El principal anuncio del Plan de Protección Integral de la Salud fue la implementación de un seguro de salud que abarcará a todos aquellos mendocinos sin obra social, pero también hubo otras novedades importantes, como el acuerdo para que sea el Estado el que decida dónde realizarán las residencias los estudiantes, un plan de obras y la creación de una mesa de discusión política de la que participarán los gremios.
El foco de los anuncios del Ejecutivo fue la implementación del seguro de salud. ¿En qué consiste? No implicará ni la contratación de una aseguradora, ni la distribución de tarjetas de identificación al estilo del viejo RUS.
Básicamente, lo que hará el Ministerio de Salud será nominalizar e individualizar a todos aquellos ciudadanos mendocinos que no posean obra social ni medicina prepaga, y cuya cobertura sanitaria esté únicamente a cargo del Gobierno Provincial.
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Esto permitirá, aseguraron desde el Gobierno, acercar al ciudadano todos los derechos sanitarios que el Estado le debe garantizar. Pero las prestaciones no se modificarán ni se deberá hacer una mayor erogación presupuestaria (sí se invertirá en armar el registro).
Uno de los anuncios que quedó velado pero que sí implica un cambio rotundo lo hizo el propio Gobernador Francisco Pérez: el Estado decidirá donde realizarán las residencias los estudiantes universitarios de Medicina.
De este modo se podrán cubrir algunas vacantes en puntos de la provincia en los que cuesta encontrar postulantes. Si la residencia es de dos años, el primero el alumno la hará donde elija y el segundo donde el Estado lo necesite, indicó Paco.
Su ministro de Salud, Carlos Díaz Russo, también puntualizó sobre el plan de obras (la mayoría de ellas ya en ejecución o previstas) para el sector, en el que destacan la construcción del área de internación en el hospital Ramón Carrillo, de Las Heras, y un nuevo efector en Luján.
También se anunció la puesta en marcha de una serie de salas (seis en toda la provincia) que atenderán emergencias médicas durante las 24 horas.
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Otro de los anuncios tiene un tinte más político: el Gobierno pretende plasmar una serie de cambios en el manejo administrativo de la salud pública para dotarla de eficiencia. Según el análisis oficial, hay recursos humanos y económicos como para brindar una atención de mayor calidad que la actual. Para ello, además de unificar registros e informatizar los efectores, se pretende redactar una nueva ley que regule la salud pública.
Ese texto será elaborado por una mesa de coordinación de políticas públicas de la que participarán los gremios del sector, las obras sociales, las clínicas privadas, el gobierno, los colegios profesionales y todos aquellos actores de la política sanitaria.
Pese a esta iniciativa, los sindicatos prefirieron no participar del acto en el que se presentó el plan sanitario. Llamé personalmente a Raquel Blas pero me dijo que no podía venir, indicó Díaz Russo.
Otro aspecto importante es la recaudación: si bien Paco Pérez señaló que el recupero por los servicios a las obras sociales es bueno, en Salud pretenden mejorar el nivel actual de cobro. Las aristas a las que apuntarán es a lograr disminuir el actual subregistro de prestaciones y tener una facturación correcta.
Esto significa que en la actualidad el Estado no tiene un registro exacto de la cantidad y calidad de las atenciones a las obras sociales y no logra cobrarle la totalidad de los servicios que les presta.
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