Como ocurrió con el Gobierno provincial, desde Casa Rosada cuestionaron la resolución que le otorgó la libertad condicional al asesino de Héctor Pelayes.
Duras críticas al juez que resolvió la liberación del criminal
Foto: Yemel FilEl homicidio del policía retirado Héctor Enrique Pelayes (60) a manos de Roberto Pereyra (36), quien gozaba de libertad condicional por un crimen similar años atrás, generó un fuerte cruce entre la Justicia y el Gobierno provincial por la decisión de otorgarle el beneficio al delincuente que también murió abatido. Un ministro de Javier Milei se refirió al caso y coincidió con la posición del Ejecutivo local.
Se trata del titular de la cartera nacional de Defensa, el mendocino Luis Petri, quien acompañó al Presidente en su visita a la Provincia para cerrar la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
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El funcionario, autor de la Ley 27.375 -conocida justamente como “Ley Petri- que estableció prohibiciones de acceso a salidas transitorias o libertades anticipadas a condenados por delitos violentos, reclamó a los magistrados “que se pongan los pantalones y cumplan con” la legislación vigente.
Destacó que la administración federal trabaja “fuertemente para derrotar el flagelo de la inseguridad”, pero la Justicia “deja en libertad a delincuentes que deberían estar cumpliendo condena”.
Sobre el hecho puntual ocurrido en Guaymallén el pasado domingo, Petri cuestionó el criterio adoptado por el juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento, quien dictaminó -en la resolución que concedió la libertad a Pereyra- la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal (aquel modificado por la “Ley Petri”).
“Si los jueces quieren modificar la ley, que renuncien a la judicatura y se presenten como legisladores”, disparó el exdiputado nacional que impulsó la reforma sancionada en 2017 y el Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad de Mendoza, en 2012.
En ese sentido, planteó que los magistrados “no pueden desoír leyes que la propia Corte Suprema ha declarado constitucional, porque ese incumplimiento genera muerte, ya que liberan delincuentes violentos que terminan reincidiendo y cometiendo aberrantes delitos”.
Reclamó que los funcionarios judiciales “rindan cuentas ante la sociedad respecto a estos fallos que le cuestan la vida a los mendocinos y argentinos”.
Argentina cuenta con un sistema de control de constitucionalidad difuso, que implica que no sólo la Corte de la Nación, sino todos los tribunales del país tienen que resolver los casos concretos interpretando la Constitución Nacional (CN).
Es decir que cualquier juez, de cualquier jurisdicción, cuando falla en un caso específico debe controlar la constitucionalidad de las normas; y en el caso que advirtiera que son contrarias a la Carta Magna, debe dejar de aplicarlas y declarar la inconstitucionalidad.
Sin embargo, un dictamen en ese sentido es para el caso concreto (en la resolución de Sarmiento, solo para el caso de Pereyra). No tiene efecto suspensivo ni derogatorio de la norma. Por tal motivo, dos magistrados pueden resolver en direcciones opuestas sobre un mismo planteo, según la interpretación de la CN de cada uno de ellos.
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