La Justicia dispuso el embargo del inmueble donde Cristina Fernández de Kirchner cumple con la prisión domiciliaria.
Embargan el departamento de Cristina Fernández de Kirchner, donde cumple prisión domiciliaria.
Foto: NAEl Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), a cargo de la ejecución de la condena por la denominada Causa Vialidad, dispuso nuevos embargos preventivos y medidas cautelares sobre inmuebles, entre ellos el del departamento de San José 1111, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.
La propiedad pertenece a la firma Los Sauces S.A., sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner, y forma parte de los activos societarios y benes de los condenados por los que el fallo ordenó cubrir los 685.000 millones de pesos fijados como monto a decomisar.
La medida abre además el interrogante sobre si Cristina Fernánez deberá eventualmente evaluar otro domicilio para continuar cumpliendo su condena, aunque el tribunal aclaró que los nuevos embargos no implican una subasta o realización inmediata de los bienes ni modifican por ahora su titularidad registral.
La exmandataria se encuentra detenida en ese domicio tras la sentencia en su contra de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso explicaron que las cautelares tienen como objetivo garantizar la indisponibilidad jurídica de los activos mientras continúa el trámite destinado a determinar el decomiso definitivo, con intervención de las partes.
La resolución forma parte de una segunda etapa de ejecución patrimonial. La primera había incluido 111 propiedades solicitadas por el fiscal Diego Luciani y posteriormente aprobadas por el TOF 2 para su decomiso. De ese conjunto, en noviembre el tribunal había dispuesto avanzar sobre 20 inmuebles vinculados a la familia Kirchner, 85 pertenecientes a Lázaro Báez y sus empresas y otros seis bienes correspondientes a los restantes condenados.
En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el criterio adoptado por el TOF 2 respecto de esos bienes y ordenó avanzar con el decomiso. La exmandataria y Báez recurrieron esa decisión, por lo que la definición final sobre ese primer grupo de propiedades quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Mientras el máximo tribunal analiza esos planteos, el TOF 2 comenzó a avanzar sobre un segundo conjunto de activos, que comprende 144 bienes entre inmuebles y vehículos, además de participaciones accionarias en distintas sociedades.
