La Cámara de Senadores de Mendoza dio sanción definitiva al proyecto del Poder Ejecutivo que transfiere las funciones del EPAS a Irrigación. En qué consiste.
Con 19 votos a favor y 15 en contra, la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza aprobó la disolución del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), cuyas funciones quedarán bajo la órbita del Departamento General de Irrigación. De esta forma, la iniciativa ya fue remitida al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación. Con ello, el gobierno busca optimizar la fiscalización y eficiencia en el uso de recursos.
Se trata de uno de los tantos proyectos impulsados por el gobernador Alfredo Cornejo desde el comienzo de su segunda gestión en la provincia de Mendoza. La iniciativa ingresó a la legislatura en septiembre y, tiempo después, consiguió media sanción en la Cámara de Diputados.
En la sesión que tuvo lugar este lunes, el presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Walther Marcolini, explicó que el proyecto propone un nuevo régimen normativo para los servicios de agua potable y cloacas en Mendoza. Además, plantea la derogación de la Ley 6044 de 1993, que había establecido el marco normativo para la regulación de estos servicios, y la transferencia de las funciones de regulación, defensa de los usuarios y control de las actividades de prestación de servicios al Departamento General de Irrigación.
En este sentido, el legislador radical precisó que dicho organismo es el adecuado para asumir las funciones de regulación porque tiene la expertise técnica y el manejo del agua en la provincia. En adición, el proyecto establece un régimen de tarifas que debe reflejar los costos de operación, mantenimiento, expansión y renovación del sistema, sin depender de subsidios provinciales.
Según señalaron desde la Cámara Alta, durante el proceso de análisis legislativo se incorporaron sugerencias de legisladores de distintas bancadas en varios artículos, lo que muestra un enfoque de consenso.
En lo relativo al articulado del proyecto, en el documento se detallan las funciones que serán transferidas al Departamento de Irrigación, el control de planes de inversión de los operadores, la supervisión de tarifas, la resolución de conflictos entre usuarios y operadores, y la elaboración de un informe anual sobre el estado del servicio para el Poder Ejecutivo y la Legislatura.
En tanto a Irrigación, el departamento deberá coordinar su labor con otros organismos competentes en temas sanitarios y ambientales, en un enfoque de colaboración interinstitucional. Además, la ley también establece que:
El proyecto establece también pautas para proteger los derechos de los usuarios y define las obligaciones de los concesionarios de servicios, así como sanciones para quienes no cumplan con las regulaciones. Se creará la Unidad Fiscal del Agua, que impondrá multas que se determinarán en base a la Unidad Fiscal del Agua, cuyo valor inicial será de mil pesos, ajustable según la Ley Impositiva.
El Poder Ejecutivo queda facultado para transferir a Irrigación, Aysam y otras entidades los recursos necesarios para cumplir con las nuevas responsabilidades. Asimismo, se contempla la posibilidad de que Aysam cobre una tasa de servicios a los operadores comunitarios que soliciten asistencia técnica, destinando estos fondos al sostenimiento de la entidad y a la cobertura de los costos de la asistencia.
En cuanto al personal, la ley ofrece opciones para su reubicación. Los empleados podrán incorporarse a Irrigación o Aysam, si cumplen con los requisitos y lo aceptan. En caso de que no sea posible su absorción, se les ofrecerá una reubicación en otra dependencia de la Administración Pública o, en última instancia, la desvinculación con una indemnización acorde a la normativa laboral vigente. Además, se les respetará la antigüedad y el salario actual, ajustándose cualquier diferencia salarial mediante un adicional compensatorio. Fuente: Cámara de Senadores.
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