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En qué consiste la adhesión de Mendoza al blanqueo que anunció Javier Milei

La Legislatura convirtió en ley el pedido del Poder Ejecutivo provincial para adherir al Régimen de Regulación de Activos dispuesto en la Ley Bases. El objetivo y las medidas a tomar.

Este martes el Senado convirtió en Ley el proyecto impulsado por el Ejecutivo por el cual se propone la adhesión al Régimen de Regulación de Activos, dispuesto en el Artículo 42° de la Ley Nacional 27743.

¿Qué implica? Esta Ley invita a las provincias a adherir a este Régimen de regularización de Activos, adoptando medidas para liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar.

El objetivo, señala la fundamentación, es estimular la economía al permitir que quienes ingresen al régimen, incrementen los niveles de inversión y con ello, la generación de empleo.

La senadora Ángela Floridia, miembro informante del proyecto, destacó que la iniciativa "permitirá la inyección de recursos económicos a través de bienes y capitales que no fueron blanqueados previamente".

Los plazos para adherir al régimen contemplan diferentes alícuotas: un 5% para quienes se sumen antes del 30 de septiembre, 10% hasta diciembre y 15% hasta marzo, acompañados de exenciones fiscales provinciales y locales.

Las razones del gobierno de Mendoza para adherir

El texto aprobado en la Legislatura provincial sostiene que la liberación de cargas fiscales permitirá que los contribuyentes regularicen sus activos y destinen esos fondos a nuevas inversiones, reactivando así sectores productivos clave.

En cuanto a la implementación en Mendoza, el régimen estará disponible exclusivamente para contribuyentes que no registren deudas devengadas hasta el 31 de diciembre de este año en impuestos provinciales.

El texto del proyecto subraya que desde 2016, el Gobierno de Mendoza ha priorizado un plan de consolidación fiscal como pilar de su política económica, reduciendo la carga impositiva sobre el sector privado. Entre las medidas destacan la disminución de alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos, alivios en impuestos patrimoniales y una reducción en la carga del impuesto de sellos.

A su vez, el proyecto destaca que este alivio fiscal ha sido complementado con una gestión eficiente de la morosidad. Se han implementado beneficios para contribuyentes cumplidores, mientras que las tasas de interés por mora se han incrementado por encima de la inflación para evitar que las deudas de contribuyentes morosos se licuen con el tiempo.

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