El Gobernador Paco Pérez, el vice Carlos Ciurca y un grupo de jueces de la Suprema Corte se reunirán esta semana. ¿El motivo? El Gobierno pretende que los magistrados se desenganchen de los jueces federales y que, además, se hagan cargo de negociar sueldos con los judiciales.
El planteo es, lógicamente, bastante razonable: a partir del enganche de los jueces, otorgado por el gobierno de Celso Jaque del que Paco fue ministro en 2008 , los magistrados duplicaron sus sueldos extendiendo considerablemente la brecha con el resto de la administración pública y generando un serio conflicto con los empleados judiciales.
El gremio que agrupa a estos trabajadores se encuentra en huelga justamente por el reclamo de adherir al enganche de los supremos aunque todos los sueldos los paga el Ejecutivo provincial. La salida que pretende Pérez es otorgarle autarquía a la Justicia y que sea ella misma la que administra su presupuesto y negocia los salarios con los gremios.
Paco pretende reunirse con los jueces al regreso de su viaje por Buenos Aires (vuelve el miércoles) mientras Carlos Ciurca apura los acuerdos políticos con la oposición para tener disponible la posibilidad de que la autarquía salga vía Legislatura.
La negociación con los magistrados, prevén en el Ejecutivo, será más que ardua: los distintos gobiernos democráticos han mantenido sucesivos conflictos con la Justicia a partir de, en primer lugar, la batahola de privilegios de los magistrados encabezados por sus onerosos haberes y su carácter de intangibles.
Tan robusta es la resistencia de los jueces a mermar sus beneficios que recién en el último semestre el gobierno (el actual) logró que aportaran, como lo hace el resto de los empleados estatales, a la Osep.