Omar Félix y entidades del Sur volvieron a reponderle al Gobierno y reclamaron que Mendoza sostenga el sistema de mitigación. No se cobrará más la tasa municipal en la boleta de la luz.
Sigue la disputa por la continuidad del sistema en el Sur provincial.
Foto: Cristian LozanoEl Municipio de San Rafael volvió a plantarse ante el Gobierno de Mendoza por la continuidad de la lucha antigranizo en el Sur, luego de que el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, ratificara el ofrecimiento de dos aeronaves para que los municipios continúen con la siembra de nubes y cuestionara la evidencia estadística sobre la efectividad del sistema.
El intendente Omar Félix encabezó este jueves una conferencia junto a representantes del sector productivo, turístico, religioso y aeronáutico, quienes volvieron a reclamar la continuidad de la lucha aérea en el Sur provincial y cuestionaron los argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar su decisión de abandonar el financiamiento.
La discusión se reavivó luego de la contrapropuesta presentada por San Rafael, que pidió tres aviones, una cesión de entre ocho y diez años y que la Provincia asumiera buena parte de los costos operativos. Vargas Arizu respondió que el Gobierno mantiene su política de asistencia directa a los productores mediante el Fondo Compensador Agrícola y que está dispuesto a transferir "definitivamente", de manera gratuita, dos aeronaves a los municipios, previa autorización de la Legislatura.
El intendente sanrafaelino centró buena parte de su respuesta en un argumento que ya había planteado al presentar la contrapropuesta: la lucha antigranizo no debería convertirse en una responsabilidad permanente de los municipios.
“Durante dos años tuvimos que hacernos cargo de llevar adelante algo que no es una responsabilidad directa del Municipio”, sostuvo Félix, quien recordó que la Ley 6.638 establece responsabilidades al Ejecutivo provincial vinculadas con las políticas de prevención y mitigación de contingencias climáticas.
El jefe comunal remarcó que "ni la Constitución provincial ni la Ley Orgánica de Municipalidades establecen que los municipios deban asumir como función principal la protección de la economía regional" frente a este tipo de contingencias.
“No podemos estar comprando ni manteniendo aviones si no podemos cambiar camiones recolectores de residuos”, planteó Félix, al advertir que los recursos municipales deben destinarse a las funciones propias de las comunas.
En ese sentido, cuestionó que la Provincia pueda transferir los aviones y, al mismo tiempo, presentar la continuidad del sistema como una responsabilidad municipal. “Si el Gobierno provincial decide no llevar adelante la Lucha, no puede trasladar responsabilidades. Tiene que hacerse cargo de la decisión”, afirmó.
El intendente incluso advirtió sobre las consecuencias que podría tener para un municipio destinar fondos a una política ajena a sus competencias. “Cualquier ciudadano podría decir: ‘Intendente, voy a presentar una denuncia para que se investigue si hay malversación de fondos públicos, porque usted está asignando recursos a una función que no es concretamente lo que tiene que hacer’”, señaló.
Los cuestionamientos no quedaron limitados al Ejecutivo municipal. Desde la Sociedad Rural de San Rafael, su presidente Marcelo Serrano acusó al Gobierno provincial de haber reducido progresivamente las herramientas de asistencia al sector productivo y afirmó que la decisión de discontinuar la lucha antigranizo representa un nuevo golpe para el Sur.
“No les interesa la agricultura del Sur”, sostuvo Serrano, quien cuestionó particularmente declaraciones de Vargas Arizu vinculadas con la reconversión productiva. “Duele mucho que un ministro de la Provincia diga que si no podemos cosechar nos dediquemos al pasto”, afirmó el dirigente rural, quien reclamó además que el funcionario recorra las fincas y dialogue directamente con los productores.
La presidenta de la Cámara de Turismo de San Rafael, Martha Sotomayor, en tanto advirtió sobre el impacto que podría tener una tormenta severa sobre la actividad. “Nos dejan en un estado de indefensión”, afirmó. Según planteó, una pérdida importante en el sector agrícola también puede repercutir sobre la imagen turística del departamento y sobre el funcionamiento de la economía local.
En cuanto a la cantidad de aviones que debieran operar el sistema, Marcelo Merello, representante del Aeroclub San Rafael, fue contundente: “Sería irresponsable trabajar con solo dos aviones, mentirle al productor y a los sureños. Tienen que ser mínimo tres aviones, de ahí para arriba”.
El planteo coincide con el contenido de la contrapropuesta presentada por el Municipio, que había solicitado tres aeronaves cedidas por un período de entre ocho y diez años, además de asistencia provincial para mantenimiento, seguros, infraestructura aeroportuaria, material de siembra, radarización e información meteorológica.
Para Félix, además, aceptar los aviones sin garantizar los recursos necesarios implicaría consolidar un esquema que el Municipio no está en condiciones de sostener indefinidamente.
En relación al sistema de financiamiento implementado en los últimos dos años, Félix anticipó que San Rafael dejará de cobrar desde diciembre la tasa incorporada a la factura eléctrica para costear la lucha antigranizo.
“Desde ya anticipo que no vamos a seguir recargando sobre el peso de los bolsillos de todos los sanrafaelinos estos costos”, afirmó.
El mecanismo había permitido al Municipio recuperar parte de los recursos destinados al sistema durante las últimas campañas. Según los números presentados por la comuna, San Rafael invirtió unos $2.667 millones entre las temporadas 2024/2025 y 2025/2026 y recuperó $1.861 millones mediante el cobro de esa tasa.
El Municipio volvió a exhibir los datos que había utilizado para fundamentar su contrapropuesta. Según las estadísticas presentadas por San Rafael, antes de la implementación de la lucha aérea el promedio anual de superficie afectada en el Sur rondaba las 11.490 hectáreas.
Con la implementación del sistema de mitigación mediante siembra de nubes, ese promedio se redujo a unas 5.330 hectáreas.
Y durante las dos últimas campañas, cuando el sistema fue sostenido por los municipios, la superficie afectada habría caído por debajo de las 2.500 hectáreas.
Félix sostuvo que la efectividad del sistema puede ser discutida, pero reclamó que esa discusión se realice sobre evidencia técnica. Por eso anticipó que pedirá una auditoría de los datos a universidades, con el objetivo de contar con una evaluación “técnica y neutral”.
El planteo responde directamente a Vargas Arizu, quien aseguró que la efectividad de la lucha antigranizo “no es comprobable científicamente” y afirmó que organismos científicos y tecnológicos internacionales sostienen esa posición.
Félix buscó despegar el reclamo de una disputa partidaria con la gestión de Alfredo Cornejo y aseguró que mantendría la misma postura independientemente de quién estuviera al frente de la Provincia. “Mi posición sería la misma si quienes gobiernan la Provincia fuesen de mi mismo signo político”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que el reclamo debe ser entendido como una defensa de los intereses económicos y sociales del Sur y no como una confrontación entre espacios políticos. “Acá no hay una pelea política, hay claramente una defensa de los intereses de San Rafael”, remarcó.
El intendente también cuestionó lo que considera un trato desigual hacia el Sur y enumeró otros reclamos históricos de la región, como Portezuelo del Viento y el Paso Las Leñas. “Los sureños solo queremos lo que nos corresponde”, afirmó.
"Es un tema que no puede dividir a los sanrafaelinos. O se está en defensa de San Rafael, del Oasis Sur, de sus habitantes y sus productores; o se está en la vereda de enfrente. Acá no hay lugar para términos medios, para posiciones arbitrales, ni excusas para decir esto es un tema político", sentenció.
