El año 2026 se perfila como un ciclo decisivo para la economía mendocina. Tras un período de fuertes oscilaciones, las proyecciones indican que la provincia se encamina hacia una recuperación sostenida, aunque condicionada por una marcada volatilidad geopolítica y el estancamiento de sus industrias históricas. El éxito económico del próximo año no dependerá de factores inerciales, sino de la capacidad local para apalancar la obra pública, canalizar eficientemente el retorno del crédito y, sobre todo, ejecutar reformas estructurales que devuelvan la competitividad a un tejido empresarial que muestra signos de fractura.
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Economía de Mendoza 2026: crecimiento moderado, pero con crisis en vitivinicultura y petróleo
La economía de Mendoza proyecta crecer en 2026 impulsada por energía, obra pública y crédito, pero enfrenta crisis estructural en sectores clave.
Así lo analiza el informe de la economía 2025 y proyecciones 2026 para la provincia de Mendoza del IERAL.
El contexto macroeconómico: viento de cola energético y estabilización
El escenario global de 2026 se encuentra atravesado por una profunda incertidumbre, derivada principalmente de la escalada bélica en Medio Oriente. Este conflicto ha elevado el índice de riesgo global y sostenido al alza los precios internacionales del crudo, al tiempo que amenaza con desacelerar el comercio mundial y fortalecer el dólar frente a las monedas emergentes. Sin embargo, para la República Argentina, el impacto neto de esta coyuntura resulta paradójicamente favorable. Al consolidarse como un país exportador neto de energía, los ingresos extraordinarios generados por el encarecimiento del petróleo superan los mayores costos internos que el conflicto pueda ocasionar.
Impulsada por este fenómeno, por una incipiente recuperación de la demanda de dinero y por la disipación de los riesgos políticos tras los comicios del año previo, la economía nacional proyecta una expansión de entre el 4% y el 5% anual para 2026. En paralelo, se espera que la inflación continúe su sendero de desaceleración, ubicándose en un rango del 25% al 30% hacia finales del ciclo. En este marco de mayor previsibilidad y estabilización, la economía de Mendoza continuará recuperando lentamente parte de la actividad per cápita que ha perdido a lo largo de los últimos quince años.
Obra pública y crédito: los motores de la recuperación local
La tracción de la actividad económica provincial durante 2026 descansará sobre dos pilares fundamentales. En primer lugar, el sector público actuará como un motor netamente expansivo.
El gobierno provincial tiene previsto ejecutar un ambicioso programa de inversión en infraestructura, financiado con los fondos del histórico resarcimiento económico (ex-Portezuelo del Viento). Esta inyección de capital promete revitalizar a la construcción, un rubro que también se verá beneficiado por el constante repunte de los créditos hipotecarios.
En segundo lugar, el mercado financiero retomará su rol como dinamizador de la economía local.
La expansión de los préstamos al sector privado apuntalará actividades puntuales como la compra de vehículos cero kilómetros y las operaciones inmobiliarias. No obstante, los reportes sugieren que las entidades bancarias adoptarán posturas más cautelosas en el otorgamiento de nuevos créditos durante este año, como respuesta directa al incremento en los niveles de morosidad observados recientemente tanto en hogares como en empresas. Por su parte, el comercio experimentará una mejora gradual, respaldada por una incipiente recuperación de los ingresos reales, aunque el sector deberá transitar un proceso de adaptación estructural ante un entorno de mayor competencia externa y apertura de mercados.
La encrucijada de los sectores tradicionales
A pesar de la incipiente mejora macroeconómica, las proyecciones advierten que los pilares históricos de la matriz productiva mendocina enfrentan un 2026 sumamente complejo. La vitivinicultura y la agroindustria anticipan un escenario de alta tensión comercial. Se espera una abundante cosecha física que, combinada con niveles de stock vínico ya elevados, ejercerá una fuerte presión a la baja sobre los precios pagados al productor. A esto se suma el riesgo latente de un tipo de cambio que podría rezagarse frente a la inflación local, restando competitividad a las exportaciones en un mercado mundial donde la demanda y el consumo de vino siguen deprimidos.
El sector petrolero, que históricamente traccionó el producto bruto geográfico de Mendoza, no logrará capitalizar plenamente el alza de los precios internacionales del barril. La extracción provincial mantendrá su tendencia al declive debido al agotamiento estructural de los yacimientos convencionales en la Cuenca Norte y a la alarmante falta de inversiones de peso en la Cuenca Sur. Las grandes compañías del sector continúan concentrando su capital y sus proyectos más rentables en el desarrollo no convencional de Vaca Muerta, fuera de los límites provinciales. Simultáneamente, la industria del turismo enfrentará enormes desafíos; un dólar relativamente bajo encarecerá a Mendoza como destino para los visitantes internacionales de alto poder adquisitivo y fomentará la salida masiva de turistas locales hacia el exterior.
El imperativo de las reformas estructurales
La dualidad entre una macroeconomía en fase de estabilización y sectores tradicionales en crisis profunda subraya un diagnóstico insoslayable: Mendoza padece un estancamiento grave en su productividad total de los factores que lleva casi dos décadas. Para que las proyecciones de crecimiento de 2026 se traduzcan en un desarrollo real y en la mejora de los salarios, resulta imperativo avanzar en reformas de fondo.
En el ámbito fiscal, es urgente una reducción de impuestos distorsivos, prestando especial atención al tributo a los Ingresos Brutos, cuya altísima incidencia actual castiga severamente la competitividad del sector privado exportador. Lograr este alivio impositivo requiere, ineludiblemente, una reforma integral del Estado que optimice el tamaño del sector público, defina qué servicios debe prestar y promueva sistemas de carrera basados en la evaluación de desempeño y la idoneidad. Asimismo, los cuantiosos recursos del Estado destinados a la obra pública exigen una rigurosa evaluación técnica y social de los proyectos mediante un banco integrado, garantizando que el capital se asigne a las iniciativas de mayor rentabilidad comunitaria.
Finalmente, la modernización de la matriz productiva demanda un ecosistema de negocios mucho más ágil. Simplificar la agobiante burocracia estatal y disminuir la alta litigiosidad judicial vinculada a los riesgos del trabajo (ART) que penaliza la creación de empleo formal, son pasos críticos de corto plazo. Todo este andamiaje institucional debe coronarse con una política profunda de mejora educativa, considerando la preocupante realidad de que casi un tercio de la fuerza laboral provincial actual no ha completado el nivel secundario.