El inicio del calendario fiscal de 2026 trajo bajo el brazo la confirmación de una tendencia que, lejos de ser coyuntural, parece haberse establecido como la norma rectora de la relación entre el Estado nacional y las jurisdicciones subnacionales, la profundización del ajuste.
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El Gobierno profundiza el recorte de fondos a las provincias: la situación de Mendoza
El ajuste fiscal se profundiza: Nación redujo 65% las transferencias discrecionales a las provincias y consolida un nuevo esquema de relación federal. Cuánto recibió Mendoza.
Los datos correspondientes al mes de enero, recopilados por la consultora Politikon, son elocuentes y describen un escenario de restricción presupuestaria severa: el Gobierno de Javier Milei ha aplicado un recorte drástico en el envío de dinero discrecional a los distritos, es decir, aquellos fondos que no corresponden a la coparticipación automática y que históricamente han servido como herramienta de negociación política y auxilio financiero.
Un recorte real de magnitud histórica
En términos cuantitativos, las cifras no dejan margen para la ambigüedad. Durante el primer mes del año, las transferencias no automáticas sumaron un total de $39.491 millones. Si bien el número nominal podría parecer abultado para un observador desprevenido, su cotejo con la inflación revela la verdadera magnitud del ajuste: esta cifra representa una caída real del 65,4% frente a enero del año pasado.
Para ponerlo en términos llanos, la Nación ha girado casi dos tercios menos de fondos que hace tan solo un año atrás, una retracción que obliga a repensar la dinámica del federalismo fiscal en la Argentina.
Una perspectiva histórica del ajuste
Para comprender la profundidad de esta política, es necesario elevar la mirada y observar la serie histórica. Este enero de 2026 se inscribe como el segundo peor comienzo de año desde 2005 en materia de transferencias, siendo superado únicamente por el enero de 2024, momento en el cual la actual administración comenzaba a desplegar su programa de shock.
Este dato es fundamental para el análisis político y económico, pues indica que no estamos ante un “mal mes” aislado o una anomalía administrativa temporal, sino frente a una continuidad del ajuste que el Gobierno viene aplicando metódicamente sobre las cuentas públicas. La estrategia de secar la plaza de recursos discrecionales no fue una medida de emergencia temporal, sino una decisión estructural que se mantiene vigente dos años después.
La selectividad del gasto: jubilaciones y desastres
Uno de los aspectos más reveladores del informe fiscal de enero es el destino específico de las partidas que sí lograron sortear el filtro de la “motosierra”. Al analizar en qué se utilizó el exiguo dinero enviado, se observa una concentración extrema en apenas dos conceptos, lo que denota un criterio de asignación de recursos sumamente restrictivo.
Del total girado, el 81% se destinó a cubrir las necesidades de las cajas jubilatorias provinciales, lo que supuso un desembolso de $32.000 millones. Por otra parte, un 17,7% de los fondos se canalizó a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), sumando $7.000 millones, los cuales fueron utilizados principalmente para atender situaciones de emergencia. La suma de estos dos ítems explica casi el 99% de los fondos enviados por la Nación a las provincias.
Esta selectividad tiene una contracara dramática para la gestión diaria de las gobernaciones: el resto de los programas, que históricamente incluían partidas para educación, salud u otras formas de asistencia social y desarrollo, recibieron montos que el análisis técnico califica como “muy bajos” o “casi simbólicos”. En la práctica, esto significa que la ayuda discrecional ha quedado reducida a lo mínimo indispensable para evitar colapsos previsionales o atender catástrofes naturales. La Nación ha dejado de financiar el funcionamiento corriente de las provincias a través de esta vía.
El mapa de los ganadores y perdedores
La distribución geográfica de estos recursos escasos ha generado un mapa de inequidades manifiestas. Otra clave insoslayable para entender el escenario actual es que el dinero no se repartió de manera homogénea ni proporcional. De hecho, solo cinco provincias concentraron casi el 99% de los fondos discrecionales distribuidos en enero, dejando al resto del país en una situación de virtual desamparo financiero por parte del Tesoro nacional.
Entre Ríos encabezó la lista de receptores con $12.000 millones, destinados principalmente a sostener su sistema jubilatorio. Le siguieron Córdoba y La Pampa, con $10.010 millones y $10.004 millones respectivamente, también ligados a sus cajas previsionales. En un segundo orden, vinculado a las emergencias climáticas, aparecen Chubut, que recibió $4.000 millones por ATN a raíz de los incendios que azotaron la región, y Corrientes, que obtuvo $3.000 millones debido a las inundaciones.
El contraste con el resto del país es abismal. Mientras estas cinco jurisdicciones acapararon la totalidad de los envíos significativos, el resto de las provincias recibió montos irrisorios y cinco de ellas no recibieron absolutamente nada en todo el mes.
El desafío para los grandes distritos
Resulta particularmente llamativo el caso de las jurisdicciones de mayor envergadura demográfica y económica. Para distritos como la Provincia de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los envíos fueron casi nulos en comparación con los registros de años anteriores. Otro ejemplo es Mendoza, que, a pesar de su alineamiento con el Gobierno nacional, apenas recibió $4 millones.
Este congelamiento de partidas implica, en términos prácticos, que cada provincia ha tenido que arreglarse mayormente con sus recursos propios, sin contar con el respaldo habitual del Tesoro nacional para cerrar sus cuentas mensuales.
Las asimetrías se tornan aún más evidentes cuando se analiza la distribución per cápita. Incluso mirando la plata por habitante, las diferencias son muy grandes: mientras algunas provincias recibieron miles de pesos por persona —generalmente aquellas con cajas jubilatorias no transferidas o emergencias activas—, en otras el monto fue de apenas unos pocos pesos, o directamente cero.
La caja cerrada de los ATN
Finalmente, el comportamiento de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) merece un párrafo aparte. Estos fondos, teóricamente diseñados para actuar como “salvavidas” financiero para las provincias en apuros, mostraron en enero un uso extremadamente limitado, a pesar de contar con liquidez.
Durante el primer mes de 2026, el fondo de ATN acumuló más de $92.000 millones; sin embargo, el Gobierno nacional decidió repartir solo el 7,6% de ese total. Este porcentaje es incluso menor al registrado en el mismo mes del año pasado, lo que evidencia una voluntad política de “sentarse sobre la caja” y no liberar recursos salvo en casos de extrema necesidad.
Un nuevo orden fiscal
Traducido a la vida cotidiana de la administración pública, el mensaje de la Casa Rosada es inequívoco: la Nación está enviando menos ayuda y lo hace de manera muy selectiva. Solo se cubren jubilaciones provinciales y emergencias puntuales, mientras que el resto de la asistencia ha quedado prácticamente congelada.
El arranque de 2026 deja en claro que el ajuste no es un fenómeno temporal, sino que la relación fiscal entre Nación y provincias ha cambiado de forma estructural. Para los gobernadores, esto implica una presión inédita sobre sus presupuestos, un margen de maniobra nulo para gastos extra o inesperados y, en muchos casos, la imperiosa necesidad de aplicar sus propios ajustes o salir a buscar financiamiento en un mercado complejo. La era de la dependencia de los fondos discrecionales parece haber llegado a su fin.
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