Un grupo de diputados nacionales presentó en el Congreso un proyecto de Ley de Salvataje Nacional para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) que busca declarar la emergencia del sector y desplegar un paquete integral de medidas para evitar cierres, sostener el empleo y recomponer la actividad.
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Ley de salvataje PyME: qué propone el proyecto para proteger al sector de la crisis
La iniciativa plantea declarar la emergencia por un año y establece medidas fiscales, tarifarias y financieras para evitar cierres y sostener el empleo. Los detalles.
La iniciativa, impulsada por Miguel Ángel Pichetto junto a legisladores de distintos espacios opositores, propone un esquema que combina alivio fiscal, reducción de tarifas, financiamiento productivo y herramientas legales para reestructurar deudas, en un contexto marcado por la caída del consumo y el deterioro de la actividad económica.
Emergencia PyME: qué alcance tiene el proyecto de salvataje al sector
El texto declara la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral por 365 días, con posibilidad de prórroga, con el objetivo de “sostener el empleo y preservar el entramado productivo nacional” .
El régimen alcanzaría a empresas con certificado MiPyME vigente de los sectores industrial, comercial, de servicios y construcción, con exclusión de las firmas más grandes (medianas tramo II).
Además, se prevé la creación de un Consejo de Monitoreo dentro del Ministerio de Economía para evaluar el impacto de las medidas y seguir la evolución del sector.
Baja de tarifas y alivio fiscal: el núcleo del proyecto de salvataje a las pymes
Uno de los ejes centrales es la reducción del 50% en las tarifas de servicios públicos (luz, gas y agua), que se implementaría mediante subsidios estatales a las empresas prestatarias para que el beneficio llegue directamente a las PyMEs.
A esto se suma:
- Reducción del 50% del IVA sobre servicios públicos utilizados en procesos productivos.
- Exención del impuesto al cheque.
- Actualización de mínimos no imponibles en contribuciones patronales.
- Creación de una Cuenta Tributaria Única para compensar deudas y créditos fiscales.
En paralelo, el proyecto establece un Régimen Excepcional de Regularización de Deudas devengadas desde enero de 2025, con beneficios escalonados:
- Microempresas: condonación total de intereses y multas + hasta 60 cuotas.
- Pequeñas: 75% de condonación + hasta 48 cuotas.
- Medianas tramo I: 50% de condonación + hasta 36 cuotas.
Medidas para sostener la producción y el consumo
El proyecto también incorpora herramientas para fortalecer la actividad y mejorar la competitividad del sector.
Entre los puntos más relevantes:
- Pago obligatorio en 30 días a proveedores del Estado.
- Cupo del 30% en compras públicas para PyMEs.
- 30% de góndolas en grandes comercios para productos de origen PyME.
- Reintegro del 25% del IVA para consumidores en compras de productos básicos.
En materia de financiamiento, se propone:
- Creación de un Fondo de Transformación Digital con créditos a tasa cero.
- Bonos fiscales del 50% para inversiones tecnológicas.
- Mayor acceso al crédito productivo mediante líneas del Banco Central.
Un punto clave: freno a ejecuciones y nuevo régimen de deudas para pymes
Uno de los capítulos más relevantes del proyecto es la creación de un Régimen de Reestructuración Preventiva de Pasivos, pensado como una herramienta para evitar quiebras.
El mecanismo permitiría:
- Suspender ejecuciones, embargos y subastas.
- Frenar pedidos de quiebra.
- Abrir una instancia de negociación con acreedores por hasta 135 días.
Durante ese período, las empresas podrían presentar propuestas que incluyan refinanciaciones, quitas, reorganización societaria o capitalización de deudas.
El objetivo es priorizar la continuidad de empresas viables y preservar puestos de trabajo, sin afectar créditos laborales, que mantienen su prioridad.
Empleo pyme: condicionan los beneficios a no despedir
El capítulo laboral establece que las empresas que accedan a los beneficios deberán mantener los puestos de trabajo.
En ese sentido, el proyecto prevé que las firmas que realicen despidos sin causa podrían quedar excluidas del régimen, en función de los criterios que defina la reglamentación.
Financiamiento y rol del Estado
La iniciativa contempla además medidas para garantizar recursos:
- Aumento del 30% del presupuesto destinado a la Secretaría PyME.
- Posibilidad de reasignaciones presupuestarias sin afectar servicios sociales.
- Incentivos para que provincias adhieran y adopten beneficios fiscales propios.
También se propone evitar cortes de servicios públicos por falta de pago durante la emergencia, en casos de empresas alcanzadas por el régimen.
Por qué se presentó el proyecto de salvataje a las MiPymes argentinas
Más allá de lo técnico, el proyecto tiene una fuerte carga política. En los fundamentos, sus impulsores sostienen que las PyMEs atraviesan una situación crítica por la combinación de:
- Caída del consumo interno.
- Aumento de costos operativos.
- Apertura importadora.
- Presión tributaria.
Y advierten que el escenario actual “colocó a miles de empresas en una situación de extrema vulnerabilidad”. Como dato, el texto señala que entre noviembre de 2023 y enero de 2026:
- Cerraron más de 24.000 unidades productivas.
- Se perdieron más de 290.000 empleos registrados.
En ese contexto, los legisladores plantean que “sin MiPyMEs no hay reconstrucción económica posible”, en una crítica directa al rumbo económico del Gobierno nacional.