La Cámara de Senadores continúa con el tratamiento de los proyectos de ley vinculados a seguridad que envío el gobernador Alfredo Cornejo. Este martes se aprobaron dos nuevas iniciativas, de las cuales una fue sancionada y otra volverá a Diputados debido a algunos cambios. Se trata de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario en Mendoza y la creación de la Dirección de Promoción y Control del Liberado. Aún resta tratar otros cindo proyectos de este paquete.
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El Senado avanzó con más leyes de Seguridad, enfocadas en el sistema penitenciario
Este martes se aprobaron dos de las once leyes que envió Cornejo a la Legislatura. Ambas apuestan a lograr la resocialización y reinserción de las personas privadas de la libertad.
Durante la sesión de este martes, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad una iniciativa del Poder Ejecutivo vinculada a la Dirección de Promoción y Control de Liberados, cuyo ámbito de aplicación serán los liberados con dependencia de la Justicia Provincial (salvo que exista convenio entre el Poder Ejecutivo Provincial y autoridades Nacionales o de otras Provincias).
En concreto, se propone la creación de una nueva Dirección de Promoción y Control de Liberados dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad, para modernizar y mejorar el sistema penitenciario provincial.
La nueva dirección tendrá como principal objetivo la contención y reinserción social de las personas liberadas o bajo régimen de libertad condicional, con un enfoque en reducir la reincidencia delictiva.
Actualmente, más de 4.500 personas en la provincia están bajo algún tipo de supervisión, de las cuales más de 3.500 pertenecen al ámbito provincial y alrededor de 1.000 al federal.
"Esta dirección ejercerá tareas de supervisión, tutela y acompañamiento de los liberados en su proceso de inserción, trabajando en su adaptación dentro del sistema y promoviendo su participación en la educación y capacitación laboral", fundamentan.
Una de las novedades del proyecto es la creación de la figura del Oficial de Libertad Vigilada, quien será responsable del monitoreo y control de los liberados, para un seguimiento más cercano y efectivo. Este personal será seleccionado entre retirados del servicio penitenciario y estará encargado de supervisar a los liberados utilizando tecnología biométrica, en colaboración con los municipios.
¿Qué busca el Gobierno provincial impulsando este proyecto de ley?
El Ejecutivo creará una institución dedicada a la contención y reinserción social de personas liberadas o bajo libertad condicional, regímenes de excarcelación, condenas de ejecución condicional, entre otros, y su principal objetivo “se relaciona con evitar la reincidencia delictiva de los sujetos alcanzados, a través del control, monitoreo, tratamiento y asistencia, promoviendo así a la seguridad pública”, señala la fundamentación.
Es un “cambio de paradigma de pasar de un sistema pasivo, que exigía que el liberado se presentara y rindiera cuentas ante la Dirección, a uno activo, donde es la Dirección la que va a buscarlo y controlarlo donde esté. Para ello, se crea la División de Control y Seguimiento. De esta División dependerá el “Oficial de Libertad Vigilada”, agentes responsables del control y vigilancia de los liberados bajo competencia de este organismo”, subraya.
Aprobación, con cambios
El otro proyecto aprobado fue el de Ley Orgánica del Servicio Penitenciario, que busca reorganizar y modernizar el servicio en respuesta a las transformaciones de los últimos años. El proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados en segunda revisión.
Se modificaron algunos artículos del proyecto enviado por la Cámara de Diputados, requiriendo una segunda revisión para su sanción definitiva.
Uno de los artículos modificados es el artículo 8, que establece que los Oficiales del Servicio Penitenciario deben ser Prefectos Generales con título universitario y una trayectoria reconocida. También se reformó el artículo 9, que requiere que los civiles que asuman estos roles también posean un título universitario y experiencia probada en la materia.
Es que la ley vigente, la 7.976 de 2009, fue creada en un contexto donde la realidad del servicio penitenciario era muy distinta, con solo cuatro complejos penitenciarios y una población de 2.674 internos.
Actualmente, la provincia cuenta con 23 establecimientos y casi 7.000 personas privadas de libertad, incluyendo 607 en prisión domiciliaria.
"La nueva estructura organizativa tiene como objetivo maximizar la operatividad y funcionalidad del servicio penitenciario, proporcionando herramientas para una gestión más eficiente y enfocada en la capacitación constante del personal penitenciario. Además, busca reducir la burocracia, agilizar el sistema y optimizar el servicio en general", fundamenta.
El objetivo es reorganizar la estructura penitenciaria para equilibrar las necesidades de los internos con los recursos disponibles, y especializar al personal para garantizar la integridad física y la adaptación al régimen de las personas privadas de la libertad (PPL).
Esta reforma busca no solo mejorar la operatividad del servicio penitenciario, sino también fomentar la resocialización de los internos mediante el desarrollo de habilidades y conductas positivas, creando climas de convivencia estables y seguros.