Mientras la Nación y varias provincias empezaron a ofrecer retiros voluntarios, la Provincia de Mendoza lleva adelante este achicamiento desde 2015.
El Gobierno de la provincia de Mendoza prepara la ley de Presupuesto para 2025 y busca mostrar cómo ha avanzado el proceso de un aspecto clave.
Foto: Yemel Fil
Mientras la Nación y otras provincias están buscando la forma de achicar el gasto a partir de medidas como la reducción de la planta de empleados públicos, la Provincia de Mendoza inició ese proceso hace ya casi diez años, de la mano de las gestiones radicales. Desde el Gobierno de Alfredo Cornejo consideran "exitoso" este achicamiento de la administración pública. En cuánto se redujo la cantidad de empleados estatales.
Al igual que el presidente Javier Milei, varios gobernadores están implementando un plan de retiro voluntario para los trabajadores estatales, con el propósito de achicar el número de los que están en planta permanente.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Tucumán, Río Negro y Catamarca ya lanzaron programas en esa línea, con particularidades propias. Mientras que las dos primeras la aplican desde hace meses, las otras dos jurisdicciones recién habilitaron los sistemas en las últimas semanas.
Mendoza lo inició hace nueve años, durante la primera gestión de Alfredo Cornejo, lo continuó Rodolfo Suarez y sigue vigente.
En sintonía con el objetivo del Gobierno Nacional, que abrió retiros voluntarios en numerosas firmas y organismos estatales como Télam y Aerolíneas Argentinas, entre otros, la administración de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires inició este plan en mayo de este año
El plazo impuesto por el jefe de Gobierno porteño estará vigente hasta el 31 de diciembre y consiste en la "percepción de un incentivo no remunerativo producto del acuerdo entre esta Administración y los trabajadores adherentes, en concepto de gratificación por cese laboral”. El régimen incluye a los trabajadores con 50 años de edad o más; trabajadores con un mínimo de cinco años de antigüedad en esta Administración, de los cuales al menos un año deberá haber sido en calidad de personal de planta permanente.
La provincia de Río Negro abrió en los últimos días la inscripción a su propio régimen, contemplado en la Ley de Desvinculación Voluntaria, una iniciativa del gobernador Alberto Weretilneck que fue aprobada por la Legislatura en mayo pasado con 40 votos favorables y 5 en contra.
La legislación contempla que, además de la retribución económica, quienes adhieran podrán utilizar las prestaciones del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) durante un año más y gozarán de exenciones impositivas en caso de que inicien una actividad económica en territorio rionegrino.
En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo puso en marcha su propio programa de retiros voluntarios para trabajadores del Estado, que fue aprobado por la Legislatura.
La inscripción está abierta desde hace dos meses y seguirá así por otros cuatro. Una de sus particularidades es que los empleados estatales que adhieran dejarán su puesto por cuatro años, pudiendo solicitar una prórroga por igual plazo una vez vencido el primer periodo. No podrán volver a su puesto antes de esa fecha. En el medio, cobrarán el 70% de su salario así como también el 70% de los aumentos de sueldo, manteniendo además su obra social.
Raúl Jalil instrumentó en Catamarca el Régimen de Retiro Voluntario Asegurado para el personal de la administración pública. La medida se enmarca en la Ley N° 5842 de Emergencia Económica, Financiera, Administrativa y Educativa del Estado Provincial, sancionada por la Legislatura local.
Esta política de disminuir la planta de personal, se viene implementando desde diciembre 2015. Cada vez que se ha reestructurado un organismo esos cambios han incluido el retiro voluntario de agentes, explicaron desde el Ministerio de Gobierno.
Actualmente la Provincia cuenta con una planta permanente de unos 99.000 agentes (entre planta y horas cátedra), más 1.100 contratados.
A fines del 2015, la Administración Pública tenía 110.000 empleados públicos. Desde ese momento se firma todos los años un decreto que establece el congelamiento los ingresos.
"Tenemos 10.000 empleados menos, algunos salieron por retiro, otros se jubilaron y algunos otros fallecieron", explicaron desde el Gobierno.
Con datos de inicios de este año sólo el 4,6% de todos los estatales son administrativos; mientras que el 95,4% están en el rubro de los servicios del Estado (policías, médicos y docentes).