El Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo revés en el Congreso, mientras atraviesa el momento de mayor debilidad política de la gestión. El Senado —tras rechazar el veto a la emergencia en Discapacidad — aprobó y giró a Diputados la reforma a la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
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Aval del Senado a la reforma de la ley de DNU: el "guiño" de dos mendocinos a Milei
Por amplia mayoría, el Senado aprobó la norma que prevé que un decreto debe ser ratificado por ambas cámaras legislativas para quedar firme. Cómo votaron los mendocinos.
El proyecto de la oposición fue avalado por 56 legisladores, en tanto que solo ocho (seis libertarios, el exoficialista Francisco Paoltroni y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero) se opusieron y dos se abstuvieron.
Se trata de otro duro golpe del Parlamento a la administración mileísta, ya que, de convertirse en ley, el Presidente tendrá menor margen de maniobra para implementar reformas y disposiciones a través de DNU. Es que una de las principales novedades es que, para que los decretos queden vigentes, requerirá de la mayoría absoluta (más de la mitad de los miembros presentes) en ambas cámaras.
Por qué dos mendocinos se ausentaron en la votación por la Ley de DNU
Una vez expresado su rechazo al veto a Discapacidad, los radicales mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri se levantaron de sus bancas y se retiraron del recinto cuando inició el debate por la modificación a la Ley 26.122, sancionada en 2006, impulsada por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner.
No fueron los únicos miembros de la bancada de la UCR que optaron esa postura. Lo propio hicieron la santafesina Carolina Losada, el chaqueño Víctor Zimmermann y el santacruceño José María Carambia.
Es un “gesto” de los legisladores de ese partido hacia Casa Rosada, que transita una crisis política, en medio del escándalo por los audios del “SpagnuoloGate”, tensiones internas, un contexto económico delicado y encuestas desfavorables de cara a las elecciones bonaerenses del domingo.
Por el lado de los mendocinos, si bien en las últimas dos votaciones (financiamiento universitario y Discapacidad) se expidieron en contra de la postura oficialista, en esta oportunidad optaron por mostrar un respaldo implícito a La Libertad Avanza, al menos ausentándose del debate por los DNU.
En Diputados, los legisladores cornejistas (Lisandro Nieri y Pamela Verasay) han actuado de forma similar, aunque más directos: en la última sesión, respaldaron el veto presidencial.
En cuanto a la peronista Anabel Fernández Sagasti, no solo votó en contra del veto, sino que cerró la deliberación legislativa por el lado de la oposición, con un contundente discurso contra el Jefe de Estado.
Defendió el rol del Congreso como contrapeso institucional y sostuvo que el oficialismo “actúa con crueldad”, llevando adelante una “degradación institucional inusitada”, al abusar de los DNU para legislar sin debate parlamentario.
La legisladora defendió la Ley de DNU vigente desde 2006, porque “permitió históricamente ampliar derechos sociales y fortalecer el federalismo”; mientras que Milei emitió 62 decretos, “varios de ellos con un impacto regresivo”.
En ese sentido, señaló que el DNU 70/2023 significó una “reforma constitucional de hecho” y denunció que el Ejecutivo utiliza esas herramientas para “favorecer al poder económico concentrado, recortar derechos y marginar a las provincias”.
Qué establece la nueva ley que regula el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia
El proyecto busca limitar el uso discrecional de los DNU por parte del Ejecutivo y reforzar el control parlamentario. Entre los principales cambios se destacan:
- Unicidad de materia: cada decreto deberá abordar un solo tema, evitando los “mega DNU”.
- Tratamiento en receso: ambas Cámaras podrán analizar decretos incluso fuera del período ordinario de sesiones.
- Mayor control legislativo: para que un decreto quede ratificado será necesario el aval expreso de las dos Cámaras por mayoría absoluta, dentro de los 90 días de su publicación.
- Rechazo inmediato: si una sola Cámara lo desaprueba, el decreto quedará derogado, aunque se mantienen los derechos adquiridos mientras estuvo vigente.
- Limitación al Ejecutivo: tras un rechazo, el Gobierno no podrá dictar otro decreto sobre la misma materia en ese año parlamentario.