La justicia federal identificó a un hombre, de nacionalidad boliviana, vinculado a la causa de trata de personas en Rivadavia.
La causa que investiga trata de personas en Rivadavia suma sospechosos.
La investigación por trata de personas con fines de explotación sexual en Rivadavia sumó una novedad clave: la Justicia federal solicitó la captura de un hombre de nacionalidad boliviana, que se convirtió en el sexto sospechoso vinculado a la causa.
Hasta el momento hay cinco personas aprehendidas y los investigadores sospechan que la organización tendría ramificaciones en distintas provincias.
La Fiscalía emitió una alerta para evitar que el acusado escapara de Mendoza y posiblemente del país, ya que los detectives recibieron el dato de que el sujeto intentaba regresar a su lugar de origen. Sin embargo, Migraciones informó que no registraba una salida del territorio argentino, al menos, con su identidad.
Mientras avanza la pesquisa, la Justicia busca establecer cómo operaba la presunta red, cómo captaba a las víctimas y quiénes más podrían estar involucrados. Fuentes judiciales advirtieron que tanto el grupo de sospechosos como el número de posibles víctimas serían más amplios de lo conocido hasta ahora.
El expediente pasó al fuero federal luego de que la Justicia provincial confirmara la hipótesis de explotación sexual. El caso salió a la luz tras un operativo en una vivienda del barrio Río Tunuyán, donde fueron rescatadas ocho mujeres hipoacúsicas. Hasta el momento, se identificaron al menos dos víctimas y cinco personas fueron aprehendidas.
Los investigadores sospechan que la organización utilizaba redes sociales para captar mujeres mediante ofrecimientos de trabajo y soluciones habitacionales. La hipótesis es que algunos integrantes, también hipoacúsicos, aprovechaban esa condición compartida para generar confianza y acercarse a las víctimas.
Por estos días, la Justicia toma declaraciones con la intervención de intérpretes de lengua de señas, una tarea compleja por las diferencias comunicacionales entre personas de distintas provincias.
Además, esperan que otras mujeres que habrían logrado salir de la red aporten información. Entre ellas figura una rosarina de 36 años que regresó a su ciudad y acudió al Juzgado de Familia para alertar sobre la situación. Posteriormente, denunció lo ocurrido a través del 911 de Mendoza, un paso que permitió iniciar la investigación.
La Justicia federal intenta ahora identificar a todos los involucrados y determinar el alcance nacional de la presunta organización.
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