El Centro de Viñateros y Bodegueros del Este anunció que realizará una acción legal contra las resoluciones emitidas por el Senasa respecto al Programa Nacional para prevenir y erradicar la polilla de la vid, y además convocó al Ejecutivo provincial y legisladores nacionales y provinciales a una reunión, el 4 de noviembre, para discutir este tema y la difícil situación de los productores.
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En el encuentro de ayer, se decidió por unanimidad efectuar la acción legal contra las disposiciones emitidas por el organismo nacional, lo cual dará respuesta inmediata a los pedidos efectuados por los productores que, por su parte, deberán presentar la documentación requerida en el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este para concretar esta medida de urgencia.
Según explicó Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, desde el Senasa no hay apoyo para que los pequeños productores puedan hacer frente a los altos costos que implica combatir la plaga. Sólo en la compra de productos hay que invertir $300 por hectárea, más la contratación de maquinaria y mano de obra para su colocación.
Y lo que más preocupa, advierte Sosa, es que para quienes no pueden combatir la plaga se establecen multas de $1.000 por hectárea.
La multa tiene efecto recaudatorio, porque no ayuda a combatir la plaga. Y a la vista de los resultados, es claro que el Senasa está fracasando en su intento por detener y contrarrestar el avance de la polilla de la vid, opina Sosa, antes de señalar que ya ha llegado a La Paz esta plaga.
Más padecimientos
El problema del control fitosanitario para curar la polilla de la vid se suma a la lista de los padecimientos que han sufrido los productores en lo que va de este año, advierten desde el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, antes de agregar que "los altos costos que implica curar la polilla de la vid son imposibles de afrontar e incluso no todos los productores cuentan con las herramientas para su aplicación. Por lo tanto, se evalúa como una medida ineficaz, ya que la polilla continúa expandiéndose. Como si fuera poco, el Senasa impone una pena económica confiscatoria a quienes no cumplen con las aplicaciones".