El Consejo de Mayo debatió la reforma laboral con hermetismo extremo y escasa representatividad. El Gobierno apuesta a consensos que aún no se concretan.
Durante casi tres horas, y bajo un estricto hermetismo inentendible, el Consejo de Mayo celebró su segunda reunión este lunes en la Casa Rosada. Con el eje puesto en la reforma laboral, una de las prioridades del gobierno de Javier Milei, se sumó por primera vez a la mesa de trabajo el secretario de Trabajo, Julio Cordero. La próxima convocatoria será el 20 de agosto, y en el ínterin cada consejero deberá trabajar junto a sus asesores para llevar avances concretos.
El Consejo de Mayo fue anunciado por el propio Milei durante su discurso por el 25 de mayo de 2024 en las puertas del Cabildo de Córdoba, como un espacio institucional destinado a redactar proyectos de ley que concreten los diez puntos del Pacto de Mayo, firmado finalmente el 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán.
Este pacto, al que adhirieron 19 gobernadores, establece una serie de generalidades a las que el Gobierno pretende transformar en principios rectores para un nuevo orden económico y político.
Según se indicó oficialmente, la meta del Consejo es presentar un documento de síntesis el próximo 15 de diciembre, que sirva de base para impulsar iniciativas parlamentarias desde diciembre en adelante. El Gobierno espera contar para entonces con una mayor representación legislativa, tras las elecciones de medio término de este año.
Si bien queda medio año por delante, la sensación generalizada es que la escasa actividad del consejo y su bajo nivel de representatividad social lo deja bastante lejos de poder impulsar iniciativas parlamentarias concretas y bastante de cerca de ser reuniones sociales para la foto.
Entre las reformas denominadas “de segunda generación”, la laboral aparece como prioritaria en la agenda de la administración libertaria. El objetivo declarado por el Poder Ejecutivo es reducir la informalidad laboral y generar condiciones para una mayor incorporación al trabajo registrado.
Aunque no se revelaron detalles específicos del contenido debatido, Cristian Ritondo, uno de los legisladores que integran el Consejo (la otra es Carolina Losada, ambos oficialistas), confirmó que no hubo una presentación formal del secretario Cordero, y que el foco estuvo puesto en los aportes de la UIA y la CGT sobre diversas dimensiones del mundo del trabajo. “Fue una conversación sobre muchas cuestiones que hacen al empleo formal y a cómo mejorar la calidad del empleo”, afirmó el legislador.
Desde el oficialismo insisten en que la iniciativa sólo será viable con un Congreso “más afín”, que esperan obtener después de las elecciones de octubre.
Tanto el representante de la CGT, Gerardo Martínez, como el titular de la UIA, Martín Rappallini, ambos integrantes del Consejo, se perfilan como figuras centrales en la discusión: representan dos sectores claves para el consenso social y económico que el Gobierno busca construir.
Por su parte, Federico Sturzenegger encabeza el diseño técnico de las reformas por el Gobierno y sería el articulador de la propuesta en sintonía con los puntos del pacto.
Si bien el Gobierno tiene pretensiones de éxito, la falta de infinidad de actores del universo del trabajo —desde las pymes, comercio y hasta sectores obreros y parlamentarios— hace dudar de la posible efectividad de la propuesta que salga de un Consejo que no tiene voces disonantes en su integración.
Si bien los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo, algunas señales recientes muestran una incipiente resistencia. El mismo día de la reunión en la Casa Rosada, el gobernador Alfredo Cornejo participó del Consejo de Mayo tras haber suscripto, junto a otros mandatarios provinciales, un proyecto de ley para recuperar fondos que la Nación retiene.
A pesar de la tensión, la mayoría de los gobernadores mantiene una postura colaborativa, aunque crítica, frente a la Casa Rosada.
Guillermo Francos, que viene asumiendo un rol articulador con las provincias, había reclamado días atrás un “mayor compromiso fiscal” de los mandatarios, en línea con la reducción del gasto público que propone el Gobierno.
Cerca de Milei, sin embargo, minimizan los gestos de desacuerdo. “Ladran y después acuerdan”, afirman. Y agregan: “Hasta ahora no perdimos ningún veto y eso se va a mantener”.
La posibilidad de que se presenten proyectos de reforma previsional —que incluso podrían incluir una vuelta a un sistema privado de jubilaciones— también genera incertidumbre sobre el rol que jugarán los legisladores provinciales y los sindicatos.
Por el momento, la CGT mantiene una participación institucional, aunque se desconoce cuál será su respuesta ante reformas que afecten derechos adquiridos.
El Consejo de Mayo tiene previsto reunirse mensualmente hasta diciembre, cuando se espera que emita un informe final con propuestas legislativas concretas. Estas estarán alineadas con los principios del Pacto, que incluye, además de la reforma laboral, iniciativas sobre educación, reforma tributaria, coparticipación federal, reforma previsional y apertura comercial.
En el Gobierno destacan que se trata de un plan político de largo plazo, cuyas reformas más estructurales —como la tributaria y la previsional— podrían implementarse recién en 2027.
Mientras tanto, la gestión de Milei se apoya en la Ley Bases y el paquete fiscal como marcos legales ya vigentes para avanzar en su programa de transformación del Estado.
El Consejo de Mayo aparece como el laboratorio institucional del nuevo oficialismo, donde se ensayan acuerdos posibles para un Congreso que, al menos por ahora, le exige al Gobierno algo más que mayoría circunstancial: capacidad de diálogo y consensos políticos duraderos, estrategias que no parecen ser el fuerte de la gestión de Javier Milei.