Se trata de la tercera etapa de un plan integral para la provincia de Mendoza. En algunos casos, los vehículos serán rematados y, en otros, compactados.
Buscan gestionar la chatarra de las playas de secuestro de Mendoza
La provincia de Mendoza avanza en el plan de gestión integral y descontaminación de las playas de secuestros policiales y judiciales de vehículos. El objetivo es mejorar la disposición final de los mismos mediante remate o compactación.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó que “el objetivo del plan integral de gestión de secuestros abarca el acarreo de los vehículos secuestrados, el depósito, la custodia en un lugar adecuado, así como la logística y el mantenimiento de esos inmuebles".
"Nos haremos cargo de los sistemas informáticos necesarios para llevar un orden en relación con los secuestros y sus flujos. Finalmente, gestionaremos la disposición final, que incluye el remate, la compactación o la entrega a un tercero que reivindique el bien o a quien debamos restituirlo por ley”, dijo Rus.
Además, el plan contempla la descontaminación de las playas, cumpliendo con normativas ambientales, y la reasignación de más de 100 agentes que actualmente custodian estos espacios a tareas de patrullaje y control.
"Es muy importante ya que es una licitación en donde el Estado no pone un peso, no hay recurso estatal involucrado. Esto permite desocupar a este valioso personal policial, más de 100 efectivos, lo que representa más de 1.700 millones anuales en recursos humanos destinados a la gestión de secuestros”, dijo Rus.
La ministra enfatizó que “los policías son más de 100 efectivos que tenemos en las distintas playas custodiando bienes, en este caso, chatarra. Por eso digo que el personal policial debe estar destinado a custodiar personas y no chatarras. Esto es sumamente importante, ya que no solo se trata del personal policial, sino del desorden que los secuestros generan en cualquier lugar, incluyendo comisarías y la vía pública”.
El procedimiento completo integra la trazabilidad de los residuos; es decir, el seguimiento al destino final de los materiales en lugares adecuados, que está a cargo de un gestor autorizado, como la expedición de certificaciones ambientales de los productos, que garantizan un manejo adecuado y verificable tanto por el ente productor como por las autoridades. Esto no trae ningún costo al Estado y además queda un resto para el estado de $219.681.000.
La primera etapa comenzó con el proceso de descontaminación, compactación y destrucción de los vehículos y motos alojadas en la Playa de Secuestros San Agustín, donde se destruyeron 540 vehículos “móviles policiales” que habían sido dados de baja y estaban juntando chatarra, generando contaminación y afectando el orden urbanístico.
La segunda etapa avanza con la compactación de los 14.690 rodados judicializados que se encuentran en la Playa de Secuestro San Agustín. Estos autos y motos, enmarcados en la Acordada 31.425 de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, han generado hasta el momento 2.300 toneladas de material ferroso. Se espera que esta fase, que abarca un total de 28.000 vehículos, concluya en el primer trimestre de 2025.
La tercera etapa, que comenzó en julio de este año, se enfoca en la remoción de vehículos secuestrados que obstruían calles y áreas cercanas a comisarías en toda la provincia. Hasta ahora, hemos reordenado aproximadamente 659 rodados de 13 comisarías en Mendoza, liberando espacios públicos y mejorando la logística policial. Para ello, se ha implementado un plan de traslado a la Playa de Secuestro Marcelo Vignaud Ortiz, en San Martín.
“Hemos erradicado cerca de 659 vehículos de 13 comisarías, que estaban estacionados en distintos barrios y en la vía pública. Esto representa alrededor de 50 vehículos por comisaría en lugares importantes. En la Ciudad de Mendoza, como la 3ª, la 4ª, la 5ª; la del barrio Cano y la del barrio San Martín. También se han retirado vehículos de la 9ª de Guaymallén, que es una comisaría muy importante del centro de Villanueva, así como de la 25 de San José; la 35 de Rodeo la Cruz; la 45 de Dorrego, que era una gestión muy solicitada por los vecinos, y la 49 de Maipú; además de la 7ª y la 27 de Godoy Cruz”, afirmó Rus.
Finalmente, el plan contempla la posibilidad de que los municipios, que también enfrentan desafíos en la gestión de sus propias playas de secuestro, se sumen mediante convenios. A su vez, lo propio respecto al Ministerio Público, Fiscal y Poder Judicial sobre rodados y autopartes secuestradas.
El contexto de la sanción de la Ley 9556 de bienes y autopartes demandará más lugares para secuestros en infracción a la ley. El sistema estará regulado por un marco de licitación pública, asegurando la transparencia de todo el proceso.
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