La Legislatura provincial aprobó la iniciativa con el respaldo de organizaciones sociales de Lavalle. La fecha establecerá una jornada de reflexión en todas las escuelas de Mendoza.
Oficializan el 4 de septiembre como el "Día Provincial de la Memoria por Johana Chacón"
Este martes, la Cámara de Senadores de Mendoza aprobó la modificación de la Ley N.º 8723, reemplazando la conmemoración del “Día Provincial de la Construcción Colectiva de Conciencia Ciudadana” por el “Día Provincial en Memoria de Johana” para el 4 de septiembre. La nueva denominación rinde homenaje a Johana Chacón, la adolescente desaparecida en 2012 en Lavalle, cuyo paradero aún continúa sin conocerse.
La medida, aprobada por unanimidad, surgió a partir de una solicitud impulsada por la Municipalidad de Lavalle, el Foro Intersectorial Huanacache y diversas organizaciones sociales del departamento.
Durante esta jornada, se llevarán adelante actividades de concientización y reflexión en todas las escuelas de Mendoza, abarcando todos los niveles y modalidades del sistema educativo. El objetivo es fortalecer el trabajo pedagógico en torno a los marcos legales vigentes, el rol emocional de las escuelas, la formación docente y el vínculo con las familias.
Estas acciones se enmarcan en leyes nacionales clave para la protección de derechos, como la Ley 26.061, la Ley 26.485 y la Ley 26.364, entre otras. Además, la modificación de la normativa provincial elimina el artículo 3 de la ley original -ya que la Justicia dictó sentencia contra el femicida de Johana-, pero mantiene y refuerza el artículo 2, con el propósito de consolidar políticas educativas orientadas a la concientización y defensa de derechos.
El Foro Intersectorial Huanacache, principal impulsor de esta iniciativa junto a la Municipalidad de Lavalle, trabaja de forma articulada desde hace más de 15 años con instituciones educativas, sanitarias y judiciales, abordando de manera territorial y conjunta la violencia hacia las infancias y adolescencias. También participan organismos como la Suprema Corte de Justicia, la Dirección General de Protección de Derechos, entre otros actores provinciales.
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