La noche del 18 de junio de 2025 quedó grabada para siempre en la memoria de los vecinos de Dorrego, Guaymallén. Ese día, César Darío Rodas fue asesinado en una vivienda ubicada sobre Adolfo Calle. El homicidio conmocionó a toda la provincia por la extrema violencia desplegada y por las dramáticas consecuencias que dejó en una familia atravesada por años de vulnerabilidad.
A un año del brutal homicidio de César Rodas: la cronología del caso que conmocionó a Guaymallén
El crimen ocurrió en Dorrego. Adriana Suárez y Marcelo Altamirano enfrentan una causa por homicidio agravado. La causa dejó en estado de vulnerabilidad a cinco niñas.
Actualmente, Adriana Valeria Suárez y su pareja, Marcelo Rubén Altamirano, continúan imputados en una causa por la que podrían recibir la pena de prisión perpetua. En paralelo, las cinco hijas de la mujer quedaron bajo tutela estatal luego de que los organismos de protección determinaran que habían sido víctimas de maltrato y expuestas a situaciones de extrema violencia.
Cómo ocurrió el crimen de César Darío Rodas
Aunque el homicidio ocurrió alrededor de las 22 de aquel miércoles, el caso comenzó a conocerse cuando Suárez envió fotografías por WhatsApp al hermano de la víctima.
Las imágenes mostraban restos humanos sobre una parrilla ubicada en el patio de la vivienda
Impactado por la situación, el hombre acudió inmediatamente a una dependencia policial para denunciar lo ocurrido. A partir de ese momento, efectivos policiales se dirigieron al domicilio señalado. Al llegar, los uniformados encontraron resistencia para ingresar al inmueble, por lo que fue necesaria una orden judicial. Cerca de las 23, los efectivos concretaron el allanamiento y descubrieron una escena que los investigadores calificaron como estremecedora.
De acuerdo con la investigación, Rodas alquilaba una habitación dentro de la vivienda donde residía Suárez junto a sus hijos. Tras ser detenida, la mujer confesó su participación en el hecho y sostuvo que había encontrado a Rodas abusando sexualmente de una de sus hijas, una niña de apenas 5 años.
Esa situación, según declaró, desencadenó una violenta reacción que terminó con la muerte del hombre. Los investigadores determinaron que Suárez habría contado con la colaboración de su pareja, Marcelo Altamirano. Ambos reconocieron haber participado del episodio, aunque una de las personas inicialmente detenidas aseguró que abandonó la vivienda cuando comenzaron las agresiones.
Según la causa, Rodas fue atacado violentamente y posteriormente su cuerpo fue desmembrado. Luego, parte de los restos fueron incinerados en una parrilla ubicada en el domicilio. Vecinos de la zona declararon que durante varias horas percibieron un intenso olor a quemado, sin imaginar la gravedad de lo que estaba ocurriendo dentro de la vivienda.
Los antecedentes de la principal acusada
Al momento del crimen, Adriana Valeria Suárez cumplía una condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Había sido sentenciada en enero de 2019 a más de seis años de cárcel por un robo agravado cometido en poblado y en banda. Además, registraba una condena anterior dictada en 2012 por otro robo agravado por el uso de arma de fuego.
Fuentes vinculadas al expediente indicaron que también existían antecedentes por hechos violentos y causas relacionadas con delitos contra la propiedad.
Por su parte, Marcelo Altamirano acumulaba acusaciones por robos y hurtos, mientras que otros involucrados en la investigación contaban con antecedentes por diversos delitos.
Las imputaciones judiciales
El 19 de junio de 2024, la fiscalía imputó formalmente a Adriana Valeria Suárez y Marcelo Rubén Altamirano por el delito de homicidio agravado por ensañamiento, una figura que contempla como única pena la prisión perpetua.
En tanto, uno de los hombres que inicialmente había sido detenido fue posteriormente desvinculado de la causa, aunque la investigación continuó avanzando para determinar el grado de participación de otras personas presentes durante el hecho.
El drama de las cinco hijas de Suárez
Más allá del proceso judicial, una de las consecuencias más dolorosas del caso tuvo como protagonistas a las cinco hijas de Adriana Suárez. Tras el homicidio, el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la Dirección General de Escuelas trabajaron junto al Programa Provincial de Maltrato Infantil y profesionales de Salud Mental del hospital Carrillo para evaluar la situación de las menores.
Los informes concluyeron que las niñas habían sido víctimas de maltrato crónico, negligencia grave y exposición constante a situaciones de violencia extrema
Además, según la información incorporada al expediente, las menores habrían estado presentes durante parte de los acontecimientos ocurridos aquella noche, circunstancia que profundizó el impacto emocional sufrido.
Una nueva vida bajo protección estatal
Ante la ausencia de familiares cercanos en condiciones de asumir su cuidado, el Estado provincial dispuso una medida de protección excepcional.
Como consecuencia, las cinco hermanas quedaron bajo la órbita de organismos especializados y fueron alojadas en diferentes instituciones provinciales, donde comenzaron a recibir asistencia psicológica, acompañamiento profesional y atención individualizada.
Mientras la Justicia avanza hacia el juicio que definirá las responsabilidades penales por uno de los crímenes más impactantes registrados en Mendoza durante el último año, la historia de estas niñas continúa siendo una de las aristas más sensibles de un caso que dejó profundas heridas en toda una comunidad.