El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional cosecha críticas de especialistas y organizaciones sociales. Advierten que eliminaría restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, afectaría zonas estratégicas y profundizaría conflictos vinculados con la soberanía, el ambiente y los derechos de las comunidades.
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Ley de Propiedad Privada: por qué la reforma abre la puerta a la compra irrestricta de tierras
Especialistas advierten sobre el proyecto impulsado por Nación y su impacto en la soberanía, el ambiente y las comunidades. La palabra de un académico y una referente social.
La iniciativa abrió un fuerte debate sobre el futuro de la Ley de Tierras vigente desde 2011. Durante entrevistas concedidas a Aconcagua Radio, el doctor en Historia y coordinador del Observatorio de Tierras de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Pablo Volkind, y la coordinadora para la región NOA de Endepa, Emilia Bocanegra, alertaron sobre sus posibles impactos.
Qué establece la actual Ley de Tierras
Según explicó Volkind, la normativa sancionada en 2011 surgió como respuesta al acelerado proceso de extranjerización de la tierra registrado desde la década de 1990, fenómeno que se profundizó tras la crisis económica de 2001.
"La ley vigente establece tres límites fundamentales", señaló el historiador. Entre ellos destacó:
- Hasta el 15% de las tierras rurales del país pueden estar en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y departamental.
- Un mismo propietario o empresa extranjera no puede adquirir superficies superiores a las fijadas para cada región productiva.
- Ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese cupo permitido.
Volkind aseguró que, actualmente, cerca del 5% de la superficie rural argentina ya pertenece a capitales extranjeros, lo que “equivale a 13 millones de hectáreas, una superficie similar a la de Inglaterra completa", ejemplificó.
Para el coordinador del Observatorio de Tierras, el aspecto más preocupante del proyecto es que elimina prácticamente todos los límites actuales para la compra de tierras por parte de extranjeros.
"Potencialmente se habilita la venta del 100% de la tierra del país. El único límite sería para los Estados extranjeros, aunque incluso allí aparecen mecanismos de excepción", sostuvo.
Además, advirtió que desaparecerían restricciones vinculadas a la adquisición de campos con cuerpos de agua permanentes y también aquellas que desde 1944 impiden que extranjeros sean propietarios de tierras en zonas de frontera. "Ya no sería solamente un problema productivo; también hablamos de soberanía, seguridad y control de áreas estratégicas", remarcó.
En ese sentido, señaló que provincias cordilleranas como Mendoza presentan departamentos donde el nivel de extranjerización ya supera ampliamente el límite establecido por la ley vigente.
La mirada de Endepa: "La tierra no es una mercancía"
Desde una perspectiva diferente, aunque coincidente en el rechazo a la iniciativa, Emilia Bocanegra, coordinadora regional de Endepa, sostuvo que el proyecto excede el debate sobre la propiedad privada y plantea una discusión sobre el modelo de desarrollo del país.
"Las personas que mejor pueden cuidar la tierra son las comunidades que la habitan desde tiempos ancestrales. Allí están su cultura, su historia y sus saberes", expresó la dirigente social.
Para Bocanegra, la iniciativa no afecta únicamente a los pueblos indígenas, sino también a "todos los argentinos, porque impacta sobre el medio ambiente, sobre nuestra casa común y sobre la forma en que entendemos el territorio", afirmó.
La representante de Endepa cuestionó además el paradigma basado exclusivamente en el aprovechamiento económico de los recursos naturales. "La tierra no es una mercancía. Tenemos que pasar de un paradigma extractivista a una ética del cuidado", señaló.
En este sentido, precisó que la discusión no debería centrarse únicamente en el derecho individual de propiedad, sino también en el bien común y en la responsabilidad colectiva sobre los bienes naturales. Asimismo, expresó preocupación por otro de los cambios contemplados en el proyecto: la flexibilización del régimen aplicable a tierras incendiadas, que actualmente poseen restricciones para determinados usos.
"Si se eliminan esas limitaciones, se corre el riesgo de incentivar prácticas que deterioren el territorio para facilitar luego su adquisición", completó.
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