entidades financieras y acumulaba 21 cheques rechazados por más de $74 millones.
El detalle que distingue a este concurso de otros es la medida cautelar que acompañó la presentación. Los propietarios advirtieron que un corte del suministro eléctrico por parte de la distribuidora EDEMSA paralizaría los sistemas de refrigeración de tanques y piletas de fermentación, con el consiguiente riesgo para la producción en curso. También pidieron que los bancos mantuvieran abiertas sus cuentas operativas. La Justicia hizo lugar a ambos reclamos: la bodega sigue funcionando, con la luz encendida y las cuentas activas, mientras avanza el proceso concursal.
Los números actuales de la industria vitivinícola explican parte del mal momento. A los problemas del mercado interno se suman los datos de exportaciones de agosto del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Mendoza exporta hoy un 36% menos de vino fraccionado que hace apenas un año. La caída de la demanda se combina con una estructura de costos que castiga particularmente a las bodegas medianas: energía, logística y financiamiento encarecidos en dólares, frente a una vendimia que se cobra en pesos y a precios que no siempre acompañan la inflación de los insumos.
El frente externo tampoco ofrece alivio. Según los datos oficiales del INV, en agosto de 2026 la Argentina exportó 121.908 hectolitros de vino, un 27,8% menos que un año atrás, por un valor FOB de US$45,6 millones, con una caída del 23%. El derrumbe fue particularmente severo en el segmento a granel, cuyo volumen se desplomó un 75,1%, mientras que el fraccionado retrocedió un 10,8%.
En el acumulado de los primeros ocho meses del año, el volumen total se mantuvo casi sin cambios, con una suba marginal del 0,6%. El valor FOB, en cambio, cayó un 7,8% y el precio medio por hectolitro bajó a US$3,18, un 8,4% menos que en el mismo período de 2025.
El impacto trasciende las puertas de la bodega. Productores asociados, viñateros, transportistas y proveedores de servicios vinculados a la actividad quedan expuestos cada vez que una firma de peso entra en cesación de pagos. En una economía regional donde la vitivinicultura sigue siendo un motor de empleo directo e indirecto, cada concurso preventivo reabre la misma pregunta: cuánto de esta crisis es coyuntural y cuánto responde a una transformación estructural del negocio del vino argentino.
El concurso preventivo no equivale a un cierre. Es una herramienta prevista por la Ley de Concursos y Quiebras para ganar tiempo y reorganizar el pasivo bajo supervisión judicial, evitando así la quiebra directa. Para Viña Maipú implica ahora un cronograma de verificación de créditos y negociación con acreedores que puede extenderse varios meses. Los plazos habituales de estos procesos contemplan un período de entre cuatro y seis meses para que los acreedores presenten sus solicitudes de verificación, antes de la etapa de propuesta de pago.
Mientras el expediente avanza en los tribunales mendocinos, la producción continúa: los viñedos de Lunlunta, Gualtallary y Agrelo siguen dando uva, y las instalaciones de fraccionamiento no interrumpieron su actividad. La incógnita se traslada ahora al terreno financiero, donde se define si la reorganización alcanzará para sostener 163 años de historia productiva ininterrumpida.
Más allá de su desenlace judicial, el caso es una postal incómoda para la vitivinicultura mendocina: ni la antigüedad ni el prestigio internacional garantizan hoy la solvencia financiera. La provincia observa cómo se acumulan los expedientes en los juzgados de procesos concursales. Cada nuevo caso vuelve a plantear cuán sostenible resulta, en las condiciones actuales, producir vino de calidad en la Argentina.
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