La Casa Rosada recurrirá la resolución del juez Martín Cormick ante la Cámara. El Gobierno sostiene que ya cumplió con la cautelar por el financiamiento universitario.
Financiamiento universitario: el Gobierno tomó una decisión tras el fallo que le dio cinco días para cumplir la ley.
Foto: Cristian LozanoEl Gobierno nacional apelará la resolución judicial que le dio un plazo de cinco días para cumplir de manera integral con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación será realizada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
La decisión de la administración de Javier Milei apunta contra la intimación dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, quien consideró que el Ejecutivo todavía no acreditó el cumplimiento total de la cautelar.
Según confirmaron funcionarios involucrados en el expediente, la Casa Rosada sostiene una interpretación diferente y argumentará ante la Cámara que ya cumplió con lo dispuesto por la Justicia y presentó la documentación correspondiente.
Uno de los puntos que todavía debe resolver el Ejecutivo es si solicitará que la apelación tenga efecto suspensivo. De hacerlo, se abrirá una nueva discusión judicial para determinar si la intimación de cinco días continúa vigente mientras la Cámara analiza el planteo oficial.
Por el momento, esa decisión no está tomada.
El conflicto tuvo un nuevo capítulo esta semana, cuando Cormick resolvió intimar al Estado nacional para que cumpla de manera total con la cautelar. El magistrado advirtió además que, si persiste el incumplimiento una vez vencido el plazo establecido, podrían aplicarse multas económicas por cada día de demora.
La medida cautelar original fue dictada en diciembre de 2025 y ordenó poner en marcha de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
Esos artículos están relacionados con dos de los puntos centrales del conflicto que mantienen las universidades públicas con el Ejecutivo: la recomposición salarial de docentes y no docentes y la actualización de las becas y programas destinados a estudiantes.
La resolución de Cormick fue posteriormente confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
El Gobierno intentó llevar la discusión hasta la Corte Suprema de Justicia, pero el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo el pasado 25 de junio al considerar que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva.
De esta manera, la cautelar quedó firme, aunque todavía continúa pendiente la resolución de fondo de la causa.
El nuevo recurso que prepara la Casa Rosada no apunta contra aquella cautelar original, sino contra la reciente intimación de Cormick para que el Gobierno acredite su cumplimiento integral en cinco días.
La postura oficial es que durante los últimos meses se adoptaron medidas suficientes para responder a la orden judicial. Sin embargo, el magistrado consideró que la documentación presentada por el Ministerio de Capital Humano no permite acreditar el cumplimiento completo de lo dispuesto.
El conflicto por el financiamiento universitario continúa además en el plano político y gremial. Docentes, no docentes y autoridades universitarias mantienen sus reclamos por salarios y presupuesto, mientras el Gobierno busca encauzar parte de la discusión sobre los recursos destinados a las casas de altos estudios en el debate por el Presupuesto 2027.
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