Los vecinos del barrio Corvipol solicitaron en noviembre la construcción de un muro que separara el conglomerado de viviendas de un asentamiento ubicado en un predio perteneciente a la misma cooperativa, argumentando que eran víctimas de sucesivos robos presuntamente de habitantes de la villa de emergencia.
El proyecto fue financiado por el municipio a través del programa presupuesto participativo. La verdad es que yo no estaba de acuerdo, pero el espíritu del programa es dar lugar a los pedidos de la comunidad, indicó Miranda.
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El jefe comunal detalló que cuando se conoció la problemática, se le solicitó a los vecinos del asentamiento que se organizaran para comenzar a buscar un lugar donde ser relocalizados.
La intención de los habitantes de la villa de emergencia era urbanizar el mismo terreno que ya estaban ocupando. Pero el lote es propiedad de la Corvipol (Cooperativa de Viviendas Policiales), organismo que indicó su negativa a vender el predio.
Estuve hablando con Ompar Parisi (titular del Instituto Provincial de la Vivienda) y acordamos empezar a buscar un lugar alternativo. A raíz de la relevancia que tomó el caso los vecinos del asentamiento se organizaron, indicó Miranda.
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El intendente reconoció que es necesario bajar la conflictividad pero aclaró que no está de acuerdo con la construcción del muro. No se puede estigmatizar a todos, opinó sobre las acusaciones de los vecinos del barrio Corpivol que señalan a los habitantes del asentamiento como los responsables de robos en la zona.
El intendente buscó, además, despegarse de un posible vínculo con punteros políticos que habitarían el predio usurpado. Están hace cuatro años, pero yo no conozco a nadie, no son de Las Heras, aclaró.
Hay que buscar una solución definitiva. La gente del asentamiento no se puede quedar ahí, porque el terreno es privado, aseguró Miranda, que contó que la construcción del paredón costó 30 mil pesos.
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