El mercado laboral argentino atraviesa un camino inverso al que supuestamente debería tomar a partir de las medidas del gobierno y por el contrario profundiza el crecimiento del trabajo desprotegido en sus modalidades de monotributista y directamente fuera del sistema.
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Alza histórica del trabajo precario y la reforma laboral no da resultado
El trabajo precario crece junto a la brecha de género y edad. Cae el empleo público y las reformas no resuelven el problema de un mercado laboral desprotegido.
Las tendencias, que se consolidaron durante el segundo trimestre de 2025, exhiben expansión del trabajo desprotegido, retroceso del empleo público, brechas de género en aumento y una acelerada pérdida de trabajadores jóvenes en la administración estatal.
El informe fue elaborado por los especialistas Candelaria Rueda, Violeta Carrera Pereyra y Agustín Romero para el Instituto Argentina Grande (IAG), en base a microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares.
Un mercado inclinado hacia la desprotección
El dato más preocupante es, sin dudas, el crecimiento del trabajo desprotegido, que alcanzó al 44,7% de los ocupados. La cifra, que vuelve a ubicarse en un techo histórico, refleja que seis millones de personas trabajan sin aportes, sin estabilidad y fuera de los circuitos formales de calificación. La precariedad, más que un fenómeno coyuntural, aparece consolidada como un rasgo estructural del mercado laboral.
La comparación interanual es ilustrativa. Entre el segundo trimestre de 2024 y el mismo período de 2025 se sumaron 142.000 nuevos empleos desprotegidos, mientras que solo se crearon 33.000 puestos protegidos. En paralelo, el empleo público perdió 169.000 trabajadores, una contracción que altera la composición general del mercado y genera efectos de arrastre en distintas actividades. La mayor parte de quienes dejan el Estado encuentra inserción en sectores de baja formalidad, reforzando el ciclo de precarización.
Los datos sugieren que el empleo privado protegido continúa prácticamente estancado. En un contexto de caída del salario real y contracción del gasto estatal, la economía no logra generar oportunidades de calidad, y el desplazamiento desde el sector público termina siendo absorbido por actividades informales o sin estabilidad.
Brechas de género que se profundizan
El deterioro del empleo estatal afecta por igual a hombres y mujeres en términos proporcionales -una caída del 11% entre los hombres y del 9% entre las mujeres-, pero los mecanismos de absorción posteriores son profundamente dispares.
Los sectores masculinizados del mercado privado mostraron un fortalecimiento: el empleo protegido entre los hombres creció un 6,7% en dos años. Para las mujeres, en cambio, el escenario se aleja de la equidad. El informe señala que la cantidad de trabajadoras desprotegidas aumentó un 9,5%, mientras que los puestos protegidos destinados a ellas tuvieron una leve caída. Es decir, no solo enfrentan mayores obstáculos para ingresar a sectores dinámicos, sino que su salida del empleo público se traduce con mayor frecuencia en inserciones informales.
El Estado, históricamente un espacio de inclusión laboral femenina, pierde capacidad para sostener ese rol en un contexto de reducción de sus plantillas. La contracción del empleo estatal, combinada con una estructura productiva que privilegia sectores masculinizados, refuerza las brechas de género existentes y condiciona las trayectorias laborales de las mujeres en el corto y mediano plazo.
Un Estado que envejece: la expulsión de jóvenes
Entre los fenómenos más relevantes del período aparece la pérdida acelerada de trabajadores jóvenes en la administración pública. En los últimos dos años, la cantidad de ocupados de entre 18 y 26 años en el Estado se redujo un 43%. En números absolutos, se trata de 100.000 jóvenes menos desde 2023.
Las razones son múltiples, pero el informe señala un factor determinante: la caída del salario en el sector público, que se contrajo un 33% desde noviembre de 2023. La pérdida de poder adquisitivo deteriora la capacidad del Estado para retener y atraer perfiles jóvenes, que encuentran mejores oportunidades -aun en condiciones de informalidad- en el sector privado.
Los sectores más afectados por esta sangría son Defensa, Administración Pública y Educación, donde la dotación juvenil se redujo a la mitad. La consecuencia más visible es un Estado que envejece, con menor dinamismo, menor capacidad de innovación y crecientes dificultades para renovar cuadros profesionales.
Heterogeneidad regional y brechas territoriales
El mapa laboral argentino sigue exhibiendo fuertes contrastes territoriales. La desprotección alcanza niveles muy elevados en el Noroeste (51%), Cuyo (49,3%) y el Noreste (49,5%), todas por encima del promedio nacional. La región Pampeana y el Gran Buenos Aires se ubican en torno al 44%, mientras que la Patagonia aparece como la excepción: su tasa de desprotección es del 30,7%, la más baja del país.
Estas diferencias están vinculadas, en gran medida, al peso relativo del empleo público. En la Patagonia, casi el 28% de los trabajadores se desempeña en el sector estatal, una proporción que contrasta con el 12,6% de la región metropolitana. Allí donde el Estado tiene mayor presencia, la calidad del empleo tiende a ser superior y la desprotección más acotada.
La retracción del empleo estatal, por lo tanto, no solo impacta en términos generales, sino que profundiza las disparidades regionales, especialmente en provincias donde el sector privado presenta altos niveles de informalidad.
Reformas en debate y resultados esquivos
Aunque el Gobierno aún no presentó formalmente el proyecto de reforma laboral que planea enviar al Congreso, varios elementos del debate ya fueron instalados. La discusión abarca desde la creación de un “banco de horas” hasta la posibilidad de fragmentar vacaciones, implementar paritarias por empresa o pagar indemnizaciones en cuotas. Muchos de estos puntos surgieron de iniciativas legislativas afines al oficialismo, y varios recuperan artículos del DNU 70/23 que continúan suspendidos por la Justicia.
En paralelo, el Gobierno ya avanzó con modificaciones de alto impacto, cuyos resultados están lejos de las expectativas iniciales. La eliminación de multas por trabajo no registrado -una de las medidas centrales de la Ley Bases-apuntaba a reducir litigiosidad y costos indemnizatorios. Sin embargo, la Justicia comenzó a otorgar indemnizaciones por daños y perjuicios con montos superiores a los previstos previamente, lo que produce un escenario de mayor imprevisibilidad para las empresas.
La extensión del período de prueba, impulsada para dinamizar la inserción juvenil, tampoco cumplió sus objetivos. La rotación aumentó, pero no así la demanda laboral. Las tasas de desocupación juvenil, especialmente entre mujeres, crecieron de manera marcada durante los últimos trimestres.
A esto se suma la falta de adopción del fondo de cese laboral -propuesto como alternativa a las indemnizaciones tradicionales- y el escaso uso de la figura que habilita a monotributistas a incorporar colaboradores. Ambas medidas, promovidas como herramientas de flexibilización, encontraron una recepción marginal en el mundo empresarial.
Un escenario abierto
Argentina comenzará en apenas unos días (después del recambio legislativo) un nuevo debate sobre el régimen laboral con indicadores que plantean más interrogantes que certezas. Si bien existe consenso en que el sistema requiere una actualización profunda, la dirección de esos cambios divide aguas. En un escenario de caída del empleo formal, contracción de la actividad y expansión de la informalidad, las reformas que no estén acompañadas por una economía capaz de generar trabajo de calidad difícilmente logren los resultados buscados.
Un axioma que parece olvidarse en estos debates es que las reformas laborales no crean empleo; orientan la calidad del que se crea. La cuestión central es si la economía argentina está hoy en condiciones de generar empleo genuino o si continúa atrapada en un ciclo de deterioro que se profundiza.