La Legislatura de Mendoza comenzó a analizar este jueves el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para adecuar el sistema provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, que regirá desde el próximo 5 de septiembre y baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
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La Legislatura de Mendoza comenzó a tratar el proyecto de Régimen Penal Juvenil
Funcionarios defendieron en la Legislatura de Mendoza el proyecto para adecuar el sistema provincial al Régimen Penal Juvenil nacional.
Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto del Senado recibieron a la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; el ministro de Educación, Infancia y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar; el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff; la subsecretaria de Infancias, Verónica Álvarez; y el director de Responsabilidad Penal Juvenil, Daniel Patiño.
Los funcionarios explicaron ante los legisladores los principales cambios que contempla la propuesta, que busca reemplazar el régimen provincial vigente y reorganizar tanto el funcionamiento judicial como los dispositivos destinados a adolescentes en conflicto con la ley penal. Rus indicó que Mendoza debe adecuar su legislación a la nueva normativa nacional y pidió darle prioridad al tratamiento legislativo debido a la proximidad de la entrada en vigencia del nuevo sistema.
A su vez, la implementación requerirá también una adecuación de los recursos provinciales. El Ejecutivo prevé contemplar las necesidades adicionales en el Presupuesto 2027 y ya inició gestiones ante la Nación para acceder a las partidas previstas para acompañar la puesta en marcha del nuevo sistema.
Qué cambia desde el 5 de septiembre
A partir del 5 de septiembre, los adolescentes de entre 14 y 18 años quedarán alcanzados por el nuevo Régimen Penal Juvenil. Desde esa fecha, quienes sean acusados de cometer un delito podrán ser investigados y eventualmente recibir una pena dentro de un sistema especializado.
La normativa nacional, según explicó Rus, amplía además el universo de delitos comprendidos y elimina la posibilidad de que un juez declare la responsabilidad penal de un adolescente y posteriormente lo exima de pena. En su lugar, se establece un catálogo de sanciones y medidas que prioriza alternativas a la privación de la libertad: amonestaciones, tratamientos, pautas educativas y otras medidas orientadas a la responsabilización y reinserción.
La privación de la libertad será la última alternativa y la legislación nacional establece un límite máximo de 15 años de pena, sin posibilidad de condena perpetua para los jóvenes.
Un sistema judicial especializado
Uno de los principales ejes del proyecto es que establece que, como regla general, los casos que lleguen a juicio serán resueltos por un tribunal penal juvenil colegiado. La intervención de un juez unipersonal quedará reservada para situaciones excepcionales y deberá ser fundamentada. En los casos de flagrancia, en cambio, el tribunal penal juvenil actuará con una integración unipersonal.
Los jueces penales juveniles también tendrán funciones similares a las de los jueces de garantías del sistema de adultos y controlarán las primeras etapas de las investigaciones, incluidas las medidas de coerción y las decisiones vinculadas con la libertad de los adolescentes. El proyecto apunta además a evitar que todos los casos lleguen a juicio e incorpora herramientas como criterios de oportunidad, conciliación, mediación y mecanismos de justicia restaurativa.
Menores y adultos tendrán procesos diferenciados
El nuevo esquema mantiene un régimen especializado para adolescentes, separado del sistema penal de adultos. De esta manera, los jóvenes de entre 14 y 18 años serán juzgados bajo reglas, procedimientos y órganos judiciales específicos. En los casos en los que un adolescente y un adulto participen de un mismo hecho, cada uno quedará sometido al régimen correspondiente a su edad.
Este punto fue criticado por Alejandro Gullé, procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, quien puso reparos al proyecto presentado por el Ejecutivo en la Legislatura. "Yo no estoy muy convencido de que el juzgamiento sea por separado. Me parece que es un desgaste jurisdiccional terrible, creo que el juzgamiento debe ser único y si hay que dictar condenas al menor tiene que ir a un tribunal especial”, afirmó.
Código Procesal Penal Juvenil
El proyecto tiene dos componentes centrales: el reordenamiento de los dispositivos provinciales destinados al abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal y la incorporación de un Código Procesal Penal Juvenil de más de 110 artículos.
La iniciativa establece reglas específicas para la investigación, el juzgamiento y la ejecución de las penas, y contempla al adolescente como sujeto de derechos, obligaciones y responsabilidades. También incorpora mecanismos de seguimiento individualizado y herramientas destinadas a reducir la reincidencia. En los casos en que corresponda el encierro, se prevén distintas etapas de progresividad y mecanismos de egreso gradual, sujetos al cumplimiento de objetivos y evaluaciones técnicas.
Entre las nuevas figuras aparece el Supervisor Especializado, que tendrá a su cargo el seguimiento, asistencia y control de los adolescentes sometidos a medidas o penas. Además, se prevén planes individuales de intervención y reinserción, con objetivos vinculados con la educación, el trabajo, la familia y la comunidad.
Las medidas alternativas podrán incluir terminalidad educativa, capacitación laboral, aprendizaje de oficios, tratamientos, restricciones de acercamiento y pautas de conducta. El Ministerio de Educación tendrá participación en los procesos de seguimiento y reinserción, mediante abordajes adaptados a la situación educativa, familiar y social de cada adolescente.
Otro de los puntos planteados durante la presentación fue la necesidad de reforzar la responsabilidad parental. El ministro Tadeo García Zalazar sostuvo que el abordaje no debe centrarse exclusivamente en el adolescente, sino también contemplar el rol de sus progenitores, familiares o adultos responsables.