El Gobierno provincial enviará a la Legislatura una reforma del marco que regula la actividad petrolera. Busca adaptar las reglas a los cambios del sector y acelerarproyectos.
El Gobierno provincial enviará a la Legislatura un proyecto para modernizar las reglas que regulan la exploración y explotación de petróleo y gas.
El Gobierno de Mendoza avanzará con una reforma de su legislación sobre hidrocarburos y enviará a la Legislatura provincial un proyecto que busca modernizar las reglas para la exploración y explotación de petróleo y gas, además de generar mejores condiciones para atraer inversiones.
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo pretende actualizar el marco provincial frente a los profundos cambios que atravesó la industria durante los últimos años, tanto por las modificaciones de la legislación nacional como por el crecimiento de Vaca Muerta, la transformación del mercado energético y la necesidad de sostener la producción de los yacimientos convencionales.
La normativa vigente tiene como uno de sus pilares la Ley provincial 7.526, sancionada hace dos décadas, mediante la cual Mendoza asumió plenamente el dominio y jurisdicción sobre los yacimientos de hidrocarburos ubicados en su territorio.
Uno de los objetivos centrales será contar con herramientas más ágiles para administrar las áreas petroleras y facilitar el ingreso de capital destinado tanto a exploración como a recuperación de producción.
La Provincia viene trabajando en una estrategia que busca combinar dos desafíos: reactivar los campos maduros del convencional y acelerar el desarrollo del potencial no convencional mendocino.
El nuevo escenario de la industria también modificó la competencia entre las provincias productoras por captar inversiones. Los proyectos deben competir por capital en un mercado donde Vaca Muerta concentra buena parte de los recursos de las compañías.
Por eso, Mendoza pretende avanzar hacia un esquema que permita ofrecer mayor previsibilidad y adaptar las condiciones de los proyectos a las características de cada área.
La reforma aparece además en un momento de transformación de la actividad petrolera provincial. Por un lado, Mendoza enfrenta el desafío de sostener la producción de yacimientos convencionales maduros, donde la extracción requiere cada vez mayores inversiones para mantener los niveles de actividad.
Por otro, el Gobierno apuesta a incrementar la exploración y el desarrollo de los recursos no convencionales vinculados a Vaca Muerta, especialmente en el sur provincial.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, ya había adelantado que la Provincia trabajaba en una modificación de la Ley de Hidrocarburos. La funcionaria señaló entonces que desde la sanción de la normativa vigente cambiaron tanto la legislación nacional como la industria, la demanda y los costos de producción.
El escenario nacional también se modificó con los cambios introducidos sobre la Ley 17.319 de Hidrocarburos, lo que obligó a las provincias productoras a revisar sus propios instrumentos regulatorios.
El texto propone un régimen más flexible para definir regalías, incentivos e inversiones según las características de cada área. También incorpora expresamente la explotación no convencional, actualiza las obligaciones ambientales, prioriza a los proveedores y trabajadores locales y fortalece los mecanismos de fiscalización y control.
Uno de los principales cambios está en el sistema de regalías. La ley actual establece una regalía general de 12% sobre la producción y permite reducirla hasta 5% según las características de cada proyecto. Este proyecto propone un esquema diferente para las futuras licitaciones. La regalía de referencia será de 15%, pero las empresas podrán ofrecer un porcentaje mayor o menor al presentar sus propuestas.
De esta manera, la Provincia podrá adecuar la regalía a la realidad de cada área: exigir una participación mayor en proyectos con mejores condiciones económicas o aceptar una menor cuando sea necesario para hacer viable una inversión, por ejemplo, en campos maduros o de menor productividad.
Además, la adjudicación no dependerá únicamente de la regalía ofrecida. También se evaluarán el valor total del proyecto, la producción prevista y las inversiones comprometidas, y el monto de inversión tendrá un peso preponderante en la fórmula de adjudicación.
El proyecto incorpora incentivos para movilizar inversiones en áreas donde recuperar producción resulta más complejo. El Ejecutivo podrá establecer reducciones de regalías para la reactivación de pozos inactivos, la exploración complementaria, la producción de crudos pesados y los proyectos de recuperación mejorada. En esos casos, las regalías podrán incluso ubicarse por debajo del 5% con fundamente técnico.
También se podrá compensar parcialmente el canon de explotación cuando una compañía realice nuevas inversiones de riesgo exploratorio, siempre que invierta al menos el doble del monto que pretende compensar. Para los permisos de exploración podrá reducirse, además, hasta 80% el canon correspondiente a una prórroga.
Otra de las modificaciones centrales es la incorporación de las concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos, una figura que no estaba contemplada en la Ley de 2006.
El proyecto habilita la reconversión de concesiones hacia este régimen de acuerdo con la legislación nacional y establece así un marco provincial específico para proyectos no convencionales. La incorporación tiene especial relevancia para Malargüe y la lengua mendocina de Vaca Muerta, donde el desarrollo de los recursos requiere inversiones intensivas, mayores plazos y condiciones distintas de las que demanda un yacimiento convencional maduro.
El proyecto refuerza también las responsabilidades ambientales durante todo el ciclo de vida de los yacimientos, desde la exploración y explotación hasta el cierre y abandono definitivo. Las empresas deberán prevenir y mitigar impactos, realizar los monitoreos correspondientes y, cuando sea necesario, recomponer o restaurar el ambiente. También deberán contemplar el cierre y abandono de pozos, instalaciones y ductos y el saneamiento de los pasivos ambientales.
Además, establece expresamente que la salida de una empresa de un área no extingue las obligaciones ambientales generadas durante su operación. Además, deberán presentar cada dos años una Declaración Jurada de Buenas Prácticas, de carácter público, que incluirá información sobre comunidad, ambiente, capacitación laboral, proveedores locales, transparencia, integridad, higiene y seguridad.
La iniciativa incorpora reglas para ordenar la eventual superposición entre derechos mineros y proyectos hidrocarburíferos, una situación que adquiere mayor importancia ante el crecimiento de la exploración minera en Mendoza.
Como principio general, ambas actividades deberán procurar su coexistencia y compatibilización técnica, operativa, ambiental y temporal. La sola superposición de proyectos no implicará la caducidad, extinción o rechazo de ninguno de los derechos involucrados: sus titulares deberán intercambiar información y buscar alternativas que permitan desarrollar ambas actividades.
Cuando la coexistencia resulte imposible o genere riesgos incompatibles con la seguridad, el ambiente, la integridad de los yacimientos o el aprovechamiento racional de los recursos naturales, el Poder Ejecutivo resolverá con intervención de las autoridades minera e hidrocarburífera y previa audiencia de los interesados. La decisión deberá considerar, entre otros aspectos, la situación de los derechos involucrados, la posibilidad de compatibilizar o secuenciar los trabajos, las inversiones realizadas y comprometidas y los impactos ambientales, sociales y territoriales.
La reforma también reemplaza el sistema de multas expresadas en pesos, cuyos montos quedaron desactualizados. Las nuevas sanciones se calcularán tomando como referencia el precio de la nafta súper y las infracciones serán clasificadas en leves, graves, muy graves y gravísimas. El texto establece además criterios para graduar las sanciones según factores como la gravedad y duración del incumplimiento, el daño o riesgo generado, el beneficio económico obtenido, la reincidencia y la conducta de la empresa para subsanar la falta.
Además, se crea una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera, destinada a financiar inspecciones, fiscalización, equipamiento y fortalecimiento técnico. La tasa no podrá superar 0,8% del monto correspondiente a regalías y/o cánones de cada actividad.
La iniciativa fue presentada por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados, junto a su presidente, Andrés Lombardi, y los directores de Hidrocarburos, Lucas Erio, y de Legales, Bruno De Pasquale.
Ahora el proyecto deberá ingresar a la Legislatura de Mendoza, donde comenzará el debate sobre los cambios que propone el Ejecutivo para una de las principales actividades económicas y productivas de la provincia.
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