El nuevo acuerdo con el FMI exige rediseñar el sistema jubilatorio y recortar ayudas energéticas, en línea con el ajuste fiscal y la meta de equilibrio en las cuentas. Los detalles.
El Ejecutivo nacional deberá cumplir nuevas metas pactadas con el organismo crediticio
Foto: Imagen generada por IA (ChatGPT)El Gobierno de Javier Milei asumió una serie de compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del nuevo acuerdo de facilidades extendidas (por 20 mil millones de dólares), que tendrá una duración de cuatro años.
Entre las medidas acordadas destacan la implementación de una reforma previsional integral y una fuerte reducción de los subsidios a las tarifas de electricidad y gas, con el objetivo de consolidar el equilibrio fiscal y estabilizar la economía.
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La reforma del sistema previsional deberá estar diseñada antes de diciembre de 2026 y fue incluida como un criterio estructural dentro del acuerdo con el FMI. El objetivo central será mejorar la equidad y sostenibilidad del régimen actual, que hoy muestra altos niveles de fragmentación. Para ello, se buscará alinear mejor las contribuciones con los beneficios otorgados e incentivar la formalización laboral.
Este cambio previsional forma parte de una estrategia fiscal más amplia, anclada en el principio de déficit cero, que el Gobierno ya comenzó a ejecutar. En los primeros meses de la gestión libertaria se registró el primer superávit fiscal en casi dos décadas, y se espera consolidar esa tendencia mediante una combinación de disciplina en el gasto público, mayor eficiencia estatal y reformas en los sistemas tributario, previsional y de coparticipación federal.
Además, el programa con el FMI establece una transición hacia un régimen cambiario más flexible, la reducción progresiva de impuestos distorsivos —como retenciones y gravámenes financieros— y la armonización del monotributo y del impuesto a las ganancias corporativas. También se contempla la revisión de gastos tributarios que hoy equivalen al 3,5% del PBI.
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Otro eje central del entendimiento con el FMI es el rediseño del esquema de subsidios energéticos, que actualmente beneficia a más de la mitad de los usuarios del país. El Gobierno definirá antes de fin de año un nuevo sistema de asistencia que excluirá a unos 3 millones de usuarios de clase media, quienes comenzarán a pagar el precio pleno por los servicios de luz y gas.
La idea es reemplazar la actual segmentación por ingresos (Niveles 1, 2 y 3) por un único esquema que esté focalizado exclusivamente en hogares vulnerables. La Secretaría de Energía, a cargo de María Carmen Tettamanti, ya inició una reducción progresiva de los descuentos en las facturas, con el objetivo de avanzar hacia un sistema menos costoso para el Estado.
Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet, desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, las tarifas de electricidad aumentaron un 264%, mientras que las del gas treparon un 622%. De acuerdo a proyecciones del propio FMI, el gasto en subsidios energéticos pasará del 1,1% del PBI en 2024 al 0,5% en 2025.
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En línea con la reducción de subsidios, el Gobierno también se comprometió a reformar el mercado mayorista eléctrico antes de noviembre de este año, para fomentar la competencia y reducir la presión financiera sobre la cadena de pagos del sector. La Secretaría de Energía ya dictó la Resolución 21/2025, que habilita contratos directos entre empresas energéticas, sin intermediación de CAMMESA.
Por otro lado, el acuerdo también impulsa una reforma del sistema de coparticipación federal y marcos de responsabilidad fiscal para alinear los incentivos entre Nación y provincias. En este punto, se buscará eliminar gradualmente impuestos como Ingresos Brutos y mejorar la valuación de activos, especialmente en el sector agropecuario.
Finalmente, el Gobierno acordó avanzar en reformas estructurales para flexibilizar los mercados, abrir la economía y mejorar la eficiencia del Estado. Estas transformaciones estarán acompañadas por una actualización del marco legal en materia de lucha contra la corrupción y el lavado de activos, alineado con estándares internacionales.
Fuente: con información de NA y Diario Popular
