YPF no escapa al plan de ajuste del Gobierno, mientras avanza la auditoría de gastos y deudas heredados de la gestión anterior.
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Vencido el plazo por el cual se suspendió la ejecución de la sentencia, la jueza de Nueva York Loretta Preska debe definir si le da más tiempo al Gobierno de Argentina a pagar una indemnización de u$d 16.100 millones por la expropiación de YPF.
La magistrada pidió al Estado que deposite 26% de las acciones de la petrolera como garantía, caso contrario los activos argentinos en Estados Unidos podrían ser embargados.
Cabe recordar que la demanda fue impulsada por los fondos buitre Burford Capital y Eton Park contra Argentina, que el Gobierno perdió en primera instancia el juicio por la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012.
Con el fallo en firme, Preska le había concedido al Gobierno argentino una extensión del plazo para evitar embargos hasta este miércoles 10, pero los fondos metieron presión en los últimos días para que se cumpla la sentencia. Asimismo Argentina prepara una apelación del fallo para fines de febrero.
"A pesar de las declaraciones optimistas del nuevo presidente de la Argentina, los abogados del Estado argentino han dejado en claro que no cooperará ni siquiera en cosas básicas (como aceptar la notificación de acciones para reconocer la sentencia en el extranjero) y, por lo tanto, los demandantes siguen convencidos de la necesidad de hacer cumplir la sentencia a través del arduo y lento proceso de embargar bienes no inmunes", sostuvo el abogado Burford y Eton Park, Randy Maestro.
A su turno, el abogado defensor de Argentina, Robert Giuffra, aseguró que "los demandantes no han identificado ningún activo de la República en Estados Unidos sobre el cual puedan embargar o ejecutar adecuadamente".
Por eso, dijo que cualquier acción sería "allanar el camino para el uso indebido y acosador de procedimientos de embargo sin respaldo de la ley y uso despilfarrador de recursos judiciales".
Además, Giuffra consideró que "no es razonable" iniciar embargo y ejecución "sólo cuatro meses después de la sentencia de este Tribunal".
Para justificar el planteo, el asesor legal del Estado argentino detalló ante la jueza Preska que la administración de Javier Milei "está abordando circunstancias económicas terribles, incluida la pobreza generalizada, la renegociación de los servicios de deuda con el FMI, la incapacidad de acceder a los mercados internacionales de capital" y una inflación cercana al 200%.
Asimismo, destacó que frente a ese cuadro, el Gobierno argentino " ha puesto en marcha medidas fiscales y monetarias muy significativas para intentar poner la economía de la Argentina en un nuevo rumbo".
Sin embargo, al dictar su sentencia para Preska Argentina violó el estatuto de YPF al estatizarla parcialmente (el 51% de la petrolera está en control del Estado) con lo cual perjudicó a los accionistas minoritarios.
Por otra parte, el 22 de febrero, la Argentina tiene que presentar ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York un escrito para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de la jueza neoyorquina.