El Gobierno Provincial ha repetido en innumerables ocasiones que quiere discutir una ley de sueldos que permita ordenar el esquema salarial de la administración pública ubicando en la cúspide al Gobernador de la provincia, e indicando los porcentuales de ese sueldo que deben recibir el resto de los empleados públicos.
El mismo Francisco Pérez ha dicho que incluirá esta legislación en el presupuesto 2013, lo que implicaría que la medida se elaboraría en los próximos meses. Sin embargo, el Gobierno ni siquiera ha empezado a redactar el borrador del proyecto.
Sucede que, pese al ímpetu oficial, el proyecto tendrá dos obstáculos políticos fundamentales: el primero, lógicamente, es el presumible rechazo de la dirigencia sindical a un proyecto que los podría atar de manos para discutir aumentos, rechazo que el Ejecutivo ya dan por hecho.
El segundo es aún más complejo: en la actualidad, el Gobernador cobra alrededor de 15 mil pesos. Esto es bastante menos que los hasta 26 mil pesos que perciben los directores de la Osep o los más de 20 mil que cobran unos 200 médicos. Aún más lejos están los jueces de la Suprema Corte: el recientemente renunciante Fernando Romano percibe, con la máxima antigüedad, unos 55 mil pesos, con un básico de 22 mil pesos (esto, sumado al enganche a los magistrados federales).
El dilema es, entonces, cómo ordenar este esquema para que el Gobernador quede a la cabeza. Una modalidad posible es incrementar sensiblemente su propio sueldo, y a partir de allí articular el esquema. Varias veces en el PJ se han quejado de los montos de los haberes de los funcionarios de primera línea aduciendo que son demasiado bajos. Pero ¿quién asumiría el costo político de multiplicarse varias veces el sueldo, aún en un año no electoral?
La otra opción es recortar los haberes VIP, con los obstáculos políticos y, principalmente, legales, que una medida de esta naturaleza acarrearía. Por lo pronto, en el Gobierno prometieron que en los próximos meses se empezará a trabajar en el borrador de esta medida.
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