Los bancos dieron de baja 143.143 préstamos por $4,4 billones, mientras crecen las refinanciaciones y la venta de carteras morosas a estudios privados del país.
Los bancos van desprendiendose de deudas que entran en categoria de incobrables
El sistema financiero argentino terminó de asumir lo que venía anticipándose desde hace meses: buena parte de la deuda que las familias y las empresas dejaron de pagar no va a cobrarse nunca. Según datos del Banco Central procesados por la consultora EcoGo, las entidades dieron de baja 143.143 préstamos por un total de $4,4 billones, equivalentes al 3,1% de todo el crédito del sistema. De ese monto, $2,9 billones corresponden a líneas en pesos y $1,5 billones, a deudas en dólares.
La cifra no es un dato menor si se la compara con la fotografía de fines de 2024, cuando los créditos derivados a pérdida sumaban 74.250 casos y representaban apenas el 2% del stock total. La curva no paró de subir: a comienzos de este año ya rondaba las 132 mil cuentas, hasta llegar al récord actual.
Que un banco saque un crédito de su activo no significa que renuncie a cobrarlo. "Son préstamos que por normativa los bancos tuvieron que sacar de su activo, pero que siguen existiendo esperando algún recupero, ya sea por vía judicial o venta", explicó Sebastián Menescaldi, director de EcoGo al presentar el informe. La categoría 5 de la escala que utiliza el Central, la de mayor gravedad, agrupa a los deudores con más de un año de atraso, los que habitualmente se catalogan como irrecuperables. Antes de llegar ahí están la 3, con demoras de entre tres y seis meses, y la 4, de seis meses a un año.
Precisamente, en esa categoría intermedia se concentra hoy más de la mitad de la cartera morosa: el 54% de los deudores en problemas están en situación 4. Salir de ahí no es instantáneo. Según los criterios del BCRA, un deudor en esa franja necesita al menos cinco meses para normalizar su historial: tres pagos consecutivos en término para bajar a categoría 3, más otros dos meses adicionales para que su nombre desaparezca del Veraz.
Frente a la imposibilidad de recuperar esos créditos por la vía tradicional, los bancos privados (la banca pública no participa de esta práctica) recurren a un mecanismo instalado desde hace años en el mercado: venden las carteras de deudores morosos de más de 180 días a estudios jurídicos o empresas de cobranza, a un valor de entre el 4% y el 6% del saldo original. "Es un negocio que los bancos privados manejan de taquito", describen en el sector financiero.
El circuito tiene una lógica precisa. Primero, la entidad previsiona el 100% del crédito; después, el área comercial lo coloca en alguna firma especializada en recupero. A partir de ahí, todo depende de la ejecutabilidad del título: si hay pagarés firmados, si puede embargarse una cuenta sueldo, si existen codeudores, si hay forma de ubicar al deudor por teléfono, correo electrónico o su lugar de trabajo. No es lo mismo gestionar una deuda en el AMBA o en un centro urbano de ingresos altos que en zonas de mayor informalidad laboral y distancias extensas. El objetivo de estas compañías es triplicar la inversión: comprar al 5% y recuperar el 15%.
Y aquí se abre una puerta para los deudores. Primero, pueden cancelar su deuda por un monto notablemente inferior, pero, además, antes de tomar una opción de pago, deben asesorarse convenientemente y certificar que ese estudio verdaderamente tenga en su poder la opción de pago, la autorización para hacer el cobro y, por sobre todo, que realmente tenga la carpeta con los documentos que certifican la deuda. Por último, debe exhibir al deudor los documentos que certifican que el acreedor original efectivamente le transfirió la deuda al estudio que pretende cobrar. Jamás el deudor debe dar por ciertas las amenazas de cobro, embargo de sueldo, etcétera, ya que, para cualquier instancia, debe primero existir una denuncia en la Justicia y, después, la resolución de un juez.
No faltan las historias curiosas en ese circuito. En el sector cuentan el caso de un cliente con pagos puntuales y buen scoring que falleció, y cuya familia recibió el reclamo de un estudio jurídico por el saldo de una tarjeta de crédito. Cuando los deudos se acercaron a la sucursal, descubrieron que no debían nada: todas las tarjetas incluyen un seguro de vida que cubre el saldo en caso de fallecimiento del titular.
En paralelo al descarte de deuda irrecuperable, la renegociación de pasivos creció a un ritmo inédito. Según cálculos de la consultora 1816, el volumen de deuda reestructurada con éxito llegó a $2,6 billones, el 3,7% del stock total y un máximo histórico. El fenómeno está muy concentrado: cuatro entidades explican el 70% de los créditos refinanciados. Banco Galicia lidera con el 32,1%, seguido por Banco Provincia (14,7%), Santander (14,2%) y Banco Nación (9,7%).
Ahí aparece una diferencia de enfoque entre la banca pública y la privada. Mientras las entidades privadas arman propuestas reservadas y a medida de cada cliente, los bancos públicos optaron por planes masivos y abiertos. El Banco Nación, que difundió el detalle de su esquema, reestructuró 102.505 operaciones correspondientes a 89.608 clientes, con un promedio de $4,6 millones por operación. De ese total, $322.600 millones se destinaron a 64.249 titulares que ya estaban en mora formal; otros 36.424 casos de premora en tarjetas de crédito sumaron $129.600 millones, y 1.832 operaciones de premora menores alcanzaron $24.100 millones.
El banco oficial sumó a su oferta la unificación de deudas propias o de terceras entidades por hasta $100 millones, con esquemas indexados por UVA a 120 meses y planes digitales autogestionables para tarjetas con hasta 90 días de atraso, de hasta $10 millones a 60 meses y una tasa nominal anual fija del 35%.
El sistema convive con dos movimientos opuestos: por un lado, resigna una porción creciente de su cartera y la transforma en pérdida contable; por el otro, multiplica los esfuerzos para que la próxima deuda no termine en el mismo destino.
