El proyecto eleva los cortes obligatorios de biodiésel y bioetanol y modifica reglas de comercialización. El esquema tendrá una transición hasta 2036. Cómo votaron los mendocinos.
Se modifica el régimen del biocombustible en la Argentina.
El Senado de la Nación dio media sanción a la nueva Ley de Biocombustibles, un proyecto que modifica el régimen vigente y establece nuevas reglas para la producción, comercialización y mezcla de biodiésel y bioetanol con los combustibles fósiles.
La iniciativa fue aprobada en general por 41 votos a favor y 25 en contra y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados. El proyecto plantea un nuevo marco regulatorio con vigencia de 15 años, en reemplazo del esquema establecido por la Ley 27.640, que actualmente tiene vigencia hasta 2030.
Uno de los cambios centrales es el aumento de los porcentajes obligatorios de mezcla: el biodiésel pasará del actual 7,5% al 10%, mientras que el bioetanol subirá del 12% al 15%. En ambos casos, los nuevos porcentajes comenzarían a regir un año después de la sanción de la ley.
Pero el proyecto no se limita a modificar los cortes. También cambia cómo se distribuye el mercado entre los distintos productores, establece un sistema de comercialización mediante un mercado electrónico y fija un período de transición para las empresas de biodiésel que no están integradas a grandes grupos aceiteros.
La nueva normativa declara de interés público las actividades vinculadas con la fabricación, almacenamiento, mezcla, comercialización y autoconsumo de biocombustibles en todo el territorio nacional.
El objetivo planteado por los impulsores es pasar de un esquema con una fuerte regulación estatal sobre quién produce, cuánto produce y a qué precio, hacia un sistema con mayor competencia y participación del mercado, aunque manteniendo porcentajes obligatorios de mezcla durante el período de transición.
El proyecto establece además que el régimen tendrá una vigencia de 15 años, con un proceso de apertura progresiva que llegaría hasta 2036.
El capítulo que provocó las mayores diferencias durante el debate fue el correspondiente al biodiésel, particularmente por el impacto que puede tener sobre las pequeñas y medianas empresas que producen el combustible y no forman parte de grandes grupos aceiteros.
El proyecto define como empresas integradas a aquellas que tienen una capacidad de producción superior a 50.000 toneladas anuales y forman parte de un grupo económico que posee fábricas de aceites vegetales o harinas proteicas.
Las empresas no integradas, en cambio, son aquellas que tienen una capacidad de hasta 50.000 toneladas anuales o que no pertenecen a conglomerados aceiteros.
Para estas últimas se establece un esquema de transición. Una de las modificaciones incorporadas durante la negociación elevó el piso de participación que tendrán desde 2031: las empresas no integradas conservarán un mínimo del 4% del mercado hasta 2036.
El cronograma contempla una reducción progresiva de la participación reservada a estas firmas a medida que aumenta la apertura del mercado, aunque el texto aprobado en el recinto incorporó cambios respecto del dictamen original para ampliar la protección a las pymes del sector.
La discusión generó fuertes cuestionamientos de senadores de provincias como La Pampa, San Luis, Entre Ríos y sectores de Buenos Aires, donde tienen presencia empresas de menor escala. Los críticos advirtieron que una apertura mayor puede favorecer a las grandes compañías integradas y concentrar la producción.
Desde el oficialismo, en cambio, se defendió el esquema como una transición gradual hacia un mercado más competitivo, con previsibilidad para las inversiones existentes y nuevas oportunidades para el sector.
En cuanto al combustible que utilizan los vehículos diésel, el proyecto establece que el corte obligatorio de biodiésel subirá al 10%, frente al 7,5% vigente.
Ese aumento se aplicará a partir de los 12 meses de la sanción de la ley. A partir de allí comenzará también el esquema de transición que modifica progresivamente la participación de las empresas integradas y no integradas.
La normativa también establece mecanismos para evitar una concentración excesiva. Para el biodiésel se incorporó una cláusula que limita la participación de una empresa elaboradora o grupo económico a un porcentaje determinado del mercado y fija un techo máximo de comercialización por firma.
Además, se prevé la creación de regiones geográficas de negociación, con el objetivo de reducir los costos logísticos y contemplar las diferencias entre las plantas ubicadas cerca de los grandes polos agroindustriales y aquellas instaladas en otras provincias.
El otro gran cambio alcanzará a las naftas. El proyecto mantiene inicialmente el actual 12% de bioetanol obligatorio, pero establece que ese porcentaje subirá al 15% un año después de la sanción de la ley.
Dentro de ese porcentaje, se mantiene durante la vigencia del régimen una participación del 6% para el bioetanol producido a partir de caña de azúcar y otro 6% para el elaborado a partir de maíz.
El 3% adicional necesario para llegar al 15% quedará abierto a distintas materias primas renovables contempladas por el régimen.
Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, además, podrán establecer mecanismos de promoción para habilitar cortes superiores a los mínimos obligatorios.
Otro de los cambios importantes está relacionado con la forma en que se comercializarán los biocombustibles destinados a cumplir con los cortes obligatorios.
El proyecto establece que las operaciones deberán concentrarse mediante un sistema de subastas en un Mercado Electrónico, de acceso público y operado por un organismo independiente con experiencia en la negociación de productos energéticos, agropecuarios o financieros.
La intención declarada es establecer un mecanismo más transparente y competitivo para determinar las operaciones, en lugar del esquema de asignación utilizado hasta ahora.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía, que podrá modificar excepcionalmente los porcentajes obligatorios cuando existan situaciones comprobadas de escasez, problemas de abastecimiento o cuestiones técnicas y de calidad. Una eventual reducción no podrá extenderse por más de 90 días.
El nuevo régimen también amplía el alcance de la normativa hacia otros combustibles y fuentes de energía renovable. Entre ellos aparecen el biogás, biometano, diésel renovable, Combustible Sostenible de Aviación (SAF) y biobunker, además de otras alternativas que puedan incorporarse dentro del esquema de combustibles renovables.
También se habilita la libre importación de biocombustibles destinados a mezclas superiores a los cortes obligatorios o para cubrir eventuales faltantes de oferta. Para cumplir con los porcentajes obligatorios, sin embargo, el proyecto establece que los biocombustibles deberán producirse en plantas habilitadas en Argentina y con materias primas de origen nacional.
El oficialismo defendió el proyecto como una herramienta para atraer inversiones, agregar valor a la producción agropecuaria y avanzar hacia un mercado más competitivo. La senadora Flavia Royón, una de las principales impulsoras de la iniciativa, sostuvo que el nuevo esquema busca preservar las capacidades existentes y, al mismo tiempo, avanzar progresivamente hacia una mayor apertura.
Desde sectores opositores, en cambio, se cuestionó que el cambio en las reglas pueda afectar a las pymes regionales de biodiésel, especialmente aquellas que compiten con grandes empresas integradas de la industria aceitera.
Durante el debate hubo pedidos para postergar la votación y continuar negociando modificaciones, pero esas mociones fueron rechazadas. Finalmente, el proyecto obtuvo 41 votos afirmativos y 25 negativos y fue girado a Diputados.
En cuanto a los senadores mendocinos tuvieron el mismo comportamiento que durante el tratamiento de Inocencia Fiscal II.
Rodolfo Suarez y Mariana Juri votaron a favor de la iniciativa, mientras que Anabel Fernández Sagasti no participó de la votación porque se encuentra de licencia por embarazo.
El proyecto continuará ahora su recorrido parlamentario en la Cámara de Diputados, donde deberá ser tratado antes de convertirse eventualmente en ley.
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