La diputada expuso su defensa ante sus pares de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. En un momento se quebró. Mañana se decide su futuro.
La Cámara de Diputados decidirá mañana suspensión de la diputada Janina Ortiz (La Unión Mendocina), a pesar de que la Justicia aún sigue investigando. La "juzgada" aseguró que su única defensa debe ser en los tribunales. Los diputados aseguran que está en juego "la honorabilidad" de la Cámara.
Este martes la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales le dio despacho a la propuesta para suspender a Ortiz, a la que ya le habían retirado los fueros para que la Justicia pudiera avanzar en dos investigaciones en su contra.
La diputada había sido citada a la reunión para que expusiera su defensa frente a las causas que pesan sobre ella (ver abajo). Y aunque en un principio estaba en duda su presencia, finalmente fue. "Tengo que resolver esto en la Justicia, no acá", advirtió la legisladora frente a sus pares que integran la comisión presidida por el radical Franco Ambrosini.
Además, la exfuncionaria de Las Heras sostuvo que "hasta que no tenga condena firme no me pueden condenar ustedes", dijo haciendo foco en la división de poderes. ¿De qué me tengo que defender acá si yo ante la Justicia soy inocente hasta tanto no se me condene?".
"Yo para ustedes soy culpable a pesar de que la Justicia todavía está investigando", se defendió Ortiz frente a una comisión que se centró en exponer cuestiones morales y de honorabilidad.
En un momento, frente a los cuestionamientos de los legisladores, Ortiz se quebró en llanto.
El despacho que se votará mañana en la sesión propone la suspensión de Ortiz como diputada. Además, de aprobarse también perdería su dieta como legisladora.
Este despacho fue votado por nueve de los trece miembros de LAC. Se abstuvieron las diputadas Gabriela Lizana y Natalia Vicencio. Mientras que los diputados Gustavo Cairo y Lula Balsells Miró, de LAUM, votaron en contra.
Ambrosini explicó que se trata de una decisión que tiene que ver con cómo fue la conducta de Ortiz para con la Justicia. "Fue una conducta no digna para con la Justicia. Se tenía que poner a disposición de la Justicia. Como representantes del pueblo tenemos que dar el ejemplo", argumentó el diputado. "Ella no es una ciudadana más, ella representa al pueblo", sostuvo.
El despacho será votado en la sesión de este miércoles y para avanzar se necesitan dos tercios de los votos, algo que se descuenta.
"Los temas políticos-partidarios deben ser dirimidos en la sede de los partidos. Esto es una sobreactuación. Hay dos planos, el político que es evidente y uno judicial, que está haciendo su curso", advirtió Cairo haciendo referencia al rol del radicalismo en este caso, debido a la ruptura de Ortiz y su esposo, el ex intendente Daniel Orozco, que se apartaron de la UCR y se pasaron a las filas de La Unión Medocina.
Por su parte, Vicencio (PJ) explicó los motivos de su abstención. "Los hechos de corrupción tienen que estar en la Justicia. Con los temas que estamos pasando en Mendoza y Argentina, tener que pasar por esto cuando ya hicimos lo que teníamos que hacer a nivel legislativo es innecesario". Además, señaló que es "un show mediático".
Janina Ortiz (junto a su esposo, el ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco) está vinculada a causas por fraude a la administración pública y coacción, situación procesal que ya tiene al menos a 10 imputados.
Ambos, junto a varios funcionarios de la Municipalidad de Las Heras, serán sometidos a una investigación por presunta corrupción que tendrá el objetivo de determinar el destino de más de $35 millones que supuestamente fueron otorgados a una cooperativa de trabajo para una serie de trabajos en la Comuna.
Para el fiscal Flavio D’ Amore, Daniel Orozco y compañía utilizaron en dos licitaciones públicas y dos contrataciones una cooperativa de trabajo para realizar limpieza de calles y espacios públicos, aunque esos servicios nunca fueron prestados en las condiciones pactadas.
La hipótesis fiscal indica que dicha cooperativa, llamada Manos a la Obra, estaba inactiva al momento de las licitaciones y contrataciones.
La otra es una causa por acciones agravadas por el uso de arma de fuego en perjuicio de una empleada municipal a quien, según la Justicia, obligó a encontrarse y a grabar una conversación con el exsubsecretario de Gobierno, Osvaldo Oyhenart, en la que éste habría referido que podía disponer a su antojo de dineros públicos y puestos de trabajo en Las Heras.