Varios senadores de bloques federales enviaron un pedido a Victoria Villarruel, en el que solicitaron una sesión especial para el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia.
Senadores del radicalismo, el peronismo disidente y partidos provinciales le reclamaron a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque a sesión especial para debatir el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 firmado por el presidente Javier Milei apenas asumió en diciembre del año pasado.
El pedido es llamativo debido a que los senadores que piden la sesión especial no son de la oposición. Se trata de legisladores que votaron en sintonía con Villarruel en la elección de autoridades para la cámara y que tienen posturas más cercanas al gobierno de Javier Milei.
La nota fue enviada el viernes a última hora, pero ingresó esta mañana a la Cámara alta y reclama "según lo establecido en el artículo 19 y 20 del Reglamento, en virtud de su facultad, convocar a una sesión especial" para tratar el DNU. La mayoría de los firmantes pertenecen a provincias patagónicas, a excepción de dos misioneros y los tres peronistas disidentes.
Se trata de los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, de Por Santa Cruz; el radical fueguino Pablo Blanco; la representante de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva; y los peronistas disidentes Edgardo Kueider (Entre Ríos), Carlos Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba).
También estamparon su firma los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. En cambio, no fueron de la partida los chubutenses Andrea Cristina (PRO) y Edith Terenzi (UCR). El reglamento le otorga a la Vicepresidenta de la Nación, como presidenta del Senado, la facultad de establecer día y hora de la convocatoria a la sesión, algo que fue parte de la discusión con el Frente de Todos y sus reclamos anteriores.
Además, la Bicameral de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia, que se convocó la semana pasada, comenzará este jueves, formalmente, a debatir la legalidad del DNU de Milei, así como decenas de normativas similares enviadas por el gobierno de Alberto Fernández