El gobernador apoyó el proyecto que Nación enviará al Congreso y sostuvo que la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas está “por encima de cualquier diferencia política o partidaria”.
El gobernador mendocino aseguró que la defensa de la soberanía es una “causa nacional”.
El Gobierno de Mendoza expresó su respaldo a las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei para fortalecer el reclamo argentino sobre la soberanía sobre las Islas Malvinas, en medio de la creciente tensión por el avance del proyecto petrolero Sea Lion en aguas cercanas al archipiélago.
La posición provincial se conoció después de la cadena nacional en la que el Presidente anunció un paquete de iniciativas que incluye mayores sanciones para las empresas que exploten recursos sin autorización argentina, el fortalecimiento de la presencia nacional en el Atlántico Sur y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
El respaldo mendocino se inscribe, además, en un escenario político en el que el Gobierno nacional hizo un llamado explícito a construir una posición común alrededor de Malvinas, más allá de las diferencias partidarias.
A través de un posteo en sus redes sociales, el gobernador Alfredo Cornejo expresó su apoyo a la postura de Milei. "La defensa de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas es una causa nacional que está por encima de cualquier diferencia política o partidaria", señaló.
Además, sostuvo: "Desde Mendoza respaldamos el envío al Congreso del proyecto que reafirma los derechos soberanos de la Argentina. Lo hacemos desde una provincia que reconoce y acompaña a sus veteranos y mantiene viva la memoria de los mendocinos que combatieron por nuestro país".
Cornejo considera "positivo este cambio de política" que incluye "medidas de represalias económicas concretas", que de ser efectivas "pueden tener mayor capacidad de incidencia que resoluciones que, aun siendo importantes desde el punto de vista diplomático, muchas veces no producen efectos concretos".
Uno de los puntos centrales de la estrategia nacional será el envío al Congreso de la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, previsto para los próximos días.
El proyecto busca ampliar las herramientas del Estado frente a personas y empresas que participen en actividades consideradas ilegales por Argentina en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos.
Según anticipó el Gobierno nacional, la iniciativa contempla endurecer las sanciones previstas por la Ley 26.659, extender las penalidades a proveedores vinculados con compañías que realicen operaciones sin autorización argentina e impedir que los infractores contraten con el Estado y con empresas privadas en el país.
También propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, que deberá articular las políticas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. A esto se sumará un régimen para proteger infraestructura crítica y reforzar la vigilancia aeroespacial y marítima.
La decisión del Gobierno nacional está directamente relacionada con el avance de Sea Lion, el proyecto petrolero offshore desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
Argentina considera que la explotación de esos hidrocarburos se realiza sin autorización nacional y que implica la apropiación de recursos naturales ubicados en espacios sobre los cuales mantiene su reclamo de soberanía.
El Gobierno calificó el avance de Sea Lion como un riesgo concreto debido a que se trata de la explotación de un recurso no renovable y sostuvo que la extracción podría comenzar en los próximos años.
Las compañías responsables del emprendimiento, sin embargo, aseguraron que las medidas argentinas no modificarán sustancialmente sus planes. El proyecto tiene previsto comenzar a producir petróleo en 2028.
El Gobierno nacional no esperará al tratamiento legislativo para avanzar con parte de su estrategia. Este viernes se publicaron dos decretos. El Decreto 868/2026 designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y estableció un procedimiento más rápido para investigar y sancionar actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina.
Además, las empresas que pretendan acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o solicitar determinadas concesiones y permisos petroleros deberán declarar que ni ellas ni sus socios desarrollan actividades prohibidas por esa legislación.
En paralelo, el Decreto 867/2026 reforzó partidas presupuestarias destinadas, entre otras áreas, a Defensa. Parte de esos recursos apunta a mejorar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego, considerada estratégica para incrementar la presencia argentina en el Atlántico Sur.
El respaldo expresado desde Mendoza se produce así en momentos en que el conflicto por Malvinas incorpora con mayor fuerza la dimensión económica y energética. El avance de Sea Lion volvió a poner la explotación de los recursos naturales en el centro del reclamo y llevó al Gobierno nacional a buscar apoyo político para endurecer la respuesta argentina.
La discusión se trasladará ahora al Congreso, donde el oficialismo necesitará respaldo de otros espacios para aprobar la nueva legislación. Allí se verá si el consenso que genera históricamente la causa Malvinas se traduce también en apoyo parlamentario al paquete propuesto por Milei
