Desde enero de este año, la estructura financiera del Estado nacional argentino exhibe un fenómeno que debería preocupar si no fuera que el cerrojo informativo que acompaña a Javier Milei barre información clave bajo la alfombra: el Tesoro paga más intereses por su deuda interna en pesos que lo que destina mensualmente a jubilaciones y pensiones.
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El Estado argentino paga más en intereses por deuda que en jubilaciones
El Estado argentino paga más intereses por deuda en pesos que en jubilaciones, ocultando un déficit real bajo el discurso del superávit.
El dato revelador de las prioridades del Estado y de si hay algo de certeza o no en la famosa frase de “No hay plata” surge del último informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), liderado por Claudio Lozano, que además cuestiona la veracidad del anunciado superávit fiscal que el gobierno ha sostenido como bandera de su gestión económica.
Una bomba de tiempo bajo la alfombra
El análisis de la ejecución presupuestaria revela que el gasto en intereses de la deuda pública, aun cuando no se paga en efectivo sino que se capitaliza, supera mes a mes desde enero el monto destinado al sistema previsional. Este dato, si bien puede pasar desapercibido en la contabilidad formal, implica la generación de compromisos financieros que aumentan el capital adeudado y proyectan una carga futura verdaderamente explosiva para el manejo de la economía.
El caso es elocuente: mientras en mayo de 2025 se destinaron 4,2 billones de pesos a jubilaciones y pensiones, la capitalización de intereses alcanzó 6,5 billones de pesos. En junio, el gasto previsional —reforzado por el medio aguinaldo— ascendió a 6,2 billones de pesos y aun así quedó por debajo de los 6,3 billones en intereses capitalizados. Como muestra el informe del IPyPP, esta tendencia no es episódica ni casual. Se enmarca en una estrategia financiera que el gobierno viene profundizando desde mediados de 2024.
El mecanismo detrás del espejismo
La Secretaría de Finanzas ha optado por renovar periódicamente la totalidad de los vencimientos de títulos públicos, sumando los intereses no pagados al capital original. Este sistema, conocido como capitalización de intereses, permite evitar una erogación efectiva en el corto plazo, pero al mismo tiempo multiplica el endeudamiento futuro. La lógica de esta bicicleta financiera implica que cada nuevo vencimiento arrastra una suma mayor, en tanto los intereses del mes previo se incorporan al principal y generan nuevos intereses.
Para ilustrarlo, basta un ejemplo: si el Tesoro coloca un bono por $1 millón con tasa del 3% mensual y no paga los intereses al finalizar el mes, el capital adeudado se transforma en $1.030.000. Al segundo mes, los intereses se calcularán sobre ese nuevo monto, y así sucesivamente. Este interés compuesto no registrado como gasto en la contabilidad corriente permite mostrar un superávit que, en rigor, es ilusorio, o como se la conoce en el rubro, contabilidad creativa.
El "superávit" que no es tal
Según el informe de Lozano, Mariana Rivolta y Ana Rameri, el resultado financiero del primer semestre de 2025 arroja un superávit de 3,1 billones. Sin embargo, en el mismo período, se capitalizaron intereses por 30,1 billones de pesos, lo que implica un déficit financiero real de 27 billones si se consideran los compromisos generados. Una dinámica similar se observó en 2024, con un resultado formal de 1,7 billones de pesos frente a intereses impagos por $14 billones.
El propio Lozano lo resume con crudeza: “El tan mentado superávit fiscal no es más que una ilusión contable. La deuda pública crece a un ritmo que no solo lo anula, sino que compromete gravemente el futuro económico del país”. Desde esta perspectiva, la supuesta responsabilidad fiscal del gobierno se sostiene sobre una estructura altamente vulnerable, dependiente del favor de los acreedores y de condiciones de refinanciamiento cada vez más exigentes.
Riesgos de una estrategia sin red
La dinámica de endeudamiento del gobierno no solo es creciente, sino que se vuelve peligrosa en un escenario de presión cambiaria o desconfianza de los inversores. Como se evidenció en la última semana, el Tesoro debió ofrecer tasas mensuales de hasta 3,3% y vencimientos cada 15 días para captar liquidez y evitar una corrida. Esta maniobra, lejos de garantizar estabilidad, acentúa la exposición a shocks financieros y convierte a los vencimientos en eventos críticos.
“En lugar de consolidar un sendero de estabilidad, el gobierno profundiza su dependencia de emisiones de deuda a tasas cercanas al 40% y con vencimientos cada vez más cortos, configurando una verdadera bomba de tiempo”, asegura el informe del Instituto.
Prioridades invertidas
Más allá de las implicancias contables, lo que resulta políticamente insostenible es el contraste entre el recorte de gasto social —en especial el previsional— y el creciente pago de intereses a los bancos y tenedores de deuda. En los hechos, el Estado argentino ha resuelto priorizar la rentabilidad del sistema financiero por sobre las jubilaciones. En este marco, no sorprende la amenaza del Ejecutivo de vetar la reciente actualización jubilatoria votada por el Congreso.
El problema de fondo no es contable, sino político y estructural. La apuesta por sostener una estabilidad nominal mediante la acumulación de pasivos puede, en el corto plazo, calmar ciertos indicadores. Pero a mediano plazo, socava la sostenibilidad macroeconómica y empuja al país nuevamente al borde del colapso. Tal como ocurrió en 2019, el desenlace puede ser abrupto si los acreedores dejan de renovar, si el Tesoro decide pagar en efectivo, o si el mercado cambiario reacciona ante la sobreoferta de pesos.
En otras palabras, el verdadero balance no está en las planillas del Ministerio de Economía, sino en la matemática impiadosa de los compromisos financieros acumulados. Y esa cuenta, como todo en economía, eventualmente se paga. Con intereses.