Diputados debate cuatro proyectos claves para la economía. El Gobierno busca reformar el BCRA, movilizar ahorros y ampliar las oportunidades comerciales.
Cuatro leyes, un mismo objetivo: qué se juega la economía en la sesión de Diputados
Foto: NA
Más de 170.000 millones de dólares fuera del sistema financiero, según cálculos del propio Gobierno nacional. Ese es el número que resume la ambición económica detrás de la sesión que la Cámara de Diputados abrió hoy al mediodía, después de más de un mes de receso invernal.
El oficialismo describe el temario como "económico" y no exagera: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la segunda versión de la Ley de Inocencia Fiscal, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur componen un paquete que toca desde la política monetaria hasta el comercio exterior.
Las cuatro iniciativas ya tienen dictamen de comisión y el Gobierno afirma contar con los votos para darles media sanción en una jornada que, por la cantidad de temas y el volumen de discursos previstos, se estima que puede extenderse alrededor de 16 horas.
Ninguno de los proyectos es menor. Repasemos qué implica cada uno y por qué le importa a la economía real.
El proyecto más relevante desde el punto de vista institucional busca revertir la reforma de la Carta Orgánica que el kirchnerismo impulsó en 2012, cuando se le agregaron al BCRA objetivos de empleo y desarrollo económico junto al de estabilidad monetaria. La iniciativa oficial vuelve a un esquema de mandato único: preservar el valor de la moneda.
Los cambios centrales incluyen la prohibición de que la entidad financie al Tesoro, condiciones mucho más estrictas para remover al presidente y a los directores del Banco Central -exigiendo causales específicas y el aval de dos tercios de ambas cámaras-, la eliminación de las Letras Intransferibles y de los adelantos transitorios acumulados, y el fin de la regulación del crédito dirigido a sectores como pymes o provincias.
El argumento oficial es directo: si el Tesoro no puede financiarse emitiendo, la disciplina fiscal deja de ser una opción y pasa a ser una obligación legal. La reforma acerca al BCRA a un esquema más ortodoxo, con un único objetivo de estabilidad de precios, lo que obligaría al Gobierno de turno a financiar cualquier déficit por otras vías —deuda, ajuste del gasto, más impuestos o venta de activos— en lugar de recurrir a la emisión.
El segundo proyecto en importancia es la reforma al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, conocido como Inocencia Fiscal II. El Gobierno insiste en que no es un blanqueo —no exige declarar bienes uno por uno ni pagar un impuesto especial a cambio de liberación de acciones penales, como sí ocurrió con el blanqueo de la Ley 27.743— sino una modificación de un régimen de declaración simplificada que ya existe desde el año pasado.
Los cambios más importantes:
En su versión final, tras las críticas por el caso del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, el proyecto excluyó explícitamente a los funcionarios públicos del beneficio.
El objetivo declarado por el Gobierno es el mismo número que abre esta nota: destrabar parte de los más de 170.000 millones de dólares que, según sus propias estimaciones, los argentinos mantienen fuera del sistema financiero. La expectativa que comparten los especialistas es más bien la de un uso gradual —compra de inmuebles o vehículos, aportes a empresas, inversiones financieras— antes que una entrada repentina de capitales al circuito formal.
Con menos ruido político, pero con impacto de mediano plazo, la sesión también tratará la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y ya integran 158 países. Permite solicitar protección de una invención en múltiples jurisdicciones con una única presentación, algo que hoy obliga a trámites separados país por país. Argentina es de los pocos países de la región que todavía no forma parte.
También se debate el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur —ya vigente para Paraguay y Uruguay desde febrero y marzo de este año, y pendiente de ratificación por Argentina y Brasil—, que elimina aranceles de forma progresiva sobre el 96% de los productos comerciados en un plazo de hasta 15 años. Se trata del primer TLC del bloque con un país del sudeste asiático, con beneficios esperados para lácteos, carne bovina, celulosa y otros productos agroindustriales argentinos.
Se suma, además, un proyecto puntual impulsado por legisladores de Misiones para bajar del 21% al 10,5% el IVA sobre la fécula y la harina de mandioca, un alivio sectorial acotado pero significativo para las economías regionales del NEA.
Más allá del contenido técnico de cada proyecto, la sesión tiene una lógica política que también es económica: el oficialismo necesita mostrarle a los mercados y a los gobernadores dialoguistas que puede construir gobernabilidad legislativa después de un año marcado por la fragmentación del Congreso.
Los votos, según fuentes parlamentarias, ya estaban asegurados de antemano, pero permitirle a los gobernadores decir que "le arrancaron" concesiones al Gobierno nacional es parte del mismo canje que sostiene la agenda económica oficialista en el recinto.
En síntesis, la sesión de hoy condensa buena parte del programa económico del Gobierno para lo que resta del año: menos financiamiento monetario del déficit, más incentivos para blanquear ahorros informales, y una apuesta a insertar a la Argentina en nuevos mercados de exportación. Los 170.000 millones de dólares del arranque de esta nota son, en el fondo, la vara con la que el propio Gobierno va a medir si Inocencia Fiscal II funcionó o quedó en una expresión de deseo. Y la respuesta a esa pregunta no se sabrá esta noche, cuando termine la sesión, sino en los balances de los próximos meses: cuánto de ese dinero efectivamente entra al sistema, y a qué costo social se sostiene la estabilidad que promete la nueva Carta Orgánica del Banco Central.
