Este lunes, a través del Boletín Oficial, el Gobierno de Mendoza promulgó dos leyes sancionadas semanas atrás en la Legislatura: la reforma del arbolado público, que da mayor autonomía a los municipios para su mantenimiento; y la habilitación a los ciudadanos a enviar fotos y videos para detectar infracciones de tránsito.
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El Gobierno de Mendoza promulgó dos leyes: cuáles son y qué cambios traen
Este lunes, el Gobierno de Mendoza, a través del Boletín Oficial, promulgó dos normas sancionadas recientemente en la Legislatura.
De esta manera, ambas normas ya comenzaron a regir en la Provincia. Por un lado, los cambios para descentralizar operativa y técnicamente el manejo de los árboles, bajo lineamientos ambientales, fueron sancionados a fines del pasado mes en la Casa de las Leyes. Por otro, la incorporación de material audiovisual por parte de la población mediante canales digitales oficiales.
Cambios en la gestión del Arbolado Público
Hasta ahora, en caso de querer quitar un ejemplar, las municipalidades debían pedirle autorización al Ejecutivo, lo que demoraba meses. Ahora se modificó la normativa vigente para darle la jurisdicción exclusiva a los municipios sobre el arbolado en calles, rutas y plazas de dominio municipal.
Se estableció que la Subsecretaría de Ambiente, a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, será el organismo responsable en jurisdicción provincial y nacional vinculada a entes viales e Irrigación, mientras que cada municipio deberá designar su propia área competente para aplicar la normativa en su territorio.
La iniciativa dice que los intendentes deberán presentar un Plan de Manejo Integral del Arbolado cada cuatro años ante la Provincia, con informes de ejecución anuales, ya que se busca hacer foco en una planificación ambiental más abarcativa. Deberán apuntar a la transición al policultivo para fomentar el uso de diversas especies combinadas para evitar que plagas masivas -como las que históricamente afectaron al olmo en Mendoza- destruyan grandes superficies verdes de forma simultánea.
En materia de eficiencia hídrica, la reforma establece la incorporación de especies con copas más pequeñas y mantenimiento económico mediante "poda mínima" para reducir la generación de residuos y optimizar el beneficio de sombra según la orientación solar.
Qué establece la reforma
La norma fija políticas en materia de gestión de arbolado público, articulando la participación de todos los organismos intervinientes, entre ellas:
- Establecer un listado de bosques según cada zona u oasis, inicialmente recomendados y luego de cumplimiento obligatorio, tanto para calles como para espacios verdes.
- Definir las especies más adecuadas para cada entorno, diferenciando entre avenidas, calles angostas o plazas, según sus características urbanas y ambientales.
- Promover un mantenimiento más económico mediante podas mínimas, con árboles de menor tamaño y copas más pequeñas que reduzcan costos y residuos.
- Fomentar la diversidad de especies (policultivo) para disminuir el riesgo de plagas y enfermedades que afectan a grandes superficies.
- Planificar plantaciones en distintos momentos para evitar que el arbolado envejezca y sea reemplazado de forma simultánea.
La ley también establece que los municipios no podrán cambiar los nombres dados por ley a paseos y calles públicas, ni tampoco cambiar los nombres históricos de los lugares y calles.
Ciudadanos podrán enviar fotos y videos de infracciones viales
Además, ya rige la norma que habilita a cualquier persona a enviar material audiovisual a los municipios o al Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de canales digitales oficiales, incluidos sitios web institucionales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, cuando se detecten posibles infracciones viales.
La ley aclara que estos aportes tendrán carácter de comunicación ciudadana y no constituirán una denuncia formal, ni implicarán la validación automática del contenido. En ese sentido, las autoridades podrán excluir del sistema público aquellos registros que no correspondan a la jurisdicción o que presenten indicios de falsedad.
En los casos en que existan elementos suficientes, la autoridad de aplicación podrá remitir el material al Juzgado Vial competente junto a un informe preliminar. Será ese organismo el encargado de analizar la información y definir si corresponde avanzar, validando los datos o disponiendo las medidas necesarias para su verificación.