La Cámara de Diputados avaló —con el rechazo del PJ— el convenio que reconoce acreencias provinciales y modifica el esquema de pagos entre ambas jurisdicciones.
Avanza en la Legislatura el proyecto enviado por el Ejecutivo.
Foto: Yemel FilLa Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción al proyecto enviado por el Gobierno provincial para ratificar el acuerdo firmado con la Nación, mediante el cual ambas jurisdicciones compensan deudas y acreencias y establecen nuevas condiciones para el saldo resultante. La iniciativa fue aprobada por 34 votos a favor, 10 en contra y tres ausencias.
El convenio, firmado el pasado 27 de julio por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se encuadra en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. El acuerdo reconoce $121.282 millones en acreencias a favor de Mendoza y contempla, además, un beneficio financiero estimado en $7.677 millones por la modificación del esquema de pagos.
El entendimiento permite compensar créditos y deudas existentes entre la Provincia y el Estado nacional, además de establecer un nuevo cronograma para cancelar el saldo que quede luego de esa compensación.
Entre las acreencias que la Nación reconoce a favor de Mendoza aparecen:
En total, esos conceptos representan $121.282 millones que Mendoza no deberá devolver, mientras que el saldo restante quedará sujeto al esquema de pagos acordado entre ambas partes.
Durante el debate, la diputada radical Elisabeth Crescitelli explicó que la Provincia pudo ingresar al régimen luego de acceder a un anticipo de recursos coparticipables por algo más de $325.000 millones, con una tasa fija nominal anual del 15%.
Según detalló, ese mecanismo permitió incorporar al acuerdo acreencias que Mendoza ya había reclamado tanto por vía administrativa como judicial.
La legisladora sostuvo que los primeros conceptos incluidos en el convenio representan unos $121.000 millones que la Provincia no tendrá que devolver, mientras que quedará un saldo cercano a los $212.000 millones para ser abonado en cuotas.
Además, el nuevo cronograma representa para Mendoza un beneficio financiero estimado en $7.677 millones, calculado a valores del 1 de agosto de 2026. El Gobierno provincial sostiene que ese monto surge del alivio obtenido por el diferimiento y la modificación de los vencimientos.
Uno de los principales componentes del acuerdo está relacionado con las obras que Mendoza ejecutó con recursos propios sobre rutas nacionales, particularmente en las rutas 40 y 143.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, ya había explicado durante el tratamiento en comisiones que Vialidad Nacional reconoce unos $80.000 millones correspondientes a esas inversiones.
El funcionario remarcó que la Provincia continuó realizando trabajos en rutas nacionales aun cuando esas obras correspondían al ámbito de financiamiento del Gobierno nacional.
En ese contexto, el acuerdo también se vincula con el esquema que impulsa Mendoza para instalar sistemas de peaje en rutas donde realizó inversiones, con el objetivo de generar recursos para el mantenimiento de la infraestructura vial.
Durante la sesión, los bloques que acompañaron el proyecto destacaron principalmente el reconocimiento de acreencias, el ordenamiento de las cuentas y el beneficio financiero que, según el Ejecutivo, genera el nuevo esquema.
Crescitelli consideró que, más allá de las diferencias políticas, el análisis debía realizarse desde una perspectiva “objetiva y técnica”, y defendió la conveniencia de que el saldo pueda ser amortizado durante los períodos 2026 y 2027.
En la misma línea, el radical Alberto López sostuvo que el convenio representa “un paso adelante para la Provincia”, mientras que su compañero de bancada Franco Ambrosini afirmó que el Gobierno de Mendoza está defendiendo los intereses provinciales y ordenando las cuentas públicas.
Desde el PRO, Jimena Cogo anticipó su acompañamiento al proyecto y puso el foco en el “costo de oportunidad” de la decisión. La diputada reconoció que Mendoza desiste de acciones judiciales que había iniciado ante la Corte Suprema, pero señaló que la Provincia también tenía un costo económico por esperar una resolución.
Por su parte, el diputado de LUM Jorge Difonso también respaldó el acuerdo y planteó que, frente a los reclamos por rutas, viviendas y otros problemas de infraestructura, a los ciudadanos les importa que las obras se hagan, independientemente de qué jurisdicción aporte los recursos.
Desde La Libertad Avanza, Nicolás De Pedro también anticipó el voto positivo de su bloque y vinculó el convenio con un escenario político y económico más amplio. Según sostuvo, el acuerdo aporta “orden, responsabilidad fiscal y previsibilidad” y resulta beneficioso tanto para la Nación como para Mendoza.
Los bloques que votaron en contra cuestionaron principalmente el impacto patrimonial del convenio para Mendoza y la decisión de desistir de dos demandas iniciadas contra la Nación.
El diputado del PJ Germán Gómez sostuvo que existen razones jurídicas, económicas y financieras para rechazar el proyecto. Según planteó, el acuerdo no defiende los intereses ni el patrimonio de Mendoza, sino que contribuye a sanear las cuentas del Estado nacional.
En tanto, desde Fuerza Patria, Lucas Ilardo cuestionó el desistimiento de las acciones judiciales que Mendoza había iniciado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por fondos coparticipables y recursos federales afectados.
La diputada Gabriela Lizana, del Frente Renovador Mendoza, también rechazó la iniciativa y sostuvo que la Provincia queda “totalmente resignada a las políticas nacionales”.
En el mismo sentido se expresó la diputada justicialista Verónica Valverde, quien advirtió que Mendoza está dejando de lado dos causas judiciales que, a futuro, podrían representar mayores recursos para la Provincia y permitir financiar viviendas, rutas y escuelas.
Con la aprobación de este miércoles, el proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y deberá continuar su tratamiento en el Senado, que también deberá avalarlo.
La ratificación legislativa es el paso necesario para que el convenio firmado entre Mendoza y la Nación pueda avanzar en su implementación.
El acuerdo, además, deja abierta la posibilidad de que nuevas acreencias provinciales sean incorporadas a futuros entendimientos dentro del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, por lo que el mecanismo podría volver a utilizarse para otros reclamos de Mendoza frente al Estado nacional.
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