El Gobierno comunicó la disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (Fftet) a través del decreto 234/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial. Según indicaron fuentes del gobierno, esta decisión se tomó por corroborar un “pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”. Con esta medida, la gestión de Javier Milei avanza una vez más en los recortes hacia el sector público.
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El Gobierno disolvió el fondo fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal
La estructura se creó en 1999 con el fin de financiar obras eléctricas. Sin embargo, el Gobierno cuestionó su eficacia y decidió eliminarlo. En la nota los detalles.
Esta estructura fue creada en 1999 por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos con el fin de financiar obras de infraestructura eléctrica. Los recursos eran otorgados por el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica.
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Si bien en sus inicios se impulsó la creación este fondo para mejorar la calidad del servicio y abastecer la demanda o la interconexión de regiones eléctricas, una serie de investigaciones cuestionaron tales resultados.
Cuestionamientos del Gobierno al fondo del Transporte Eléctrico
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía cuestionaron la eficacia de la estructura. “El incumplimiento del Reglamento de Contrataciones; significativas demoras en la ejecución de las obras; las inconsistencias en la registración de las operaciones y las transferencias efectuadas; la imposibilidad de realizar un control de trazabilidad de los fondos aplicados; y estados contables no auditados ni ajustados por inflación”, son algunos de los aspectos que cuestionó el Ministerio de Economía a través de un comunicado.
Asimismo, la cartera de Hacienda explicó que esta disolución no altera “la continuidad de la política pública para financiar las obras necesarias para ampliar el sistema de transporte de energía eléctrica, tarea que seguirá a cargo de la Secretaría de Energía”.
También expresaron su compromiso de “lograr una gestión publica mas eficiente, transparente y orientada al bienestar común, garantizando el uso racional de los recursos públicos y fortaleciendo el control sobre las finanzas publicas”.
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