Como directa consecuencia del magro resultado de las primarias y producto de la mesa de diálogo con empresarios y sindicalistas, la presidenta Cristina Kirchner se hizo eco de un reclamo popular y aceptó subir el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, en una medida que apunta a seducir a la esquiva clase media y de paso inyectar casi 4.500 millones de pesos al consumo.
En Casa de Gobierno, y en el marco del segundo encuentro con empresarios y sindicalistas, Cristina anunció que desde el primero de septiembre se elevará a 15 mil pesos el ingreso bruto desde el que un asalariado o un jubilado pagarán Ganancias, considerado desde la oposición y los gremios como un "impuesto al trabajo".
Al igual que con la decisión de reabrir el canje de deuda para frenar la batalla judicial con los fondos buitre en los Estados Unidos, el oficialismo acusó el golpe de efecto producido por las elecciones primarias del 11 de agosto y salió rápidamente a tomar medidas para revertir el resultado adverso en las generales de octubre.
Con esta resolución, el Gobierno se apropió de una de las principales banderas de la oposición, ya que desde el líder de la CGT, Hugo Moyano, pasando por el intendente de Tigre, Sergio Massa, el radicalismo y las fuerzas de izquierda, todos venían proponiendo eliminar o bajar este tributo.
Incluso, el anuncio oficial se anticipó al pedido de diversos legisladores de la oposición para que la semana que viene fuera tratado alguno de los 30 proyectos que circulan en el recinto.
La iniciativa oficial empezó a gestarse un día después de las elecciones, cuando Cristina convocó a las cúpulas sindicales y empresarias a iniciar un diálogo social en la búsqueda de coincidencias.
El debate con banqueros, cámaras empresarias y dirigentes sindicales cercanos al oficialismo se inició la semana pasada en Río Gallegos y así tuvo su primera repercusión.
Pero lo más importante es que esta decisión favorece principalmente a amplios sectores de la clase media, un segmento de la sociedad en la que el kirchnerismo nunca le fue fácil llegar.
La decisión del Gobierno está teñida de un tinte electoralista pero no deja por eso de ser justa.
Sobre todo si se tiene en cuenta que los 4.495 millones de pesos de costo fiscal será en parte cubierto con un impuesto del 15 por ciento a la compra y venta de títulos y acciones que no coticen en Bolsa y a la distribución de dividendos. Fuente: NA
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