La iniciativa lleva dos años frenada en el Congreso y podría perder estado parlamentario. El negocio de las apuestas mueve miles de millones de dólares al año.
La regulación de las apuestas online volvió a quedar en el centro de la discusión política, aunque su futuro es cada vez más incierto. Después de dos años sin avances en el Senado, la ley de prevención de la ludopatía enfrenta una fecha límite y una trama de intereses económicos, deportivos y políticos que dificulta su tratamiento.
La iniciativa, identificada como CD-26/24, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, pero desde entonces permanece frenada en el Senado. Si no se trata antes del 30 de noviembre, perderá vigencia legislativa y deberá comenzar nuevamente su recorrido parlamentario.
Ocurre que el texto quedó detenido en las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, cuyos presidentes nunca convocaron a una reunión para emitir dictamen. Las tres comisiones están encabezadas por los senadores de La Libertad Avanza (LLA) Ivanna Arrascaeta, Nadia Márquez y Gonzalo Guzmán Coraita. El oficialismo ya había votado en contra del proyecto en Diputados y, de acuerdo con información publicada por elDiarioAR, consiguió mantenerlo sin tratamiento con el acompañamiento de sectores del PRO, la UCR y el peronismo.
Uno de los principales puntos de conflicto es el impacto que tendría la regulación sobre el negocio de las apuestas online, una actividad que mueve miles de millones de dólares por año en Argentina, de acuerdo con la Agencia Noticias Argentinas.
Desde el Gobierno consideran que el proyecto establece restricciones excesivas porque afecta las libertades comerciales, la publicidad privada y las competencias provinciales. En cambio, desde sectores de la oposición apuntan contra las principales empresas del rubro, a las que señalan por intentar evitar que la discusión avance en el Congreso. Entre las compañías mencionadas aparecen Betano, Betsson, Codere, BetWarrior y Bplay, algunas de las principales operadoras del mercado argentino.
La dimensión económica ayuda a entender por qué la iniciativa genera resistencias. Según estimaciones de Cenital, elaboradas a partir de datos de la AFIP, el juego online mueve al menos 2.500 millones de dólares anuales en el país. Otras proyecciones privadas ubican el volumen del sector en torno a los 1.800 millones de dólares para este año. En la provincia de Buenos Aires, además, los siete principales casinos online registraron ganancias mensuales por 1.656 millones de dólares, según un relevamiento del legislador Facundo Tinganelli.
La iniciativa busca intervenir sobre tres herramientas fundamentales para el crecimiento de las plataformas de apuestas: la publicidad, los patrocinios y los bonos de bienvenida. Su prohibición afectaría directamente el modelo comercial de empresas como bet365, Betano, Betsson, bplay, BetWarrior, Stake, Sportsbet y Codere, que utilizan distintos canales para atraer usuarios, desde anuncios televisivos hasta campañas en redes sociales e influencers.
Uno de los sectores que sentiría el impacto sería el fútbol argentino, donde las casas de apuestas ganaron una presencia cada vez mayor a través de acuerdos comerciales con clubes, torneos y selecciones.
Algunos ejemplos muestran la magnitud de esos vínculos:
Boca Juniors: Betsson paga 7,5 millones de dólares anuales por el patrocinio de la camiseta hasta 2028;
River Plate: Betano mantiene un acuerdo de patrocinio con el club;
Liga Profesional: Betano fue naming sponsor de la competencia;
Selección argentina: BetWarrior llegó a ser uno de sus patrocinadores oficiales.
De aprobarse la regulación, estos acuerdos y las estrategias de promoción del sector quedarían alcanzados por las restricciones previstas en el proyecto.
Otro de los aspectos que atraviesa la discusión es la participación del Estado en el negocio de las apuestas. La actividad genera ingresos fiscales a través de impuestos, por lo que una eventual modificación de las reglas también tendría consecuencias sobre la recaudación.
Durante los primeros ocho meses del año, el impuesto indirecto a las apuestas online aportó 106.601 millones de pesos. El mayor registro se produjo en julio, durante el contexto mundialista, cuando la recaudación llegó a 17.798 millones de pesos, un 35,5% más que en 2025.
La relación entre el negocio y los recursos públicos también fue señalada en un editorial de La Nación, que sintetizó: “Los Estados suelen ser beneficiarios del negocio y el producido también financia a sectores de la política”.
Por el momento, el proyecto original no cuenta con el impulso político ni con el tiempo legislativo necesario para garantizar su tratamiento antes del 30 de noviembre.
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