El conflicto que enfrenta al Instituto Provincial de Juegos y Casinos con la empresa Mendoza Entretenimientos (propiedad de la familia Vila) llevó otra vez al fiscal de Estado Alberto Fernández al Senado provincial. Este dejó en claro que la decisión sobre los contratos es política.
Es que si bien el funcionario esquivó varias preguntas de los legisladores y pasó la pelota a otros organismos de control como el Tribunal de Cuentas y la sindicatura del IPJYC en relación a la controversia sobre si el porcentaje que la empresa quiere cobrar por la concesión (47%), también dejó en claro que la posibilidad de una extensión es nula.
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El contrato tiene que renegociarse o iniciarse una acción de lesividad al Estado, aseguró el funcionario, quien además dejó en claro que, se opte por la opción que se opte, la revisión sobre el contrato no debe puntualizarse únicamente a los plazos, sino a todo el documento.
No obstante, desde el punto de vista contable el fiscal se declaró incompetente y resaltó que será el Tribunal de Cuentas y la sindicatura del Instituto quienes deberán dictaminar.
Además, Fernández también se separó de la gestión de su antecesor (Joaquín de Rosas, quien enfrenta juicio político) y al ser interrogado por los legisladores sobre los motivos que llevaron a aprobar un contrato nulo resaltó: Yo no estaba en el cargo, no es a mí a quien le deben preguntar eso.
Sobre esta situación, los legisladores impulsaron la invitación para las autoridades del Tribunal de Cuentas, a quienes le pedirán una opinión sobre la ganancia de la empresa de Vila y la posibilidad de iniciar una acción de lesividad.
Por su parte, la UCR exige información sobre el contrato entre Mendoza Entretenimientos y el Casino y pide investigar los orígenes del contrato, apuntando a los funcionarios que le dieron vista.