Ingreso al Poder Judicial de Mendoza: investigan si quebrantaron la confidencialidad de los exámenes
La UNCuyo determinará si el contenido del concurso fue revelado antes de la fecha de la prueba dispuesta para cubrir 200 vacantes del Poder Judicial Mendoza.
Los trabajadores del Poder Judicial aceptaron la propuesta salarial.
Foto: Cristian Lozano
El concurso de ingreso al Poder Judicial Mendoza quedó empantanado por una sospecha de que las preguntas que integraron el examen fueron reveladas anticipadamente, a al menos a un grupo de participantes del concurso. Si bien aún no se publicaron las listas de todos los que rindieron el examen, los cuestionamientos empezaron al observarse que la persona que obtuvo el primer puesto tiene una estrecha relación con quien debía resguardar esa información dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).
De hecho, el lunes pasado, desde la Suprema Corte de Justicia (responsable de la instrumentación del concurso y el material para poder rendir el ingreso), determinó que por ahora esta persona no rinda el segundo test para completar las instancias planificadas. Como esto llamó la atención, la averiguación se extendió a todos los concursantes que obtuvieron los primeros puestos, para verificar si tienen algún tipo de filiación política.
Durante la mañana, autoridades de la UNCuyo iniciaron su propia investigación administrativa para determinar si hubo violación a la confidencialidad en los exámenes de ingreso al Poder Judicial. Lo solicitó el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Miguel González Gaviola, quien además, hasta tanto se resuelva el proceso, designará un nuevo supervisor técnico externo de manejo de accesos para llevar adelante las etapas restantes.
La decisión se basa en el pedido de informe de las autoridades de la Suprema Corte de Justicia sobre el cumplimiento del convenio específico con la Facultad. Esa información ya se remitió al Poder Judicial este viernes 7 de julio al mediodía.
El proceso está en curso, tal como establece la resolución número 586 del 2023, y si se determina que hubo irregularidades, las autoridades de la Universidad tomarán las medidas que correspondan con los actores que pudieran estar involucrados, explicaron desde la Universidad
Expectativa inicial y revuelo político
El llamado a concurso convocó a 37.000 mendocino s para ocupar alguno de los 200 puestos ofrecidos. Sin embargo, tras conocerse el material para estudiar, por lo extenso y difícil en algunos tramos, sólo rindieron el primero de los test (el examen tiene tres instancias) 19.000 personas. Y aprobaron sólo 2000. A penas terminó la prueba, en redes sociales y medios de comunicación se multiplicaron las quejas por el tipo de preguntas realizadas y el escaso tiempo con el que se contaba para responder el cuestionario.
En este caso, la facultad de Ciencias Económicas tenía la responsabilidad de ejecutar todos los pasos técnicos de forma fácil, tras un convenio firmado con la presidencia de la Corte. En ese contexto, obviamente había mecanismos para consultar a los asistentes informáticos por si había alguna falla técnica o dificultad de ingreso. Además, debía habilitar los exámenes el día y la hora señalada.
El primer cuestionamiento formal al concurso surgió del senador provincial Germán Vicchi ( Unión Mendocina) quién realizó un pedido de informe ante el Poder Judicial de Mendoza para aclarar algunos aspectos del concurso público.
Ante sospechas que vuelven a empañar la calidad institucional de Mendoza, en LAUM estamos presentando un pedido de informe a la Suprema Corte Provincial para que esclarezca la situación respecto del concurso público de ingreso al Poder Judicial celebrado el día 14/06/2023.
— German Adolfo Vicchi (@germanvicchi) July 3, 2023
Y en la tarde de este viernes, también se sumó a los cuestionamientos la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza, desde donde pidieron directamente la suspensión del concurso por entender que su legalidad está fuertemente debilitada. Desde el principio, el gremio había cuestionado la tercerización de la organización del examen cuando la misma institución judicial contaba con las herramientas informáticas para hacerlo. Además, porque el modo de tomar la prueba no garantizaba la identidad del participante ya que cualquiera podía ingresar con los datos del inscripto.
Por el momento, desde el Poder Judicial esperan los resultados de la investigación administrativa iniciada por la UNCuyo para tomar una decisión final.
