La comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados emitió el despacho del expediente para avanzar con la exclusión de Janina Ortiz de la Legislatura de Mendoza. De esta manera, quedó habilitado el tratamiento en el recinto para definir el futuro de la diputada suspendida y condenada por la Justicia.
- Sitio Andino >
- Política >
Diputados se encamina a votar la exclusión de Janina Ortiz de la Cámara
La comisión de Derechos y Garantías emitió dictamen y habilitó el tratamiento en el recinto de la destitución de Janina Ortiz.
Diputados se encamina a votar la exclusión de Janina Ortiz de la Cámara.
Foto: Yemel FilOrtiz había sido convocada a la comisión para presentar su descargo, sin embargo, optó por no asistir y enviar un escrito a través de su abogado, José Raúl Burela Yanchina, en el que manifestó que no hará uso de la posibilidad de ejercer su defensa ante sus pares. Es por eso que en la reunión de este lunes, dieron curso al trámite legislativo para su destitución.
Por unanimidad, los integrantes de la comisión votaron el despacho para ser debatido el próximo miércoles. El proyecto de resolución, además de la exclusión de la exfuncionaria de la Municipalidad de Las Heras, sentenciada por hechos de corrupción a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos público, plantea declarar vacante la banca y convocar a su reemplazante.
La Legislatura va por la exclusión de Janina Ortiz
El documento que llegará al recinto para su tratamiento, dispone la exclusión de Ortiz de acuerdo con las facultades conferidas por el Artículo 91 de la Constitución Provincial y en razón de haber perdido las condiciones de idoneidad y elegibilidad previstas en el Artículo 65 del mismo texto constitucional.
La medida se fundamenta "en la sentencia penal dictada por la Justicia de la Provincia de Mendoza, mediante la cual se condenó a la nombrada a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, al ser hallada penalmente responsable de los delitos de peculado (cuatro hechos en concurso real), uso de documento público falso (en concurso real) y coacciones", señala el expediente.
La banca que deja Janina Ortiz
Asimismo, se declara vacante la banca, lo que habilita a notificar a la Junta Electoral de la Provincia para solicitarle que indique quien es el/la ciudadano/a que corresponda ingresar según el orden de lista respectivo, para proceder a su posterior incorporación y juramento de ley.
En ese sentido, el lugar le correspondería a María Belén Castillo, dirigente del PRO, exaliado de La Unión Mendocina (LUM), quien figura como sucesora luego del fallecimiento del reconocido dirigente del Partido Libertario José Caviglia, quien la precedía en la lista de candidatos de la Primera Sección electoral de las elecciones de 2023.
El reclamo por el cobro de la dieta que reclamó Janina Ortiz
A su vez, la comisión de Derechos y Garantías declaró "improcedente el reclamo manifestado en relación al cobro de acreencias laborales y dietas correspondiente, ratificando en todos sus términos la resolución N° 1135/24; aprobada por la H. Cámara de Diputados, en ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales".
Esto se debe a que Ortiz manifestó que sostendría su acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, mediante la cual cuestionó la resolución legislativa que dispuso su suspensión sin goce de dieta en marzo de 2024. Para la condenada, esto vulneró su presunción de inocencia, el debido proceso y sus derechos políticos, debido a que fue apartada de sus funciones sin contar entonces con una sentencia.
La sentencia judicial contra Janina Ortiz y Daniel Orozco
Este proceso legislativo inició luego de ser condenada por hechos de corrupción a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras acceder a un juicio abreviado, junto con el exintendente Daniel Orozco. Ambos reconocieron ante la Justicia su responsabilidad penal en el causa relacionada con el destino de más de $35 millones transferidos a la cooperativa Manos a la Obra para realizar trabajos de limpieza que, según la acusación, no se habrían concretado en las condiciones pactadas. La pareja firmó un acuerdo judicial para evitar un juicio oral.
El resto de los acusados deberá afrontar un debate común. Entre ellos se encuentran el subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, señalado como coautor, y el jefe de Licencias de Conducir, Hernán Mostaccio; el agente municipal Juan Pablo Pandolfi; el subdirector de Contaduría, Daniel Herrera; y el contratado Adrián “Moco” Pérez, todos estos últimos señalados como partícipes necesarios.