Caída de recaudación, recesión y fragilidad financiera: radiografía económica de fin de año

La merma del 8,7% interanual en los recursos tributarios refleja un retroceso que no puede atribuirse a un episodio aislado, sino a una recesión extendida y consolidada.

Los ingresos asociados al mercado interno -IVA, Créditos y Débitos y Seguridad Social- acusan fuertes descensos, lo que demuestra que el consumo y la actividad productiva permanecen en niveles deprimidos, como lo confirman los datos de la CAME en los últimos días.

El cuadro obliga al Gobierno a enfrentar un dilema delicado: sostener el gasto operativo mínimo o preservar el superávit fiscal, que constituye el eje central de su narrativa económica.

Recaudación: Actividad real en retroceso

La caída en la recaudación va en sintonía con el comportamiento de la economía real.

Los indicadores adelantados describen un escenario de estancamiento en el mejor de los casos, con un movimiento oscilante que no alcanza a conformar una tendencia de recuperación.

Sectores clave, como la industria automotriz, registraron en noviembre una contracción del 29% interanual; los despachos de cemento también retrocedieron, y las ventas minoristas exhiben una dinámica negativa persistente.

La construcción y la industria, dos actividades decisivas por su capacidad para generar empleo, se mantienen en niveles históricamente bajos, sin señales de un rebote sostenible.

Cierre de empresas y pérdida de capacidad productiva

El impacto de esta contracción se percibe con particular nitidez en el tejido productivo. Desde el inicio de la actual gestión, cerraron 19.164 unidades empresarias, una sangría que golpea de manera desigual pero sistemática a sectores como transporte, comercio y construcción.

La industria manufacturera, aunque en menor proporción, también acusa una pérdida significativa de empresas, lo que profundiza un proceso de desindustrialización que excede la coyuntura inmediata.

A diferencia de otras recesiones recientes, el ajuste no se manifiesta sólo en una menor producción, sino en el desmantelamiento de capacidades productivas que tardarán años en recomponerse.

Deterioro social y pérdida del poder adquisitivo

La situación social tampoco escapa al deterioro. El salario mínimo, vital y móvil, en términos reales, se ubica por debajo de los niveles de 2001.

El informe del IAG señala que, para recuperar su poder adquisitivo de noviembre de 2023, el salario debería incrementarse un 55%; para alcanzar los valores de 2015, el aumento necesario supera el 140%.

Este retroceso en los ingresos explica la debilidad del consumo interno, que a su vez retroalimenta la caída de la recaudación y profundiza el ciclo recesivo.

Aunque el desempleo se mantiene en 7,6%, la expansión de la informalidad y de los monotributos de subsistencia evidencia un deterioro silencioso en la calidad del empleo.

Estabilidad cambiaria frágil

En el frente cambiario, el Gobierno ha logrado mantener una estabilidad llamativa, con un dólar oficial en torno a los 1.450/1.500 pesos y una brecha mínima con el mercado informal.

Sin embargo, esta estabilidad descansa sobre bases frágiles. La política del Banco Central de no acumular reservas y la fuerte dependencia de la liquidación del agro configuran un equilibrio volátil.

Tras el récord de ingresos de septiembre -producto del esquema transitorio de retención cero- la liquidación de divisas cayó casi 90% en los meses siguientes, llevando los registros a los niveles más bajos en dos años.

El ciclo de euforia y sequía, característico de la economía argentina, vuelve a plantear dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener la estabilidad sin recurrir a mecanismos extraordinarios.

Fragilidad financiera y salida de divisas

A ello se suma la fragilidad financiera. La administración debió regresar al mercado en dólares para refinanciar vencimientos y negocia un crédito externo de hasta 7.000 millones de dólares con bancos internacionales, según adelantó el ministro Luis Caputo.

En paralelo, la tasa de interés continúa bajando, la demanda de dinero se contrae y las reservas se mantienen estancadas.

La formación de activos externos (“dólares colchón”) agrava el panorama: desde abril, acumula casi 30.000 millones de dólares, una cifra que duplica los desembolsos anuales del FMI.

Si se suma el déficit por turismo, la salida total de divisas supera los 38.000 millones, equivalente al costo de obras de infraestructura y políticas sociales esenciales.

Ajuste sobre ciencia, tecnología y universidades

El ajuste fiscal también alcanzó a áreas estratégicas como la ciencia, la tecnología y el sistema universitario.

Los recortes en el INTI y el INTA, junto con el desfinanciamiento de las universidades nacionales, coinciden con el retroceso del país en el Índice Global de Innovación, especialmente en infraestructura e inversión.

La contracción del gasto público en sectores que fortalecen la competitividad de largo plazo genera preocupación entre especialistas y actores del sistema científico.

Un cierre de año bajo presión

La fotografía de diciembre de 2025 muestra, en suma, una economía que mantiene la estabilidad nominal, pero a costa de un deterioro profundo de sus bases productivas y sociales.

El desafío central para 2026 será encontrar un equilibrio que permita sostener el orden fiscal sin prolongar la recesión ni erosionar aún más la estructura productiva.

En un contexto de tensiones crecientes y márgenes de maniobra cada vez más estrechos, la política económica afronta un fin de año bajo presión y un futuro inmediato cargado de incertidumbres.