La senadora mendocina propone crear un régimen integral de protección, una línea de atención las 24 horas y protocolos para intervenir ante situaciones de vulnerabilidad.
Proponen cambios para el abordaje de salud para adultos mayores.
La senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto de ley para establecer un Régimen de Protección y Promoción de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en todo el país, con herramientas específicas para prevenir y atender situaciones de abandono, negligencia y maltrato.
La iniciativa fue presentada luego de que tres personas mayores murieran en Mendoza en situaciones que son investigadas por la Justicia por posibles casos de abandono. Entre ellos se encuentra Trinidad Arce, de 76 años, cuyo caso generó repercusión en la provincia.
En ese contexto, el proyecto busca establecer un marco de protección integral para las personas mayores, a partir del reconocimiento de su autonomía, dignidad y derecho a recibir asistencia frente a situaciones de vulnerabilidad. “No podemos llegar tarde cuando está en juego una vida”, sostuvo Fernández Sagasti al presentar la iniciativa.
El proyecto establece que las personas adultas mayores son sujetos de derecho y deben contar con protección integral para garantizar condiciones de vida dignas. Entre los derechos contemplados aparecen:
La propuesta también plantea una definición amplia de abuso y maltrato, que no se limita a las agresiones físicas o psicológicas.
Incluye además el abandono y la negligencia, el abuso económico y patrimonial, el abuso sexual, el maltrato medicamentoso y el maltrato simbólico, entre otras situaciones que puedan afectar la autonomía y los derechos de las personas mayores.
Uno de los principales instrumentos que contempla la iniciativa es la creación de la “Línea del Adulto Mayor”, un canal nacional, gratuito y disponible las 24 horas, los 365 días del año.
El objetivo es que las personas mayores, sus familiares, vecinos o cualquier otra persona que detecte una situación de riesgo puedan pedir asistencia de manera rápida y accesible.
El proyecto también propone habilitar otros canales de comunicación, como correo electrónico y redes sociales, para facilitar el acceso a la asistencia y la denuncia de posibles vulneraciones de derechos.
Además, establece que cualquier persona que tome conocimiento de una situación de abuso, maltrato o vulneración deberá comunicarlo a la autoridad correspondiente.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa está relacionado con las situaciones en las que una persona mayor depende de otra para cubrir necesidades básicas.
El proyecto considera maltrato negligente a toda acción u omisión que implique descuido o abandono, ya sea intencional o no, respecto de obligaciones esenciales para la vida de una persona mayor.
Entre esas obligaciones se incluyen aspectos básicos como la alimentación, la higiene, la vestimenta, la seguridad y la atención de la salud.
De esta manera, la propuesta busca que el abandono y la negligencia sean considerados dentro de un esquema integral de protección y no únicamente como situaciones familiares o privadas.
La iniciativa establece que el Estado tendrá una responsabilidad indelegable en la implementación de políticas públicas federales destinadas a las personas adultas mayores.
En situaciones de desamparo, cuando exista riesgo para la vida digna o la salud de una persona mayor, el proyecto plantea que el Estado deberá garantizar la cobertura de necesidades básicas como alimentación, agua, vestimenta, vivienda y atención sanitaria.
Al mismo tiempo, reconoce que las familias tienen responsabilidades de cuidado y protección, pero plantea que el Estado debe desarrollar políticas y programas que les permitan asumir esas tareas de manera adecuada.
El objetivo es establecer un esquema en el que la responsabilidad del cuidado no recaiga exclusivamente sobre las familias, especialmente cuando existen situaciones de vulnerabilidad que requieren intervención institucional.
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