Los profesionales prestan servicio en terapia intensiva pediátrica
Foto: Yemel FilCon la ratificación legislativa obtenida días atrás, cinco profesionales de la Salud de Mendoza que prestan servicio en el área de terapia intensiva del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti, fueron autorizados a percibir honorarios mayores a los que cobra el gobernador.
Se trata de médicos especialistas considerados “recurso humano crítico”, que cuentan con un régimen de 44 horas semanales, bloqueo de título y exclusividad con el Estado provincial, por lo que sus salarios se veían afectados por la Ley 8.727 de Tope Salarial, que prohíbe que cualquier agente estatal perciba un sueldo bruto superior al del primer mandatario provincial. Una de ellas atiende en la terapia de recuperación cardiovascular, especialidad que escasea en Mendoza.
De este modo, los profesionales fueron exceptuados de los alcances de la norma y el Estado se asegura la “fidelización” de sus servicios ante la creciente demanda de ese tipo de especialidades en el sistema sanitario público provincial.
Los cinco terapistas que evitaron el topeo se suman a otros 24 que ya habían logrado ese beneficio meses atrás, cuando la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la Ley 8.727 y el Gobierno determinó firmar varias exenciones para “asegurar la continuidad de la prestación de servicios en distintas especialidades”.
Por esta situación, la administración de Rodolfo Suarez atravesó un conflicto con el gremio que nuclea a los profesionales de la Salud, AMPROS, con el cual llegó a un acuerdo para evitar -o intentar frenar- la “fuga” de médicos del sistema público.
“Necesitamos que no se vayan, porque tienen ofertas más tentadoras de otros países con la diferencia de dólar; por eso estamos haciendo un gran esfuerzo para retenerlos”, había dicho Suarez cuando anunció que firmaría estos decretos.
Por su parte, la exministra de Salud Ana María Nadal había señalado que “se está privilegiando el sostenimiento de los servicios y fidelizando al recurso humano crítico”.
La ley 8.797 establece que ningún funcionario, empleado o contratado, bajo cualquier modalidad, que preste servicios en el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, abarcando la Administración Pública Central Provincial, incluyendo sus reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas, cuentas especiales o sociedades del Estado o con participación estatal mayoritaria, podrá percibir una remuneración y/o contraprestación bruta total, bajo cualquier modalidad o concepto, superior a la remuneración bruta que legalmente corresponda percibir al cargo de Gobernador de la Provincia.
La norma fue sancionada en 2014 por la Legislatura, durante la gobernación de Francisco Pérez, y contó con el respaldo del radicalismo, que en aquel momento era oposición. El autor de la Ley fue el exsenador y actual Fiscal de Estado de Mendoza, Fernando Simón, justamente uno de los cargos que está exceptuado de la normativa.