La resolución que dejó al borde de la impunidad la muerte de Alan Villouta, por una notificación tardía, todavía genera repercusiones en los pasillos de Tribunales y en la política mendocina. El fallo que declaró prescripta la condena contra Alejandro Verdenelli desnudó falencias en los tiempos de tramitación de causas y el funcionamiento del sistema de revisión penal de Mendoza.
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La reforma judicial que espera desde 2019 y que pudo haber cambiado el recorrido del caso Villouta
El expediente por la muerte de Alan volvió a poner bajo la lupa los tiempos de la Justicia. Años atrás, la Corte propuso una instancia de revisión adicional. La postura del oficialismo.
En medio del debate (y las críticas), y a la espera del envío a la Legislatura del proyecto de ley anunciado por el Gobierno provincial para fijar plazos máximos de resolución de las causas que llegan a la Corte, algunos sectores de la Justicia recuerdan una propuesta surgida desde el seno del propio máximo tribunal, que duerme en comisiones del Senado desde 2019.
Se trata de la incorporación el denominado "doble conforme" en materia penal, una instancia adicional de revisión de las condenas antes de que los expedientes lleguen a la Corte. El expediente había tenido un reimpulso durante la discusión de la reforma judicial sancionada en 2022, pero finalmente quedó afuera de aquella modificación y terminó nuevamente relegado.
Con el impacto que produjo la prescripción de la causa Villouta, aquella propuesta de 2019 vuelve a ser mencionada como una de las alternativas que podrían modificar el funcionamiento del fuero penal.
El proyecto de la Corte para reducir las causas que debe resolver
El punto de partida de la iniciativa presentada hace siete años atrás es una particularidad del sistema penal mendocino. A diferencia de otras jurisdicciones (o, por ejemplo, del fuero Civil local), las sentencias de los tribunales penales colegiados no cuentan con una instancia ordinaria de revisión previa a la Suprema Corte, por lo que los recursos llegan directamente al máximo tribunal.
Para reducir el volumen de causas del fuero penal que ingresan al máximo tribunal, se planteó la modificación del Código Procesal Penal y la Ley 9.040 a fin de introducir el doble conforme bajo el modelo de "casación horizontal".
De este modo, una persona condenada por un Tribunal Penal Colegiado obtendría una revisión integral de esa sentencia por jueces de la misma jerarquía, que no hayan intervenido anteriormente en ninguna etapa del expediente. No se crearía una Cámara de Casación, sino que se utilizaría la estructura existente del Poder Judicial y se cumpliría con la doctrina exigida por la Convención Americana de Derechos Humanos y el fallo "Casal" de la Corte Nacional, garantizando que todo fallo condenatorio o revocación de absolución cuente con la posibilidad de un segundo examen integral antes de quedar firme.
Bajo ese sistema, se evitaría que el máximo tribunal intervenga en una enorme cantidad de causas penales y actúe solo si se plantea un recurso extraordinario de inconstitucionalidad o por arbitrariedad manifiesta, despejando la revisión ordinaria sobre valoración de pruebas y hechos que ejerce actualmente.
A grandes rasgos, el recorrido de una causa penal sería:
- Primer Tribunal Penal Colegiado: dicta la sentencia.
- Segundo tribunal o colegio revisor: analiza el recurso de la defensa y revisa la condena.
- Suprema Corte: interviene ante cuestiones extraordinarias, constitucionales o de arbitrariedad; y en la fijación de jurisprudencia.
El proyecto también contempla modificaciones a la Ley de Juicio por Jurados, con el objetivo de garantizar la revisión exigida por las normas convencionales sin afectar la función del jurado popular en la determinación de los hechos.
La postura del oficialismo sobre el doble conforme en el fuero penal
En el Gobierno provincial nunca hubo mucho entusiasmo de avanzar hacia esta reforma. Actualmente, los cañones oficialistas apuntan puntualmente al proyecto que fija plazos de resolución a la Corte. En una entrevista concedida a Sitio Andino en diciembre de 2024, el gobernador Alfredo Cornejo se refirió específicamente al expediente que duerme en el Senado desde 2019.
Por entonces, el primer mandatario afirmó que Mendoza ya cuenta con una revisión de las condenas a través de la intervención del máximo tribunal, por lo que puso en duda la necesidad de sumar otra instancia antes de que los expedientes lleguen a su seno. "No tengo claro que, para resolver nuestros problemas, sea tan relevante tener un doble conforme y que no lo pueda hacer la Corte", postuló.
De todos modos, dejó abierta la puerta a eventuales modificaciones y remarcó que las reformas judiciales impulsadas durante sus gestiones fueron discutidas con todos los actores del sistema. "En cada reforma hemos consultado a los que están en la trinchera: jueces, fiscales, defensores y demás", sostuvo.
Por su parte, el presidente de la Corte y uno de los principales referentes del denominado sector "filoradical" del tribunal, Dalmiro Garay, se ha mostrado a favor de avanzar con una instancia previa de revisión penal, a fin de reducir la cantidad de expedientes que llegan al máximo tribunal. Incluso él ya formaba parte de la máxima magistratura cuando se envió el proyecto a la Legislatura.
¿La reforma que propuso la Corte pudo haber cambiado el recorrido del caso Villouta?
La conexión con el caso Villouta tiene, necesariamente, un componente contrafáctico: no es posible afirmar que la existencia de una segunda instancia horizontal hubiese evitado la prescripción de la causa. Es imposible definir cuánto habría demorado una eventual revisión bajo un sistema diferente. Incluso los detractores de la reforma advierten que el problema sería el mismo, pero con otros protagonistas, ya que los que se recargarían de causas a revisar serían los tribunales inferiores en lugar de la Corte.
En primer lugar, no es admisible la demora de seis años en la resolución de la casación por parte de la Corte. La condena contra Verdenelli fue dictada en 2020 y quedó sometida a una extensa discusión recursiva, que terminó en la prescripción de la pena, en medio de contradenuncias internas sobre sospechosas dilaciones en los traslados del expediente.
Sin embargo, la propuesta de 2019 —al menos— merece ser evaluada para descomprimir la sobrecarga de causas penales que llegan al tribunal superior de la Provincia. Si bien el plenario reciente por el caso Emiliano Nicolás López Agüero redefinió el criterio respecto del cómputo de la prescripción cuando existe un recurso extraordinario federal, el doble conforme y el proyecto del Gobierno que discutirá en breve la Legislatura podrían funcionar como complemento para evitar lo ocurrido en la causa Villouta.